La Generalitat mantiene al menos siete leyes sociales sin reglamento

Para aplicarse o entrar en vigor, una ley no necesita un reglamento per se. Sin embargo, la falta de claridad sobre las normas puede terminar interfiriendo en los derechos o deberes de los ciudadanos, en los servicios o ayudas a los que pueden optar. Al menos siete leyes de la Generalitat esperan a que los respectivos departamentos redacten los reglamentos que las desarrollan. En algunos casos, como en la normativa de Turismo, la regulación del alquiler de habitaciones se arrastra desde 2016. En el de la renta garantizada, muy reivindicado por las entidades sociales, se espera que esté listo en 2020.

Las leyes que necesitan un reglamento específico siempre incluyen en sus disposiciones adicionales el plazo máximo para aprobar dicho desarrollo normativo. En la mayoría de los casos, sin embargo, ese periodo no se cumple y termina dilatándose en el tiempo. Varios departamentos del Govern aseguran que uno de los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en 2017, fue la ralentización del proceso interno de aprobación.

Renta de Ciudadanía. La que fuera la ley social estrella del Gobierno de Carles Puigdemont —surgida de una Iniciativa de Legislación Popular— arrastra desde julio de 2017 la falta de reglamento. Este caso es especialmente delicado, pues el texto adicional debe establecer o aclarar situaciones personales que permitan acceder a la ayuda social.

Varias entidades sociales y la oposición han criticado lo que consideran una falta de diligencia por parte del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales para sacar adelante el texto. De hecho, el PSC presentó en el Parlament una propuesta legislativa para modificar la ley y así poder incluir varios supuestos. La previsión de esta consejería es aprobar el reglamento “durante el primer trimestre de 2020”. Al texto aún le queda pasar el visto bueno del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña (CTESC) y después el de la Comisión Jurídica Asesora.

Universalización sanitaria. Esta ley, de junio de 2017, preveía un reglamento para fijar el procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia sanitaria pública para aquellas personas que no figuren en el Servicio Catalán de la Salud o el Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, los criterios de arraigo que aplican a determinados colectivos o el baremo para que a una persona no se le cobre el copago farmacéutico. El pasado junio, el Departamento de Salud anunció que ponía en marcha la consulta pública previa a la elaboración del proyecto de decreto. La consejería no explicó cuándo prevé la aprobación final.

Economía colaborativa. El Departamento de Empresa promovió, en 2017, una nueva ley de comercio, servicios y ferias. El texto establece que algunas actividades necesitarán un reglamento específico, por ejemplo, la venta a través de paradas desmontables en mercados ambulantes ubicados en sitios de titularidad pública. Pero uno de los retos principales es la normativa sobre la denominada economía colaborativa y el comercio electrónico. Desde esa consejería explican que de momento no se plantea ese desarrollo legal y se sigue el impacto de la tecnología en el sector a través de una comisión específica que decidirá después qué hacer. De momento, se ha reunido en dos ocasiones.

Ley antihomofobia. El Parlament aprobó la ley en 2014. Las entidades que defienden los derechos del colectivo LGTBI, sin embargo, critican que el reglamento nunca se ha aprobado. El Departamento de Asuntos Sociales defiende que el régimen sancionador está cobijado por un decreto de 1993 y uno específico no llegará hasta que se apruebe una ley más general sobre igualdad de trato y no discriminación, actualmente en trámite en la Cámara catalana.

Igualdad efectiva. Esta norma fue aprobada en 2015 y en su disposición adicional quinta se establece que en un término de dos años se tienen que aprobar “las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para aplicarla y desplegarla”. El PSC critica que esto no se ha hecho.

Transporte público. La ley de financiación del sistema de Transporte Público de Cataluña vio la luz el 29 de julio de 2015. Al año siguiente, el departamento de Territorio y Sostenibilidad debía presentar un reglamento que organizara, por ejemplo, la Mesa Social del Transporte Público en Cataluña, un órgano participativo. La Generalitat llegó a hacer la consulta pública previa en 2017, pero la intervención del autogobierno ralentizó la tramitación.