Inquilinos desnudos de justicia

En el duermevela de una noche de 2015, tras varias horas dando vueltas en la cama pensando en lo que había sucedido con su piso, por fin, agotada, María Jesús Almena, de 49 años, pudo quedarse dormida. Y lo que soñó fue que Ana Botella, entonces alcaldesa de Madrid, les dejaba desnudos a ella y a su familia. Literalmente. Aquella imagen generada por su mente era el resultado de meses de preocupaciones y desvelos, de no saber qué iba a pasar con su vivienda, con su familia, con su situación.

Almena, funcionaria que cobra 1.000 euros al mes, es solo uno de los rostros detrás de las 1.860 viviendas públicas que el Ayuntamiento de Ana Botella vendió al conglomerado Black Stone. “Sentí mucha rabia ayer cuando me contaron que el Tribunal de Cuentas le revoca la condena a Botella por la venta de estos pisos al fondo buitre”.

Almena muestra una cartulina roja. En ella se la puede ver a ella con las piernas cruzadas, posando desnuda. Debajo de la imagen, un eslogan: “Vivienda con opción a compra”. La palabra “compra” aparece tachada y en su lugar aparece la expresión “desalojo”, haciendo alusión a la distancia que ha separado finalmente lo firmado en su día con el Ayuntamiento a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) y la realidad que se han encontrado todas las familias. El texto viene rematado con dos frases más: “Vuestra ganancia, mi desgracia”, y “Sin ropa para no vivir sin casa”. El resultado de aquel agitado sueño de 2015 fue un calendario en el que, junto con vecinos en su misma situación, posó desnuda para llamar la atención sobre su situación.

La funcionaria se instaló en su casa hace 12 años, en la calle de Salvador Allende, en el distrito madrileño de Carabanchel. “Quería un piso para poder adoptar porque pasé por un cáncer que me impidió ser madre biológica”, cuenta. En julio de 2006, con Ana Botella como consejera, la EMVS le adjudicó un piso. “En un principio, la idea que tenían era ayudar a independizarse a la gente joven. Solo hacía falta estar empadronada en Madrid y tener un trabajo”, recuerda Almena.

Cuando se instaló, pagaba 400 euros al mes de alquiler. Además, la EMVS le aseguraba el derecho a adquirir el inmueble después de unos años viviendo en él. Tras la venta del piso al fondo, no solo desapareció ese derecho, sino que también vio su alquiler dispararse hasta los 960 euros, más del doble que lo pactado con el Ayuntamiento en su día.

Almena descubrió que su vivienda ya no era pública en 2014, casi diez años después de la adjudicación en régimen de alquiler con opción a compra. Sin que nadie les notificara nada, su casa había sido transferida al fondo buitre Fidere, filial en España del conglomerado de Blackstone: “Los vecinos nos dimos cuenta muy tarde que nos habían vendido”, dice.

Desde el 6 de julio de este año está sin contrato. “No puedo pagar esa subida, me están obligando a ser una okupa en mi propia casa”, dice Almena, que sigue acudiendo todos los meses al juzgado a pagar religiosamente su alquiler, tal y como le ha recomendado su abogado.

“Estamos desolados, no entendemos cómo hay tanta diferencia de criterio en un mismo tribunal que primero la encuentra culpable y después inocente. Hay vecinos que se han tenido que ir de sus casas y otros que han sido desahuciados. También hay gente que simplemente desapareció: ante la vergüenza de no poder pagar la casa, se fueron y nunca lo dijeron”, resume la presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Arancha Mejías. “Tuve que aceptar la subida y firmar el contrato por tres años con el fondo buitre Fidere porque no nos dio tiempo a organizarnos”, cuenta Beatriz Rodríguez, de 40 años, que también vive en Carabanchel. Reside ahí desde hace 15 años, cuando Sigfrido Herranz, concejal de Vivienda en el primer mandato de Gallardón, le adjudicó la casa en 2004. “Estamos esperando a que el juez se pronuncie por nuestro caso y nos deje quedarnos en nuestra casa”, dice Rodríguez.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha mostrado recientemente su indignación con la decisión de los tribunales de revocar la sentencia que responsabilizaba a la exalcaldesa. Concretamente, se juzga la venta por debajo del precio de mercado de pisos públicos: la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha revocado una sentencia condenatoria anterior y absuelve por tanto a la exregidora de Madrid Ana Botella (PP) y a siete miembros de su equipo por la venta en 2013 a fondos buitre de 5.315 inmuebles de protección pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Entre los inmuebles enajenados había 1.860 viviendas ocupadas por familias necesitadas. La sentencia ahora anulada condenaba a los acusados a abonar 22,7 millones de euros en concepto de indemnización. No tendrán que hacerlo.

“No pararemos hasta que las viviendas vuelvan a manos de los inquilinos y los responsables de la venta irregular a fondos buitre asuman sus responsabilidades penales”, explicó Alejandra Jacinto, abogada de la plataforma. “Son las casas más caras de la historia: nos han hipotecado la vida”, agrega Mejías, de 29 años y que trabaja de secretaria.

La resolución ha sido adoptada por dos votos contra uno de los tres miembros que conforman la citada sala. Los dos consejeros que suman mayoría y que han votado a favor de la absolución son Margarita Mariscal de Gante —exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella— y José Manuel Suárez Robledano. Ambos fueron nombrados consejeros del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP, que en la misma tanda también nombró consejero a Manuel Aznar, cuñado de Botella y muy amigo de Mariscal de Gante.

Los rostros de esta operación siguen tratando de sobrevivir, mientras tanto, en sus viviendas en el sur de Madrid. “Ana Botella va a dormir más tranquila. Quienes no duermen tranquilas son las 1.861 familias de Madrid a quienes Ana Botella les ha arruinado la vida por vender esas viviendas públicas”, ha dicho Javier Gil, portavoz del Sindicato de Inquilinas al enterarse de la noticia.

Bloques en lucha

Durante el último mes más de 1.400 personas afectadas han decidido organizarse en Bloque En Lucha. Eso significa no firmar los nuevos contratos con Fidere con el incremento del alquiler y permanecer en la vivienda pagando lo mismo que se pagaba. A esta iniciativa se han sumado más de siete bloques que aglutinan unas 200 viviendas cada uno en Torrejón de Ardoz, en el Ensanche de Vallecas y Carabanchel.

Para algunos ya es demasiado tarde después de haberse visto obligados a dejar su casa tras 12 años. Jorge Arriba, de 42 años, tiene un caso similar al resto de vecinos, pero su historia ya terminó de modo infeliz para él: “Cuando quise comprar mi piso a la EMVS, me enteré de que mi vivienda había cambiado de dueño y que ya era Fidere”, dice Arriba.

En 2015 se quedó en paro y antes de dejar de pagar decidió entregar las llaves e irse. “Me molesta porque yo nunca dejé de cumplir con mis obligaciones y aun así el Ayuntamiento me privó de mis derechos”, denuncia. “Se supone que el Ayuntamiento está para los ciudadanos y defender a los más desfavorecidos”, concluye Arriba.

Mejías ha tachado de “irresponsable” y “muy soberbio” que el Ayuntamiento de Madrid, a través de la EMVS, no se plantee recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas que anuló la condena a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a los que fueron concejales en su Junta de Gobierno por vender viviendas al grupo societario Fidere. El Consistorio, encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida (PP), ha descartado recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, como le han pedido Más Madrid y PSOE.