El indulto: para pacificar y reconstruir

Oída y leída la sentencia, debiera tocar ahora la hora del indulto, a iniciativa del Gobierno. No para contradecir o retorcer la legalidad sino para profundizarla, utilizando uno de sus expedientes disponibles. El más adecuado a este momento.

Toca el indulto porque el borrado de penas actuaría como bálsamo pacificador de espíritus sobre una sociedad, la catalana, demasiado aturdida. Que ha vivido el procés soberanista, y los consiguientes procesos judiciales, desde la fragmentación, la división y la tensión.

Toca porque la democracia consagra el principio de representatividad —el único que dicen reconocer los secesionistas, “poner las urnas”—, y lo hace de una manera determinada. Con sujeción a unas normas, llamadas leyes, que ellos invitan a desobedecer, y bajo el control de unos poderes separados, que también niegan. Pero la firmeza en su defensa no excluye su plasmación flexible. Mejor: inclusiva, humanista, generosa.

Toca indulto porque si hay que restablecer el diálogo político, conviene restituir a todos —también a los ayer condenados— su igual capacidad legal y reconocerlos así como interlocutores dignos. ¿Puede imaginarse un trato político a la cuestión catalana sin reconstruir puentes y cancelar los obstáculos jurídicos que lo obstaculizarían?

El indulto es también un modo de reconducir las disfunciones del área gubernamental que aderezaron el caso Mas antes de la entrada en funcionamiento del tribunal: la polémica entre fiscales, las posturas enfrentadas entre los de Barcelona y el fiscal general Torres-Dulce, la dimisión de este tras imponer las querellas, el intento de secuestro del Tribunal Constitucional a manos del Ejecutivo...

Dirigentes del PP (de Pablo Casado a Xavier García Albiol) y la exvicepresidenta Joana Ortega coincidieron ayer en que la condena de un presidente de la Generalitat —por asunto ajeno a la corrupción— teñía de tristeza la jornada. Cierto. Pueden desvanecerla: impulsando el indulto, unos; aceptándolo, los otros.

La sentencia tiene pasajes brillantes, al calificar de “omisiva” la prevaricación posible y al cabo felizmente desechada; al desvelar los “fraudes procesales” a los que se agarran los procesados y distinguir sus actos irregulares de sus “coartadas”.

Sí. Pero incluye un déficit garrafal, el que le lleva a condenar: el precario sustento y la pobreza de apoyo jurisprudencial contra el requisito (para que haya desobediencia jurídica) de un requerimiento reiterado del tribunal a cumplir su resolución. Lean desde las (mediocres) páginas 55 y 79. Añadirán un argumento clave para revisitar el caso.