Sant Antoni aguanta la respiración a cuatro meses de la reapertura

Es una paradoja en las grandes capitales. Y una lástima. Que con los años que el barrio de Sant Antoni lleva aguantando las obras del mercado y esperando su reapertura, cuando faltan pocos meses, lo celebren tanto como lo temen. Porque además del espectacular mercado, en abril se pondrá en marcha la supermanzana, la primera del distrito del Eixample: calles pacificadas y ajardinadas y con la esquina entre Tamarit y Borrell como nuevo eje de centralidad. La zona cero está patas arriba. Literalmente. Se cambia hasta el asfalto. Los vecinos contienen la respiración.

“A ver. A ver qué pasa”, repiten mirando a un entorno que han visto cambiar en solo cinco años. El barrio, pegado al Raval, por un lado, y al Paral.lel, por el otro, recibió la onda expansiva de la presión turística y la prohibición de abrir pisos turísticos. Se han abierto centenares, al tiempo que el comercio tradicional mutaba en tiendas no siempre pensadas para las necesidades de los vecinos. Los 300 metros de la calle de Parlament se han convertido en una sucesión de 37 bares, la mayoría con terraza. La moratoria de concesión de licencias para nuevos locales ha llegado tarde para frenar el tsunami.

Los alquileres se han disparado un 10% en el último año; y el precio de compra un 20,3%, según datos del portal inmobiliario Idealista. En paralelo, el goteo de situaciones de asedio inmobiliario y vecinos expulsados —porque les echan o porque no pueden pagar los aumentos, lo que el Sindicato de Inquilinos llama “desahucios invisibles”— parece imparable. Fincas enteras han sido compradas por inversores internacionales que acaban echando a los vecinos para reformarlas y ofrecer sus pisos como producto de lujo. Sant Antoni, al que este diario incluía en un reportaje de hace unos años en el grupo de los “barrios caramelo” para el turismo y la gentrificación, se ha convertido en un gran Kojak, donde el chicle es el mercado.

Urgell, 9, un nuevo edificio de inquilinos amenazados

Las vacaciones de Navidad se les han echado encima sin tiempo para conseguir reunirse todos juntos. Pero lo harán pasadas las fiestas. Los 21 inquilinos y dos locales del número 9 de la calle de Urgell, tocando al pasaje de Antoni Abat, acaban de descubrir que su edificio ha sido comprado por un inversor. Poco más saben.

Están en a fase de consultar registro, acudir a la inmobiliaria donde pagan el alquiler… Hay seguro un vecino al que le ha vencido el contrato. Fem Sant Antoni y el distrito, que en estos casos trabajan coordinadamente, están al corriente de la situación. Pero hasta pasado Reyes tendrán que convivir con la incógnita sobre su futuro.

La semana pasada se celebró un consejo de barrio en el que durante 16 turnos de palabra afloraron los temores de vecinos, entidades y comerciantes. La mayor parte acababan con un “queremos saber qué pasará”. Si las obras acabarán a tiempo, porque la gente no aguanta ni medio segundo más (repuesta, sí); si estará redactado el nuevo plan de usos antes de que se levante la moratoria en febrero (está previsto); si se conseguirá que el mercado vuelva a ser el centro social del barrio o se llenará de turistas (se ha trabajado para que ocurra lo primero); si las restricciones de tráfico asustarán a quienes quieran ir a comprar al barrio (habrá aparcamiento subterráneo, pero de pago); si habrá más terrazas (no); si se mimarán las calles que no están en el centro del barrio para que también se beneficien del cambio (sí); si el AeroBus, el bus al aeropuerto, seguirá transitando por la calle de Sepúlveda a toda pastilla como si fuera una autopista (se tomarán medidas); si habrá que dar mucha vuelta para llegar en coche a casa cuando se implante la supermanzana (probablemente, los vecinos tendrán que acostumbrarse a cambiar alguna ruta).

El presidente de la asociación de vecinos, Pep Sala, fue el primero en expresar dudas, pero también en defender las mejoras: “Lo que no podemos hacer es no hacer nada. Antes no estábamos mejor que ahora”, dijo.

Desde Fem Sant Antoni —la entidad que ha liderado iniciativas como crear un grupo específico para la problemática de la vivienda o mapear edificios amenazados y ha organizado procesiones en las que el paso es la recreación de un buitre, en referencia a los fondos de inversión—, Xavier Caballer convino en que hay que “convivir en la disyuntiva de hacer mejorar para vivir en el barrio y que acabe empeorando”, ante lo que pidió intervención pública y “participativa de verdad”.

El veterano presidente de los comerciantes, Vicenç Gasca, sorprendió a más de uno cuando tras lamentar que el barrio esté en obras en plena campaña de Navidad, defendió que se haya primado “el bien general”. Ahora bien, advirtió, los tenderos no aguantarían más retrasos.

Medidas preventivas

Desde el Ayuntamiento, el director de Modelo Urbano, Ton Salvadó, defendió, ante el temor al fenómeno de la gentrificación, “proteger estructuralmente” los barrios, con medidas preventivas como la moratoria, por ejemplo. Y en este sentido, la consejera Eulàlia Corbella admitió que la suspensión de licencias llegado tarde, al tiempo que pidió que se pongan en valor las medidas preventivas.

Ambos dieron por hecho que los plazos se cumplirán: los de las obras y los del plan de usos, que debería pasar la aprobación inicial en febrero para evitar que se levante la moratoria.

La sesión participativa también sirvió para enterarse de que si la supermanzana del Sant Antoni se estructurará sobre lo que el consistorio llama supercruilla, es porque los comerciantes pidieron cambiar el nombre ante la polémica y el mal sabor de boca que dejó el arranque de la pacificación, en verano de 2016, de la que hay en el Poblenou, donde el Ayuntamiento tuvo que rectificar y dar marcha atrás en algunos aspectos.

En este caso, la intervención en el cruce de Borrell y Tamarit no consiste en “urbanización táctica”, con elementos de quita y pon como macetas, vallas o pintura en el suelo, explica Salvadó. Aquí la reurbanización es “estructurante, definitiva”, de ahí las calles estén completamente levantadas, para cambiar instalaciones, sistemas de recogida de aguas pluviales, sistemas de riego del verde que habrá en el pavimento o alumbrado público y otros suministros de los edificios del entorno.