Mas recibe otra ayuda de la ANC y busca avales para evitar el embargo

Artur Mas explora las opciones para evitar que, este jueves el Tribunal de Cuentas le embargue bienes por 2,8 millones. Es el importe que aún debe abonar para cubrir la fianza impuesta por organizar la consulta del 9-N. El expresident busca avales bancarios y trata de usar la póliza de la Generalitat, aunque aportará su vivienda como garantía “si no hay más remedio”. Mas ha recibido, entre tanto, una nueva aportación económica (unos 400.000 euros) de la Asamblea Nacional Catalana.

El Tribunal de Cuentas abrió un procedimiento por responsabilidad contable contra Mas y otros antiguos responsables del Gobierno catalán por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, prohibida por el Tribunal Constitucional. De forma provisional —a la espera de adoptar una decisión definitiva—, el organismo ha cifrado en 5,2 millones el daño causado al erario público con el 9-N. En tanto que solidaria, la fianza atañe a Mas, pero también a los consejeros y altos cargos involucrados. Mas abonó, hace un mes, 2,4 millones de euros para cubrir parte de la fianza. El dinero procedía de la caja de solidaridad organizada por Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Mas admitió ya entonces que no podría hacer frente al pago de los 5,2 millones y apeló a la solidaridad de los catalanes. Un mensaje que ha repetido en los últimos días. “Lo arriesgamos todo, desde el punto de vista de los ahorros, cuando con un poco de generosidad de todos los que fueron a votar aquel noviembre de 2014 el problema podría quedar resuelto”, afirmó en una entrevista en 8tv. Por esa vía solidaria, sin embargo, solo ha recibido cerca de 400.000 euros de los fondos de la ANC.

Tras el primer pago, el Tribunal de Cuentas concedió a Mas una prórroga de 15 días para recaudar el dinero restante. Ese plazo, sin embargo, vence este jueves, por lo que el organismo fiscalizador pondrá en marcha el procedimiento del embargo, que no es automático ni se solventará en una jornada. La defensa de Mas quiere pedir un nuevo aplazamiento y aprovechar esos días de margen para concretar otras opciones que ya está trabajando. El objetivo es evitar el embargo de las viviendas de Mas, incluido su domicilio, en Barcelona. En concreto, el expresident quiere presentar las pólizas de la Generalitat como garantías de pago, pese a que las aseguradoras lo rechazan. La defensa, que lidera el penalista Rafael Entrena, también está buscando avales bancarios.

Por si esas vías no prosperaran, Mas anunció ayer que ya tiene tasadas sus casas para aportarlas como garantía “si no hay más remedio”. En una entrevista en Radio Euskadi, Mas afirmó que tres de esos 5,2 millones corresponden a los 7.000 ordenadores portátiles usados en la consulta, pero que “están funcionando en las escuelas catalanas”.