La alcaldesa de Roses admite su impotencia para frenar el ‘top manta’

“Me siento sola e impotente ante un problema de fondo, estructural y de país”, asegura la alcaldesa de Roses (Alt Empordà), Montse Mindan (PDeCAT), que este martes ha hecho pública una reflexión en la que critica que se intente achacar a la administración local el deber de acabar con un fenómeno cada vez más extendido e incontrolable como el top manta. En su reflexión enumera una serie de factores por los que cree que no existe actualmente una solución y señala directamente, entre otros, a la judicatura, a la policía y a la sociedad en general.

Roses, en la Costa Brava, multiplica por cinco cada verano sus 19.500 habitantes. Dispone de un paseo de tres kilómetros frente al mar en Santa Margarida que se llena a diario de unos 400 manteros. Al margen de Barcelona, es uno de los municipios más afectados por la venta ilegal en Cataluña. La edil asegura que los servicios que ofrecen los Consistorios son los mismos que durante el resto del año; “como mucho", matiza, "podemos contratar personal de apoyo en la policía local o informadores turísticos”. Este verano, la plantilla de la policía se ha incrementado en 10 agentes –ahora son 50- y han contratado seis efectivos de seguridad privada. “Hemos llegado a hacer todo tipo de actuaciones para intentar evitar que este fenómeno, desde rociar el suelo del paseo hasta pintar un carril bici”, asegura, sin éxito.

Destaca que se han reunido con abogados, jueces, representantes de grandes marcas, defensores de la propiedad industrial, Mossos, Guardia Civil, Policía Nacional, “siempre buscando una solución que acabara con este desorden y pudiera dar respuesta a los comerciantes, principales afectados por este asunto”. También recuerda que hace dos años los municipios afectados fueron convocados a varias reuniones en la sede del Síndic de Greuges con los departamentos de Comercio, Servicios Sociales e Interior de la Generalitat. “Parecía que, uniendo esfuerzos, haciendo una campaña informativa dirigida al comprador, buscando alternativas de trabajo a los inmigrantes o doblando las horas de vigilancia policial, podíamos conseguirlo. No ha sido así”, lamenta.

Mindan atribuye el fracaso de esa colaboración -y de la lucha contra el top manta-  a diversos factores, entre ellos que “la ley califica esta actividad como una falta administrativa". "Requisar el material", agrega la alcaldesa, "e imponerles una multa (que nunca pagarán) no soluciona mucho”. En este sentido, señala que tampoco prosperó la solicitud presentada por la Generalitat en el Congreso, pidiendo “que la reiteración de la falta fuera penal”. Tampoco ayuda que “para los jueces no es un grave problema ya que los artículos no son considerados falsificaciones sino imitaciones que no engañan al comprador”, y que cuando se solicitan órdenes a los jueces para acceder a bajos o domicilios de los manteros (previa investigación), “estos no llegan”.

“La solución no es policial”, asegura la edil, que no cree que la respuesta a esta práctica ilegal esté en multar al comprador, ni en confiscar género -a pesar de que lo hacen-, porqué “al ser una falta administrativa, el denunciado vuelve la misma tarde al punto de venta con género nuevo”. Mindan, que recuerda que se trata de un colectivo cada vez más agresivo, considera que tampoco se soluciona con la tensión que debe vivir la Policía Local a diario para intentar disuadir al vendedor de que no ponga la manta. “Creo que se puede entender que nos haría falta un cordón policial de centenares de agentes a lo largo de todo paseo para poder evitar el tendido de la manta, ya que el principio de proporcionalidad no existe por muchos efectivos que lleguemos a contratar”, lamenta.

A los representantes de la propiedad industrial también les atribuye parte de culpa, ya que “reclaman mano dura y denuncian los casos de venta en mercados y tiendas, y parece no afectarles cuando esta venta es en la calle”. Los mismos manteros no quieren dejar la venta ilegal, “se les ofrecen los servicios municipales de búsqueda de trabajo (como a todos los censados) y los rechazan” y a los que acuden solo en temporada “hay quien les ayuda alquilándoles pisos –hasta para 10- y locales”, otros los “ocupan”.

A ello hay que sumar que en las actuaciones policiales “hay turistas que los defienden y abuchean a la policía”. Y tampoco se puede olvidar, critica la alcaldesa, que “día a día se sabe de inmigrantes que cruzan el estrecho buscando una vida mejor y resulta que nuestro país no tiene respuesta para todas estas personas y, a pesar de saber que están entre nosotros, se mira hacia otro lado sin pensar que tienen que comer, dormir, vivir”.