Las obras del túnel de Glòries enfrentan al Gobierno de Colau

La adjudicación de las obras del túnel de Glòries, salpicadas por el caso 3%, ha abierto un enfrentamiento entre las áreas de Transparencia y de Urbanismo del gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Los departamentos que capitanean los tenientes de alcalde Jaume Asens y Janet Sanz han emitido informes contradictorios sobre la adjudicación de estas obras. El de Transparencia, pone sombras sobre el proceso de adjudicación; el de la empresa municipal que gestiona las obras, Bimsa, responde que el contrato se ajusta “plenamente a la legalidad”.

La brecha se visualizó este miércoles durante la comisión de investigación sobre la gestión del área de Urbanismo del pasado mandato, cuando el alcalde era Xavier Trias. Hasta la comisión llegaron los dos informes. El primero, realizado por la oficina de Transparencia y Buenas Prácticas fue encargado por Colau después del registro judicial de Bimsa en febrero del año pasado.

Transparencia apunta a prácticas poco ortodoxas en la contratación de la ejecución de las obras del túnel por parte de la empresa municipal Bimsa. Concluye que la contratación de la ejecución de las obras se inició antes de tener aprobado el proyecto ejecutivo; que en la documentación analizada no constan fechas de entrada en el registro; o que la persona que analizó las ofertas era también miembro de la mesa de contratación.

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento hablaron abiertamente de “irregularidades”, una expresión que negó tajantemente la responsable de Urbanismo. Además, Sanz sugirió posponer el debate sobre el informe de Transparencia porque dos de las tres autoras están de baja médica. El contrainforme de Bimsa concluye que la actividad se ajusta plenamente a la legalidad. Además, utiliza un lenguaje del que se desprende que a la empresa municipal le molestó el informe de Transparencia: “Parece que quiera indirectamente poner en cuestión la propia existencia de esta entidad instrumental”, afirma Bimsa en sus conclusiones.

La oposición exigió discutir los informes, ya que se había convocado la sesión, y reprocharon “opacidad” al Gobierno. La líder de Ciutadans en el consistorio, Carina Mejías, y el concejal del PP Javier Mulleras acusaron al gobierno municipal de encargar el contrainforme a Bimsa “porque no le gustó lo que decía el de Transparencia”. “Se han dedicado a hacer contrainforme cuando lo que deberían es mejorar los procedimientos administrativos”, apuntó el republicano Jordi Coronas. El socialista Daniel Mòdol acusó a los dos responsables de mala comunicación.

Sanz explicó que el informe de la Oficina de Transparencia fue trasladado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso de financiación irregular de CiU. Y que el magistrado entendió que “no tenía implicación en su caso” y que se podía publicar. “Los informes son complementarios y el objetivo es trabajar para mejorar”, aseguró Sanz, que insistió en que “en ningún caso hay irregularidades”. Jaume Asens sí admitió que hubo falta de transparencia en las explicaciones dadas a los grupos y aseguró que si no tuvieron noticias antes del informe de la oficina de transparencia fue porque antes tuvieron que enseñarlo al juez y recibir su visto bueno.