Los correos revelan las contradicciones de Borràs sobre sus contratos a dedo

Los correos electrónicos que la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs envió al informático Isaías Herrero no solo evidencian las irregularidades en los contratos que le adjudicó, sino también las contradicciones en su comparecencia en el Parlament. Hace un año, Borràs dijo ser víctima de “noticias falsas” y negó haber fraccionado contratos para beneficiar a Herrero mientras dirigió la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Esos correos dejan muy tocado su alegato.

Borràs jugó en la cámara la carta de la indignación. Denunció que estaba sometida a un “asedio de mentiras” y a un “linchamiento público” mientras negaba con rotundidad haber troceado contratos para eludir los concursos públicos y beneficiar así a su amigo Isaías Herrero. Al informático le une una larga trayectoria académica en el grupo de investigación Hermeneia y también en un máster de la Universitat de Barcelona sobre literatura digital.

La exposición razonada enviada por una juez de Barcelona al Tribunal Supremo contiene, sin embargo, decenas de comunicaciones entre ambos que cuestionan y contradicen sus afirmaciones ante los diputados catalanes. Tras escuchar a la Fiscalía, el Supremo deberá decidir si abre una causa penal contra Borràs por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad, lo que añadiría muchas incógnitas sobre el futuro político de la actual portavoz en el Congreso de Junts per Catalunya.

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En 2013, recién aterrizada en la ILC, Borràs escribe a Herrero para decirle que la junta ha aprobado un presupuesto de 50.000 euros sobre la web del organismo público, que depende de la Generalitat y promueve la literatura catalana. La hoy diputada le indica que ha hecho una “redistribución de tareas” y le explica “en qué forma debería fraccionarse”, resume el informe de la juez. “Son líneas generales para que, conociendo las cifras, tú puedas afinar más a nivel de presupuestos”, añade Borràs en el correo. Esa forma de proceder, razona la juez, llevó al informático a buscar a terceras personas y empresas, a modo de “comparsas”, para presentar presupuestos más elevados que el suyo, lo que le permitiría obtener los contratos. En el Parlament, Borràs presumió incluso de que, aunque la ley no obliga a ello con trabajos de menos de 18.000 euros, planteó que se presentaran distintos presupuestos. Está “perfectamente documentado y acreditado” que era así, dijo.

Tres presupuestos

Más elocuentes aún son los correos de julio de 2014. El día 8, Herrero escribe a Borràs para decirle cómo debe cuadrar las cantidades. Ella le contesta que “no sufra”, que el dinero lo tiene “reservado y es para esto”. El día 14 siguen hablando del mismo asunto. El informático le dice que ha podido elaborar los “conceptos” de las facturas, pero que aún no ha tenido tiempo de ponerse con los presupuestos. Y le recuerda que debe confeccionar tres presupuestos distintos, “con tipografías y formatos diferentes”. A los pocos minutos, la directora le contesta: “Hay que hacer tres por cada una de las personas o empresas diferentes. Yo había pensado que podríamos hacer que tú te presentes a los cuatro y solo ganes uno, el más económico de su serie (...) Si tú haces los cuatro vuestros yo hago los otros, ¿te parece bien?”, señala en un correo en el que anticipa a Herrero que será el elegido.

Esos correos apuntan al núcleo de la investigación en marcha. Una juez de Barcelona sospecha que, durante su etapa al frente de la ILC (cinco años justos, de enero de 2013 a enero de 2018), Borràs adjudicó a dedo 18 contratos menores, que son los que tienen un importe inferior a 18.000 euros y no han de someterse a concurso público. Aunque algunos de esos contratos los ganaban sobre el papel distintas empresas y proveedores, era Herrero quien ejecutaba los trabajos y quien cobraba. Todo era una mascarada, añade la juez, porque los “conceptos” de los que hablaba Herrero (300 años de literatura, celebración del año Vinyoli, espacio de lectura 2.0, etcétera) también eran simulados. El trabajo era uno solo y siempre el mismo: la creación y desarrollo de la web de la institución, un organismo público de promoción de la literatura catalana que depende de la Generalitat. Lo que habría obligado, según la ley, a convocar un concurso público para que ganase la mejor oferta.

Anticipándose a unas conclusiones que la investigación aún no había alcanzado, Borràs negó esa tesis en el Parlament en su comparecencia de hace un año. “Si se encarga el mismo servicio a un proveedor mediante tres pagos inferiores a 18.000 euros, sería plausible pensar en un caso de fraccionamiento. Y aventurar que se ha procedido de esta manera para evitar el concurso público”. La entonces consejera de Cultura —dejó el cargo al ser nombrada diputada— se limitó a hablar de tres contratos, que son los que habían aparecido en esas supuestas “noticias falsas”: portal Què llegeixes, Festival Nacional de Poesía y creación de la web del Año Bertrana. “Tres años, tres objetivos. Hablar de fraccionamiento es ridículo”. La investigación judicial, en cambio, ha evidenciado que se trata de un total de 18 expedientes por valor de 259.863 euros.