Ciudadanos fuerza al PP a aclarar si las guarderías serán gratis

Desde que EL PAÍS adelantó la principal exigencia de Ciudadanos para aprobar los Presupuestos de 2019, en agosto, el Ejecutivo regional no ha aclarado si la acepta. Las dos partes apenas han mantenido un par de reuniones preliminares que no han aclarado si podrán ponerse de acuerdo para aprobar las cuartas cuentas de la legislatura. En consecuencia, Ciudadanos ha convertido una iniciativa sin calado legal —una propuesta no de ley, que no obliga a nada al Gobierno— en una bomba política: o el PP la apoya, o no habrá más de lo que hablar.

“[Si no votan a favor] Estarán poniendo de manifiesto que no quieren apoyar esta medida y por lo tanto estarán rompiendo de facto las negociaciones”, aseguró ayer Ignacio Aguado, el portavoz regional de Ciudadanos. “Espero que voten a favor y que sea un primer paso para aceptar luego las otras dos condiciones que pusimos encima de la mesa, la tarifa cero para autónomos que contraten a su primer trabajador y las 2.000 plazas más en residencias de mayores”, siguió. “Si el PP vota que no, tendremos su respuesta formal y por tanto no apoyaremos los Presupuestos”, insistió. “Han estado dando largas durante demasiados días y por eso no hemos tenido más remedio que llevarlo a votación y ver si el PP está dispuesto a garantizar la gratuidad de las escuelas infantiles”, argumentó. Y recalcó: “Si vota en contra, si se abstiene y se pone de perfil, habremos recibido el mensaje y tendrán que buscar otros socios para sacar los presupuestos”.

Elecciones en 2019

Aunque el grupo parlamentario popular no avanzó ayer cuál será su voto, fuentes gubernamentales aclararon que consideran asumible el texto propuesto por Ciudadanos, y recordaron que Garrido ya declaró que aceptaría la condición de Ciudadanos si se demostraba que el partido de Aguado había acertado al cifrar su coste en 35 millones.

Ciudadanos es el único socio posible para el PP, que debe cerrar el proyecto de Presupuestos antes del 30 de octubre. Con las elecciones de 2019 en el horizonte, las dos partes tienen fuertes incentivos tanto para llegar a un acuerdo como para no hacerlo: en función del resultado de las negociaciones, podrán presentarse ante los electores como garantes de la estabilidad o acusar al otro de primar sus intereses partidistas frente a los de los ciudadanos.

Desde que Aguado anunció que exigía la gratuidad de la educación, cifrando en unos 35 millones el coste de la medida, Garrido ha ido variando su posición. Primero pidió a Aguado que detallara las condiciones técnicas de su propuesta. Luego calculó que el coste de aplicarla sería de unos 350 millones de euros, y que obligaría a subir los impuestos. Y finalmente se abrió a poner en marcha la propuesta si se demostraba que su coste era el calculado por los técnicos de Ciudadanos, que basaron la cifra en los ingresos registrados por ese concepto por la Comunidad de Madrid.

El PP al completo deberá validar hoy esa posición. De su voto depende que desencallen los Presupuestos de 2019.