Vila asegura al juez que cumplió con las leyes catalanas en el tema de Sijena

“Estaba obligado a cumplir la legislación catalana y la Ley de Museos. Se hizo todo lo que se podía hacer”, ha asegurado el exconsejero Santi Vila a la salida del juzgado número 3 de Huesca al que ha acudido poco antes de las diez de la mañana para declarar como investigado por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por no entregar las 44 piezas que conservaba el Museo de Lleida provenientes del Monasterio de Sijena. “Se ha intentado explicar que se hizo todo lo que se podía hacer siempre asistidos por los gabinetes jurídicos de la Generalitat y, por lo tanto, no se hizo de manera discrecional”, ha dicho, tras alegar que “tan cierto que había la voluntad de cumplir con las resoluciones, es que estaba obligado a cumplir con la legislación catalana”. Vila, asesorado por su abogado Juan Segarra, solo ha contestado a las preguntas de la juez instructora y del fiscal, pero no al abogado del Ayuntamiento de Sijena, y ha dicho que “las piezas de Lleida estaban sujetas a una serie de informes y condicionantes, desde el punto de vista administrativo”.

Vila, que el pasado lunes, día de Sant Jordi, firmaba plácidamente ejemplares de su último libro De héroes y traidores, esperaba confiado en la acción de la justicia y reivindicaba su papel activo para solucionar el conflicto enquistado por estos bienes. El político, que ha estado declarando durante una media hora, recordó también el acuerdo que estuvo a punto de alcanzarse en abril de 2016, entre él y la consejera de Cultura de Aragón Mayte Pérez que estuvo a punto de desencallar el tema. ERC y su presidente Oriol Junqueras abortaron el pacto días antes de que este se firmara, dando al traste a cualquier salida no judicial del asunto. Después, Vila entregó las obras depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y comenzó el proceso para poder desclasificar las de Lleida, por lo que, a su entender, la sentencia se cumplió "parcialmente". Su salida del gobierno por los acontecimientos políticos que ha vivido Cataluña hizo que fuera sustituido por Lluís Puig que retomó la estrategia de su antecesor.

La acusación particular, capitaneada por el Ayuntamiento de Sijena y su abogado, Jorge Español, entiende que Vila ha desobedecido de manera “rebelde”; que sus argumentos “no se sostienen” y pide para Puig una orden internacional de detención, ya que se encuentra en Bélgica. Español dijo a su salida que a Vila se le puede condenar a 15 años de inhabilitación por prevaricación y una multa que puede alcanzar los 30.000 euros, además de hacerle responsable de los 20.000 euros que costó (según dijo la consejera Mayte Pérez) la operación que fue a por las obras al museo de Lleida el pasado 11 de diciembre.

Vila espera que la juez acabe archivando el caso contra él y su sucesor en el cargo, porque cree que se ajustaron con su conducta a derecho.

Se da la circunstancia que cuando la Generalitat fue intervenida por el 155 y el ministro de Educación y Cultura Íñigo Méndez de Vigo accedió, por mandato, al cargo, también fue acusado desde Sijena de actuar de la misma forma que sus antecesores. Al final no fue el ministro, sino un juez sustituto, el que, por imperativo legal, mandó a las fuerzas de seguridad que acompañaran a los técnicos del gobierno de Aragón a entrar a por las 44 obras al Museo de Lleida en la madrugada del pasado 11 de diciembre de 2017. La sentencia por la que se obliga a la Generalitat a entregar las obras está recurrida en instancias superiores por los servicios jurídicos de la Generalitat, una acción que no fue impedida por el ministro Méndez de Vigo, y que le valió una nueva e intensa crítica desde Aragón.