El palacete olvidado del arquitecto del Santiago Bernabéu

Si usted camina por la calle de Francisco Silvela, a la altura de avenida de América, quizá haya visto una valla de la que sobresalen algunos árboles. Detrás se esconde el Palacio de la Trinidad, “ostentoso por su volumen” y “un ejemplo excepcional de un Madrid ya desaparecido”, según el libro Palacios de Madrid. Fue construido en 1928 por el arquitecto Luis Alemany Soler, quien dos décadas más tarde construiría —junto a Manuel Muñoz Monasterio— el estadio Santiago Bernabéu (en un principio llamado Nuevo Chamartín e inaugurado en 1947). Los vecinos de la zona denuncian que el palacete, que tiene la máxima protección municipal, se está deteriorando desde que el Estado lo vendió en 2014 y piden a las Administraciones que garanticen su mantenimiento.

“Es un inmueble de un valor arquitectónico indiscutible, de estilo neorregionalista sevillano muy poco usual en Madrid, exento, suntuoso, de los que casi no quedan en la ciudad”, explica Alberto Tellería, arquitecto y vocal de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. “Cuando se tiene una propiedad como esta en manos públicas lo lógico es que se mantenga. Subastar un palacio supone grandes riesgos de conservación, porque puede haber la tentación de especular con el terreno. Es muy absurdo, como si el Estado vendiera Las Meninas de Velázquez”, añade el experto en patrimonio.

Es lo que hizo el Estado en 2014, cuando ofreció en subasta pública el edificio, situado en un terreno de unos 3.300 metros en el carísimo distrito de Salamanca. Antes había albergado el Instituto Cervantes y, luego, una de las sedes de la patronal CEOE. Lo adquirió Pescaderías Coruñesas por, afriman, 6,6 millones de euros, si bien algunas fuentes apuntan a que se les hizo una rebaja a cambio de inversiones para rehabilitarlo. “Nuestra oferta fue la más alta y nuestra intención es rehabilitar íntegramente el palacio. Queremos darle un uso, que podría ser para convenciones, eventos, salas de reuniones...”, explica Diego García, consejero delegado de la empresa. Para ello, en 2015 presentaron un plan especial ante el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP. Con el cambio de equipo municipal, los planes se paralizaron.

Una portavoz del Área de Desarrollo Urbano Sostenible admite que se está revisando el plan “con lupa” para ver si continúa la tramitación: “desde el Ayuntamiento no estamos de acuerdo con el proyecto porque implica un cambio de uso para pasarlo de servicios de la administración a equipamiento privado. No queremos que tenga uso lucrativo”. La Comunidad de Madrid, por su parte, recuerda que el palacete tiene protección integral en el Catálogo de Elementos Protegidos municipal, por lo que su protección depende del Consistorio.

Mientras tanto, el palacio se está deteriorando. “El temor que tenemos es que dejen que se arruine para tirarlo, porque el suelo vale mucho más de lo que pagaron por el edificio”, dice un vecino del edificio colindante que prefiere no dar su nombre. Los propietarios lo niegan. “Nuestro negocio no es la especulación, es la hostelería, es lo que llevamos haciendo cien años. Queremos rehabilitarlo y usarlo”, dice Diego García, cuya empresa gestiona varios restaurantes en la capital y cuenta con 400 empleados.

Sin embargo, los vecinos han documentado que el recinto está cada vez en peores condiciones, por lo que presentaron un escrito ante la Junta del Distrito de Salamanca para pedir que se vigile: “Creemos que para evitar una ruina progresiva [...] es preciso que los organismos encargados de la protección del patrimonio tomen con la mayor urgencia cartas en el asunto”. Un portavoz de la junta responde que se ha iniciado un expediente para solicitar a la propiedad “una serie de medidas de seguridad y estructurales para garantizar la seguridad del inmueble”. Los residentes confirman que, desde que elevaron la queja, los propietarios han limpiado el lugar de escombros y han puesto un guardia de seguridad.

La concejal del PSOE Mercedes González ve lamentable que el Estado “malvendiera el palacio” y recuerda que el propietario “tiene la obligación de conservar el edificio y, si no lo hace, debe intervenir el Ayuntamiento”. González apuesta por negociar con la empresa para devolver el inmueble a manos públicas y ofrecerle a cambio un espacio en otro lugar.