Tarjetas sin control de la Comunidad de Madrid para gastar 15 millones de dinero público

La investigación de la Cámara de Cuentas, ejecutada a instancias de la Asamblea de Madrid, deja tres conclusiones sobre cómo funcionaban las tarjetas bancarias para gastar dinero público en la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2015.

Primera: el sistema era opaco, puesto que el ente fiscalizador desconoce cuántas tarjetas se emitieron en total para su uso en el sector público regional y ha habido organismos que no han respondido a sus peticiones de información. Segunda: si algún alto cargo regional mantuvo su tarjeta a partir del 31 de octubre de 2016 —fecha posterior al periodo fiscalizado—, estaría incumpliendo el código ético aprobado en esa fecha, que establece taxativamente que no podrán disponer de esos medios de pago para gastos derivados del ejercicio de sus funciones. Y tercera: no hay justificantes para pagos realizados por valor de 173.000 euros (fundamentalmente 98.000 de la Institución Ferial de Madrid y 42.000 de Metro de Madrid).

"No se dispone de relaciones centralizadas de las tarjetas de crédito utilizadas en el ámbito de la Comunidad y tampoco constan actuaciones de control, específicamente dirigidas a la utilización de tarjetas de crédito, realizadas por parte de la Intervención General de la Comunidad de Madrid", establece el informe de la Cámara de Cuentas. "La autorización de las tarjetas de crédito, la definición de la naturaleza y límites de importes de los gastos para los que se autorizan, así como la posterior justificación y control de gastos y pagos carece de una regulación uniforme", prosigue el informe del ente fiscalizador, publicado este mes de julio. "La ausencia de normativa reguladora acerca de los gastos susceptibles de ser pagados mediante tarjetas de crédito, de la exigencia de autorización formal previa, de los datos y justificantes asociados, la conformación de las facturas, etc., dificulta en muchos casos el establecimiento del vínculo existente entre los gastos efectuados y la actividad de la entidad pública correspondiente", añade.

Gastos en viajes

La enumeración de las deficiencias está en el núcleo de las recomendaciones que le hace la Cámara al Gobierno de la Comunidad de Madrid. El organismo fiscalizador pide que se regule la utilización de las tarjetas, y específicamente que se establezca "de forma inequívoca el vínculo entre el gasto realizado y los fines de la entidad correspondiente". También, que se haga un inventario centralizado de las tarjetas emitidas. Y que se hagan controles periódicos.

¿La razón? Muchos de los gastos fueron realizados por empleados que no eran altos cargos "pero realizaban viajes oficiales con reiteración, singularmente al extranjero".

Así, un cargo del Consorcio Institución Ferial de Madrid gastó más de un millón de euros con una American Express; un directivo del grupo superó los 100.000 con una tarjeta de Bankia, y otro llegó hasta los 53.000. Con las tarjetas del consorcio, establece el informe, se pagaban vuelos, trenes y hoteles, aunque también hay más de 300.000 euros clasificados bajo la rúbrica "atenciones", que mayoritariamente se destinaban a almuerzos institucionales.

Además, en 2011 se registran gastos por valor de 8.800 euros correspondientes a una persona vinculada con IFEMA con un contrato de colaboración de tres meses a la que se conceden dietas diarias de 100 euros, entregando una tarjeta para esos gastos, que quedan sin justificar.

Del mismo modo, un directivo de Metro sin rango de alto cargo acumuló pagos por valor de 55.000 euros, que fueron 45.000 en el caso de otro. Hoy ya no existiría ninguna tarjeta de crédito a nombre del suburbano.

Ese cambio radical en la política de gastos refleja el doble punto de inflexión que supusieron tanto el estallido de la crisis financiera como la explosión del caso de las tarjetas black vinculadas a Caja Madrid/Bankia.

'Tarjetas black'

Así, entre 2008 y 2015, periodo que abarca el informe, fueron descendiendo tanto el importe de los pagos con tarjeta como el número de entidades que hacía uso de estas.

Si el primer año el gasto ascendió a los 4 millones de euros, el último la cuantía se redujo hasta el millón. En medio se supo que casi un centenar de miembros de la dirección y el consejo de administración de Caja Madrid —luego Bankia— usaban tarjetas opacas sin declarar sus gastos a Hacienda, e independientemente de sus retribuciones y gastos de representación.

La fotografía de los gastos con dinero público es, en todo caso, incompleta.

La Cámara de Cuentas no ha obtenido información sobre las entidades radicadas en el extranjero que dependen del Canal de Isabel II, que se expandió por América mientras alimentaba una trama de mordidas que se investiga en el caso Lezo. El grupo RTVM, que incluye a la televisión y la radio públicas madrileñas, no respondió al cuestionario del ente fiscalizador. Metro proporcionó una relación incompleta de las tarjetas con cargo a sus cuentas, según consta en el informe de la Cámara. Y hasta 13 entidades fueron suprimidas durante el periodo fiscalizado —entre ellas las polémicas Arpegio y Campus de la Justicia de Madrid— lo que ha dificultado acceder a sus datos.