Los nueve presos del ‘procés’ encaran ya salidas regulares de la cárcel para trabajar

Los nueve independentistas condenados a penas de cárcel por un delito de sedición en el procés encaran ya salidas regulares —en días concretos y con horario limitado— de la cárcel. Las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas han concedido a cinco de ellos la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que flexibiliza su estancia entre rejas y les permite salir a trabajar, a ejercer de voluntarios y a cuidar de familiares unas horas al día. El Govern ve “previsible” que el resto obtenga en breve un trato similar.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se convirtió ayer en el primero de los condenados que, gracias a esa medida, pisa la calle. Mientras Cuixart —condenado a nueve años— completaba la primera jornada en su empresa de diseño de maquinaria industrial, los exconsejeros Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo) recibieron también luz verde a sus peticiones para beneficiarse de salidas motivadas. Ambos se suman así al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que tienen concedido el 100.2 pero están pendientes de empezar a disfrutarlo.

Todo indica que, en las próximas semanas, los otro cinco condenados por el Tribunal Supremo por el referéndum del 1-O y la declaración de independencia seguirán ese camino. "Es previsible que puedan ser merecedores" del mismo trato, avanzó ayer la consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella (Esquerra Republicana), en una entrevista en Catalunya Ràdio. Capella subrayó que la decisión es ajena al Govern y que son las juntas de tratamiento —formada por técnicos y profesionales independientes— las que adoptan una medida "prevista por la ley y el reglamento". "Es una forma más de cumplir la sentencia y la mejor forma de transitar hacia la libertad", defendió.

Poco después de las 9.00, Cuixart llegó desde la cárcel de Lledoners hasta las puertas de su empresa, Aranow, en una nave industrial de Sentmenat (Barcelona). Entró a pie con los brazos en alto y fue recibido con aplausos y vítores por sus trabajadores. Se abrazó a ellos y les dirigió unas palabras. "Seguiré luchando para levantar esta empresa y por la libertad y la amnistía" de los presos. Cuixart les agradeció el trabajo para mantener la empresa en marcha y les recordó que su salida no es definitiva. "Sabéis que duermo esta noche en la prisión, pero estoy muy contento de estar acompañado por todos vosotros".

Tres opciones

La junta de tratamiento de Lledoners avaló que Cuixart salga del centro cinco días a la semana durante nueve horas y media cada día para trabajar y, también, para llevar a cabo labores de voluntariado en una fundación que ayuda a personas en riesgo de exclusión social. El trabajo, el voluntariado y el cuidado de familiares son los tres motivos que han esgrimido los nueve independentistas encarcelados. Algunas de las peticiones aún se están ultimando, según fuentes cercanas a las defensas. Los cuatro dirigentes que acaban de presentar la documentación o lo harán en los próximos días —el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull— pedirán salir de la cárcel para acudir a trabajar.

El que fuera máximo responsable político de los Mossos durante el otoño catalán de 2017, Joaquim Forn, recibió ayer la noticia de que disfrutará de salidas durante 12 horas y media al día —cinco días a la semana— también para trabajar. La exconsejera Dolors Bassa, por su parte, saldrá por ahora tres días a la semana para cuidar a "un familiar de edad avanzada", informó el Departamento de Justicia. Ese motivo, el cuidado de un familiar, es también el que permitirá a Forcadell abandonar unos días a la semana la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona).

La aplicación del 100.2 es automática. Las cárceles deben ponerlo en conocimiento del juez de vigilancia penitenciaria de turno, que da traslado a la Fiscalía. La oposición del ministerio público no paraliza la medida, pero sí la del juez. Si el magistrado revoque el permiso, las defensas pueden recurrir ante la audiencia provincial, que tiene la última palabra. El Gobierno catalán insiste en que nada tiene que ver con todo ello, pero aplaude que los políticos independentistas salgan a la calle. "Tener a los presos políticos bajo la custodia de la Generalitat es una contradicción grande. Pero ninguna convicción personal puede enmendar una sentencia judicial", dijo la consejera Capella.