Cataluña blinda “la vida digna” de sus expresidentes

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El Gobierno catalán ampliará las prerrogativas de las que gozan sus expresidentes en un momento delicado por la situación de Carles Puigdemont, fugado de la Justicia española desde hace más de trece meses. El Govern aprobó este martes que las diferentes consejerías tomen las medidas necesarias para garantizar “la atención y el apoyo necesario para asegurar el derecho de los expresidentes a vivir dignamente en todas las etapas de la vida”. La portavoz Elsa Artadi justificó que se busca facilitar la situación de Pasqual Maragall, enfermo de alzhéimer.

Artadi negó tras varias preguntas de los periodistas, que la reforma implique algún nuevo privilegio para Puigdemont, que vive en Waterloo después de que la justicia alemana rechazara extraditarlo a España por un supuesto delito de rebelión. La manera como financia su vida en Bélgica siempre ha estado bajo el foco y el Govern siempre ha negado sufragar esa estancia. Artadi, de hecho, focalizó el sentido de la reforma en la situación personal de Pasqual Maragall, de 77 años, y que padece alzhéimer desde 2007.

“El paso del tiempo hace que las circunstancias personales de los expresidentes cambien. Factores como estar en activo, la edad o la salud requieren necesidades y atenciones diferentes”, argumentó Artadi en defensa del cambio legislativo. La portavoz se limitó a explicar que se autorizará a los departamentos de la Generalitat a que realicen las actuaciones necesarias para garantizar que los expresidentes tengan la atención y el apoyo necesario “para vivir dignamente durante todas las etapas de la vida mediante la cobertura de sus necesidades personales y sociales básicas”. De esta forma, cada departamento deberá intentar satisfacer las necesidades de los expresidentes que así lo soliciten y lo harán sin una regulación que detalle sus derechos concretos.

Hasta ahora, la ley incluye dos tipos de ayudas económicas directas para los expresidentes del Govern. Por un lado, se establece una asignación mensual equivalente al 80% de su sueldo cuando estaban en el cargo, por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que ejercieron como líderes de la Generalitat. Adicionalmente, se establece una pensión vitalicia, al cumplir los 65 años, equivalente al 60% de su sueldo. Estas retribuciones no son compatibles con el trabajo en el sector público o con estar en el consejo de administración de empresas privadas, por ejemplo.

Casuísticas distintas

La lista de expresidentes la conforman Jordi Pujol, Pasqual Maragall, Artur Mas y Carles Puigdemont. Todas sus casuísticas son distintas y portavoces de sus respectivas oficinas —otra de las prerrogativas que establece la ley— están a la espera de conocer el texto, que se publicará hoy para saber cómo les afectará.

Puigdemont, por ejemplo, no ha solicitado la asignación mensual que le correspondería. Esta era incompatible con el sueldo que cobraba como diputado hasta que fue suspendido por el Tribunal Supremo. Sí disfruta de la oficina y el personal que la ley de los expresidentes también contemplan. El PP quiere modificar la ley a nivel nacional para bloquear la posibilidad de que reciba dinero público en un intento de neutralizar la actividad internacional de Puigdemont.

Montilla (que cumple la próxima semana 64 años) es senador por designación del Parlament y por tanto ese sueldo es incompatible con la ayuda que le correspondería por ley. También tiene su oficina en la Avenida Diagonal, como Artur Mas. Este último sí que recibe la asignación mensual, a la que tendrá derecho hasta enero de 2020. Cumplirá 65 años en 2021.

En julio de 2014, el expresidente Jordi Pujol renunció a todas las prerrogativas establecidas por la ley después de que estallara el escándalo por haber ocultado dinero en Andorra durante décadas.