Una filial del Canal dice que debe pedir permiso a sus accionistas para comparecer en la Asamblea

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Las filiales latinoamericanas del Canal de Isabel II —la empresa pública madrileña tiene participaciones en una veintena de empresas a través de su matriz en la zona, Inassa— llevan varios meses en el centro de la polémica debido a una sucesión de escándalos que apuntan a irregularidades en su gestión —o “anomalías”, como las llamó el jueves el consejero de Presidencia, Ángel Garrido—. De hecho, el actual gerente de Inassa, Diego Fernando García Arias, es el sustituto de Edmundo Rodríguez Sobrino, destituido a mediados del pasado abril por la Comunidad de Madrid porque compaginaba su puesto con la dirección de compañías en paraísos fiscales.

“Desde hace más de 19 años soy empleado del Grupo Inassa empresa colombiana, en la que actualmente tengo responsabilidades de representante legal suplente y de miembro principal de su junta directiva”, dice García Arias en su misiva a la Asamblea de Madrid. También pide que se le envíe un cuestionario previo sobre la información que se le va a solicitar, para que los responsables de la empresa, explica, puedan decidir si le dan o no permiso para comparecer. “Dado que es muy probable que los accionistas de la sociedad —en particular aquellos que son ajenos a los procesos propios de la Asamblea de Madrid— se pregunten qué tipo de información sobre la gestión y expansión de la empresa y qué grado de detalle harán parte de la comparecencia”, señala.

Explica que informará de la petición de la Asamblea madrileña “en la próxima sesión” de que reúna al Consejo Directivo o la Junta de Accionistas. “De ser positiva la decisión, asistiré a su comparecencia en el término razonable de la distancia”, asegura.

La invitación para asistir a la comisión del 7 de junio decía que se le requería información “sobre la gestión y expansión de la empresa e incorporación de nuevas sociedades al grupo Inassa, a efectos de su repercusión en el endeudamiento del Canal de Isabel II y en la gestión pública de los recursos de la Comunidad”. El jueves, el Ejecutivo dirigido por Cristina Cifuentes recordó que denunciará en la fiscalía “anomalías” en la compra en 2013 por 21 millones de euros por parte de una filial americana del Canal de una empresa que al año siguiente valía solo cinco millones.

Un socio muy mayoritario

Canal de Isabel II Gestión, a través de Canal Extensia, posee el 81,4% de las acciones de Inassa, según explicó el pasado 5 de abril el consejero y presidente del Canal, Ángel Garrido. Su otro accionista es “con un 18,76 por ciento, la empresa Sociedad Latina de Aguas S. A., una compañía dedicada a la financiación, inversión, consultoría, operaciones mercantiles e ingeniería relacionadas con el ciclo integral del agua”. Asimismo, “hay otras cinco acciones, de los más de 23 millones, que se encuentran en manos de particulares”, detalló Garrido.

Solo recuerda la diputada socialista Mercedes Gallizo en otra carta remitida al consejero en la que muestra su “asombro” por lo “inaudito” de la respuesta de García Arias. “Este señor condiciona a lo que digan los socios colombianos de Canal comparecer o no ante la Asamblea de Madrid, que tiene entre sus funciones ejercer el control sobre las actuaciones del Gobierno de la Comunidad y, evidentemente, de sus empresas. Su argumento es que ha de ser el Consejo Directivo o la Junta de Accionistas de esta empresa ‘colombiana’ quienes le autoricen a revelar estas, supuestamente, delicadas informaciones. Y que, además, está limitado por las leyes de Colombia”, escribe Gallizo.

Por ello, la diputada socialista reclama al consejero de Presidencia que precise la relación del Canal con Inassa, la composición de su accionariado, así como la composición de la Junta de Accionistas y el Consejo Directivo. Por último, pide el cese de García Arias.