Caso SQM: arranca el juicio por financiación ilegal en la política chilena

El juicio oral contra los presuntos involucrados en el caso de financiamiento ilegal de la política por parte de la minera SQM ha arrancado este lunes en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Tras ocho años de investigación, el Ministerio Público ha presentado cargos de soborno, cohecho o delitos tributarios contra ocho imputados, entre los que se encuentran el excandidato presidencial y líder del Partido Progresista de Chile (PRO), Marco Enríquez-Ominami, y el exministro de Economía de Sebastián Piñera, Pablo Longueira. “El caso SQM es el más grave, complejo e importante que ha tenido que investigar la Fiscalía desde la reforma procesal penal [en el 2000]”, apunta por teléfono el exfiscal de la trama, Carlos Gajardo.

El denominado “caso SQM”, surgido en 2015, indaga en los pagos irregulares a políticos de distintos espectros políticos por parte de la minera controlada por el exyerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, cuya fortuna tiene sus orígenes en la dictadura de su exsuegro (1973-1990) y en las privatizaciones de las empresas del Estado. La Fiscalía acusa al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, de financiación irregular de políticos a través de facturas por servicios que en realidad no se prestaron entre 2009 y 2015 por un monto superior a los 8,5 millones de dólares.

El Ministerio Público también imputa a Longueira, quien participó este lunes de manera remota, de recibir pagos para favorecer la tramitación de una ley del royalty minero (un impuesto por esa actividad) que, según la acusación, fue redactada por abogados de SQM. El exsenador de la derecha arriesga 818 días de presidio y multas por cohecho. Enríquez-Ominami es acusado de delitos tributarios y puede recibir una condena de hasta cuatro años de cárcel. El exdiputado socialista y cuatro veces candidato presidencial aseguró esta mañana que quiere que se produzca el juicio. “Quiero que comience para poder demostrar que todo esto ha sido un abuso, que tiene sesgo político, pero eso lo decidirán los jueces”, sostuvo.

La Fiscalía llegó a investigar a 180 personas, pero la mayoría de las causas han sido sobreseídas o suspendidas bajo ciertas condiciones. Los otros imputados son la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; el exdiputado democristiano Roberto León; la secretaria de la presidencia del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), Marisol Cavieres; el exsecretario general del Partido Progresista, Cristián Warner, y el exembajador en Praga durante el gobierno de Michelle Bachelet, Marcelo Rozas.

“Las decisiones del Servicio de Impuestos Internos de no querellarse y la del (ex fiscal nacional) Jorge Abbott de acotar la investigación, han terminado con una parte muy menor frente a la justicia”, señala Gajardo. Sin embargo, el exfiscal celebra que la acusación más grave, el cohecho, esté presente. “La acusación implica que una ley de la República se redactó por los abogados de la empresa que se veía más afectada. Se rompe la ilusión de que la ley es soberana”, afirma Gajardo, quien remarca lo “dramático” que ha sido conocer este tipo de hechos, como los del caso Penta, la trama de fraude al fisco y de financiamiento ilegal de campañas políticas que puso en marcha uno de los grupos empresariales más importantes del país.

“Creo que explica una serie de sucesos, entre ellos, el estallido social. Estas investigaciones fueron uno de los insumos. En lo político, la elección de Boric no se explica sin este caso, que tiene que ver con el prestigio de la centroizquierda. Haber quedado asentado que esas fuerzas políticas muy opositoras a Pinochet recibían financiamiento del yerno del dictador fue muy duro y explican las derrotas que han tenido en los últimos años”, agrega.

La lectura del auto —documento que resume el caso—, donde se repasan todas las acusaciones, los supuestos montos defraudados, las facturas cuestionadas, entre otros detalles, tomará cerca de dos semanas. Una vez completada la parte inicial, vendrá el alegatos de las partes. En total, el proceso puede tardar hasta dos años, según los involucrados. La fiscalía presentó inicialmente como pruebas 14.609 documentos —miles han sido excluidos—, 651 testigos y 52 peritos.

El juicio estaba previsto para comenzar el 1 de febrero, pero el auto no estaba listo y el juez que debía revisarlo estaba de vacaciones. La Corte Suprema solicitó la apertura de un sumario para los jueces ante una “eventual responsabilidad disciplinaria” que tendrían en la “tardanza y postergación” del juicio.

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