Un responsable de los cursos dice que no había medios para detectar fraudes como el de Aneri

La Asamblea de Madrid ha iniciado la comisión de investigación por el caso Aneri, el presunto fraude millonario en las subvenciones para cursos de formación de la Comunidad de Madrid, destapado por EL PAÍS a finales de 2013. En la primera comparecencia parlamentaria, el responsable de evaluar los cursos admitió que no tenían personal ni medios para detectar un fraude así. El excargo de Empleo, que aseguró que fue cambiado de puesto tras pedir que se investigara más, dijo que la supervisión ni siquiera contemplaba contactar con los alumnos.

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Luis Miguel González Durán era jefe de área de Evaluación, Seguimiento y Control de la Consejería de Empleo cuando se destapó el caso. Ante los parlamentarios madrileños, admitió ayer que su área no tenía capacidad para detectar fraudes como el supuesto pufo por el que están imputados, entre otros, Aneri y un exalto cargo de la patronal madrileña CEIM, Alfonso Tezanos. Admitió incluso que desde sus oficinas ni siquiera se contactaba con los alumnos, sino que el control se hacía mediante “requerimiento a las entidades beneficiarias” para que facilitaran información relativa a esos cursos.

La trama multiplicó el número de alumnos con identidades falsas para justificar los cursos de formación en línea. Para ello usó incluso identidades de afiliados del PP, de feriantes y familiares. Según el sumario del caso, cuya investigación dirige el juzgado de Instrucción 9 de Madrid, Aneri utilizó hasta 40 empresas pantalla a su nombre o de testaferros para conseguir las subvenciones y obtuvo al menos 15 millones de euros entre fondos regionales (4,4 millones) y estatales.

Las investigaciones policiales, periodísticas y judiciales desde 2013 provocaron una docena de detenidos en 2014, entre ellos Aneri y Tezanos, exvocal de la junta directiva de la patronal y expresidente de la comisión de formación de la Cámara de Comercio. Un auto judicial definió a los implicados como “una completa trama criminal dedicada a defraudar subvenciones públicas mediante un entramado de empresas creadas al efecto y controladas por familiares y testaferros”.

“Hacíamos lo que podíamos con nuestros recursos”, señaló ayer González Durán. La “práctica habitual” de control en los cursos de formación a distancia (los más empleados por la trama) era un seguimiento a posteriori, una vez terminados.

El funcionario explicó que recibió un correo de alarma del jefe de área de Formación Continua, Vicente Ferreras, en octubre de 2013, antes de que saltara el caso. Ferreras fue el funcionario que alertó con un informe interno del supuesto fraude, y también declaró ayer, al final de la primera sesión de la comisión, que proseguirá con nuevas comparecencias. González Durán denunció además que fue destituido en febrero de 2014 tras pedir a sus superiores un mayor control de lo que estaba pasando. Culpó a su subdirector de entonces, Carlos Ferrer: “Me comunicó verbalmente: ‘El correo que te ha mandado Vicente, no te preocupes, ya me encargo yo, ya me encargo yo”.

La oposición denunció en sus intervenciones la falta de control del dinero público por parte de la Administración. El área a la que estaba adscrito González Durán trabajaba con menos de la mitad del personal habitual tras una reestructuración que redujo los efectivos de 180 a unas “50 personas”, según su testimonio.

El técnico acusó a las asociaciones empresariales que recibían el dinero de las subvenciones (que se consideran “víctimas” del fraude) de “un alto grado” de responsabilidad, porque la normativa las obligaba también a vigilar la celebración de los cursos. “Todos tenemos una parte de responsabilidad: las empresas, los centros, nosotros, no cabe la menor duda”, sentenció. En paralelo a la comisión parlamentaria, el caso Aneri sigue su camino en los juzgados, aún en fase de instrucción. El juzgado pidió a finales de 2015, a instancia del fiscal del caso, identificar e investigar a toda la cúpula política de la Consejería de Empleo en los Gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González entre 2010 y 2014, los años investigados.