La Hacienda catalana acelera su despliegue tras la dejadez de la última legislatura

El Gobierno catalán ha puesto el pie sobre el acelerador para llenar de contenido la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Ante la dejadez en la que se hallaba el organismo desde 2010, el Departamento de Economía y Hacienda se ha dado nueve meses para duplicar la plantilla, abrir 14 oficinas y asumir funciones que otras agencias autonómicas ya desarrollan, como la liquidación de tributos o el cobro de deudas. La ATC, además, quiere pasar de ser cliente de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que ahora le hace la recaudación ejecutiva, a competir con ella a partir de 2017 ofreciendo ese servicio a diputaciones y municipios.

La llamada “Hacienda propia” es una de las tres “estructuras de Estado” que Junts pel Sí y la CUP acordaron desarrollar en la declaración independentista del 9-N. Pero obtener la llave de la cajano se antoja una tarea sencilla. No solo porque la Generalitat necesite el control de sus bases fiscales, datos de todos los contribuyentes o un Banco Central para ingresar esos recursos. Además de todo eso, el equipo del vicepresidente Oriol Junqueras se encontró con un organismo con falta de personal y que apenas había desarrollado nuevas funciones desde 2010. La imposibilidad de constituirse en consorcio con la AEAT, como prevé el Estatuto de Autonomía; las restricciones presupuestarias, y los acuerdos entre CiU y PP en 2011 dejaron en vía muerta su desarrollo durante el mandato de Artur Mas.

Los acuerdos con ERC llevaron a situar el proyecto de Hacienda propia al centro del debate. Sin embargo, su diseño quedó bajo la tutela del Departamento de Presidencia, entonces dirigido por Francesc Homs, que se dedicó a proyectar la administración tributaria de una Cataluña independiente pero no a asumir las competencias que le permite el actual marco legal. “La agencia murciana está más desarrollada que la nuestra”, llegó a decir Junqueras. El secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, se propone agotar toda esa vía en apenas nueve meses, aunque desde la consejería explican que llevan desde el 1 de marzo trabajando en el despliegue. La oposición no “se cree” ese calendario. “Nos resulta imposible y difícil”, aseguró la diputada socialista, Alícia Romero en la última comisión parlamentaria. Según explicó Salvadó ese día, el plan costará 20 millones de euros, que piensan cubrir con el ahorro que supondrán las rescisiones de los convenios con los registradores y la AEAT. Estos son los principales puntos críticos que debe superar el departamento hasta julio.

La primera de las tareas que la agencia quiere ocuparse es la liquidación de impuestos, que está encomendada, al menos parcialmente, a los registradores, pero Hacienda entiende que sin controlar las liquidaciones no puede ir más allá. La Generalitat ha anunciado que denunciará el convenio con mantiene con ese cuerpo de funcionarios para asumir las liquidaciones que realizan y su plantilla a partir del año que viene. Ahora la ATC gestiona 1.242 millones de euros de los ingresos tributarios propios y cedidos, el 40% del total. Las oficinas liquidadoras de los registradores se encargan de 1.063 millones, mientras que la AEAT, de otros 791 millones. La ATC, pues, espera pasar de administrar 1.242 millones a unos 2.300 el año que viene.

Antes de Cataluña, otras comunidades ya han asumido esa función. Según el Informe sobre la cesión de tributos de las comunidades autónomas incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2015, lo han hecho Asturias, Baleares, Canarias y Murcia, mientras que Galicia ha seguido ese camino de forma parcial. De hecho, los responsables de Hacienda se han reunido con los responsables de Baleares para conocer su experiencia.

Coste de 100 millones

Los registradores, que mañana vuelven a reunirse con la Generalitat, han advertido de que si bien la Administración catalana se ahorrará los 27,5 millones de sus honorarios, perderá al menos 100 millones, que podrían llegar a 400 millones en caso de que la Administración colapse al no poder tramitar los más de 200.000 expedientes que tienen en sus manos. Además, afirman que son más eficientes a la hora de recaudar y controlar los tributos.

Fuentes del Ejecutivo catalán rechazan ambos argumentos. Primero, afirman que los registradores están ya trabajando dentro del sistema informático público —llamado Gaudí—, por lo que tiene “el control de los procesos”, y añaden que desde el 1 de marzo vienen trabajando en desplegar esas tareas. Además, añaden que se ha desarrollado una unidad de valoraciones de los inmuebles, lo cual consideran un elemento “clave” al tener cedidos o en sus manos impuestos vinculados al patrimonio, como el que grava las compraventas de inmuebles y actos jurídicos o el de Sucesiones y Donaciones.

La Generalitat tampoco opina que sus oficinas adolezcan de falta de eficacia. Según los datos que manejan, los registradores gestionan 1.032 millones de los impuestos de transmisiones patrimoniales y sucesiones y donaciones. De estos, 61 proceden de revisiones posteriores. La ATC, que gestiona 863 millones en esos tributos, consigue 68 tras ese filtro.

850.000 euros en deudas

La segunda gran pata del despliegue consiste en la recaudación ejecutiva, es decir, el cobro de deudas, que ahora está subcontratado a la AEAT. “No hacerlo es como tener carreteras y no policía para vigilarlas”, explican desde la consejería. De nuevo, otras comunidades como Andalucía ya lo hacen, y la ATC ha empezado a reclamar deudas de la Administración catalana (en total, 60.000 al año) e incluso a realizar embargos.

Las dudas de los técnicos provienen de si la agencia podrá asumir el volumen que se propone administrar: 850.000 euros en deudas del Servicio Catalán de Tráfico y administraciones locales. La Generalitat quiere pasar de ser cliente de la AEAT a competir con ella al asumir el cobro de deudas o multas que los ayuntamientos o diputaciones no pueden reclamar al sobrepasar su ámbito territorial, por lo que se lo pedían a la AEAT.

Para todas esas tareas, la ATC duplicará su tamaño en nueve meses hasta 800 trabajadores. Ahora está muy por debajo de otras comunidades. Según el investigador del Instituto de Economía de Barcelona Alejandro Esteller-Moré, Cataluña tiene 3,1 funcionarios cada 100.000 habitantes y cuatro inspectores por cada millón, lo que la sitúa a la cola de España.

Nuevas oficinas

Ese incremento se realizará, primero, con la incorporación de personal interino. Posteriormente, se convocarán 300 plazas de funcionarios. Fuentes de la Generalitat explican que la dificultad de cubrirlas está en que hace tiempo que el Ejecutivo catalán no convoca oposiciones, por lo que la gente no se ha ido preparando.

Desde la Generalitat se considera que el punto más crítico será la ampliación de oficinas. La ATC ya ha realizado la licitación de 14 locales en varios municipios. Algunos ayuntamientos se han quejado porque dejarán de tener oficina liquidadora. La Generalitat quiere suplir, no obstante, vacíos con puntos de atención compartidos con las diputaciones, aunque recuerda que el 44% del impuesto de patrimonio se liquida por vía telemática.

El último asunto por resolver es el sistema informático. La Generalitat ha encargado a IBM un nuevo entorno que podrá hacer un seguimiento de “360 grados” a los contribuyentes catalanes, pero hasta que se desarrolle ese sistema, la agencia debe lidiar aún con el Gaudí. El nuevo sistema, según las previsiones, no estará plenamente desarrollado hasta más allá de 2018.