Colau quiere rescindir el contrato de las obras del túnel de Glòries

El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quiere rescindir el contrato de las obras del túnel de las Glòries y volver a licitarlas. Una opción que comportaría sumar otro año de retraso a los 18 meses que lleva de demora. Es una decisión de tal envergadura que el ejecutivo no quiere tomarla solo. Por ello ha convocado para el lunes una comisión extraordinaria de la comisión de Urbanismo en la que buscará el aval político del resto de grupos del Ayuntamiento.

Si los partidos apoyan la rescisión, la decisión final la tomará el lunes el consejo de administración de Bimsa, la empresa municipal que ejecuta la obra, donde Colau tiene mayoría. La obra se licitó por 60 millones de euros y se ha ejecutado el 40%. El proyecto para soterrar la Gran Via a su paso por las Glòries, además, están siendo investigadas por el llamado caso 3% de presunta financiación ilegal de Convergència.

Más información

La adjudicación del túnel de Glòries se fraguó en la sede de Convergència

El sobrecoste amenaza con parar las obras de Glòries

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, compareció en unas oficinas municipales que están en la misma plaza de las Glòries. Allí presentó el resultado de los informes técnico y jurídico que encargó el Consistorio tras recibir la auditoría externa que cuantifica el retraso de la obra en 18 meses y el sobrecoste en 19 millones de euros, aunque los propios técnicos municipales lo elevan hasta 36. Los nuevos textos apuntan a la “imposibilidad fehaciente de cumplir el contrato” e imputan, “en buena parte”, la demora al contratista, la UTE formada por Rogasa, Benito Arnó, Copisa y Comsa.

A partir de aquí, plantean dos opciones. Una es multar a las empresas contratistas con hasta 12 millones por el retraso y el sobrecoste y pedirles que modifiquen el proyecto. Y dos, la que prefiere el ejecutivo, rescindir el contrato “porque el hecho de que el retraso sea irrecuperable es una causa de resolución del contrato”. Los informes culpan, pues, a las constructoras, que en el Consistorio dan por hecho que recurrirán judicialmente la rescisión. En cambio, no responsabilizan a los proyectistas (las empresas Esteyco y Transfer), pese a que la auditoría técnica detectaba numerosas irregularidades en la redacción del proyecto. Fue demasiado optimista y no evaluó suficientemente los riesgos de una obra tan compleja, afirmaba, entre otras cuestiones. También señalaba el “riesgo económico” que supuso que Bimsa adjudicara la construcción con una baja del 24,3%.

Sanz apoyó la apuesta del Gobierno por rescindir el contrato, parar la obra y licitarla de nuevo argumentando cuestiones de seguridad: “Estamos en un momento idóneo para plantear cualquier adaptación del proyecto porque no pondríamos en riesgo la seguridad de la obra”. El túnel para soterrar la Gran Via baja hasta 25 metros de profundidad y pasa por debajo de túneles ferroviarios que están en mal estado, de metro y una gran cloaca. Pero los errores en el proyecto y la ejecución obligan a bajar 1,5 metros más de lo previsto, lo que provoca el retraso y el sobrecoste. “Es necesario un nuevo proyecto”, concluyó Sanz.

La teniente de alcalde también aludió a otras dos cuestiones. Que la ciudad no se puede permitir otra gran obra parada como ocurre en La Sagrera. Y que la actual obra del túnel es fruto del Compromiso de las Glòries, acordado por partidos y vecinos. Y recordó que el actual Ejecutivo entró a gobernar cuando las obras ya estaban en marcha.