Los informes de la Contraloría de Chile sobre el ‘caso Convenios’ que complican al Gobierno de Boric

El caso Convenios, la trama de corrupción que estalló en Chile a mediados de junio sobre el traspaso de dineros públicos a fundaciones privadas a lo largo del país, que ha impactado sobre todo al oficialismo del presidente Gabriel Boric, ha intensificado esta semana sus coletazos políticos tras los contundentes informes realizados por la Contraloría General de la República. El contralor Jorge Bermudez alertó este jueves en el Congreso sobre la evidente debilidad institucional y alta discrecionalidad en la asignación de recursos por parte de los organismos regionales, junto con irregularidades en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda. La oposición ha redoblado su presión para que el presidente Gabriel Boric remueva al responsable de la cartera de Vivienda, Carlos Montes, un histórico socialista blindado por su partido y el Gobierno.

Bermúdez expuso ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas desde enero de 2021 a junio de 2023. El periodo de investigación apunta a la gestión de la Administración actual y la última etapa de la anterior, del presidente Sebastián Piñera. La auditoría a 15 secretarías regionales del Ministerio Vivienda que realizaron millonarias transferencias a organizaciones sin fines de lucro arrojaron que existe una falta de procedimiento para la selección de entidades que ejecutan el programa de asentamientos precarios. “Por lo general, no existe ese procedimiento de selección y de aquí uno podría decir que se derivan todos los problemas”, planteó el contralor en su comparecencia.

La falta de antecedentes que fundamenten los fondos de la transferencia fue una de las observaciones que planteó Bermudez: “Pagar caro no es ilegal y no va a ser ilegal nunca mientras no existan elementos que permitan determinar cómo se llegan a los precios”. El contralor añadió que, por regla general, tampoco hay garantías para el cumplimiento de los convenios, a pesar de las grandes sumas de dinero que se transfieren ni existencia de planes de trabajo. “Si la transferencia se hace una sola vez y al comienzo, no tiene mucho sentido establecer puntos de control porque es muy difícil poder exigir algo si ya está todo pagado”, apuntó ante los congresistas. Sí enfatizó en que en solo dos regiones –Antofagasta y O’Higgins– detectaron personas contratadas por fundaciones y que trabajan en una secretaría regional ministerial (Seremi) de Vivienda o en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Sobre los propios convenios entre los gobiernos regionales y las fundaciones -sobre todo ligadas al oficialismo-, el contralor apuntó que no estaba “bien fundamentado” por qué se contrataba a cierta organización, por qué se le transfería y cuál era su experticia. Existe una falta de concordancia entre el objeto de la fundación y las actividades que se le encargan. “Por un lado, porque hay un problema con el objeto social y por otro, por una eventual falta al principio de probidad, porque había algún tipo de conflicto de intereses que no fue atendido”, señaló Bermudez. En tres regiones se dividieron los montos de los convenios para evitar las fiscalizaciones, por ejemplo, de la Contraloría.

Algunos de los antecedentes se remitieron a Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), ya que hay hechos que podrían constituir delitos. En otros casos se abrirán sumarios administrativos a cargo de la propia Contraloría. “Estamos frente a un sistema débil de asignación de recursos públicos que genera riesgos respecto del buen uso de los mismos y de la satisfacción de las necesidades públicas, pues carece de una regulación mínima que permita una selección adecuada y transparente de las entidades ejecutoras y vele por su respectiva idoneidad”, remarcó Bermudez, quien descartó calificar el mecanismo como un “modus operandi”.

La trama de corrupción estalló el 16 de junio en Antofagasta, en el norte de Chile, cuando se supo de un traspaso por unos 530.000 dólares de la Seremi de Vivienda de la región norteña a la Fundación Democracia Viva, ligada al partido Revolución Democrática (RD), que forma parte del Frente Amplio, el conglomerado del presidente Boric. Quien dirigía la fundación era Daniel Andrade, ahora exnovio de la diputada oficialista por Antofagasta Catalina Pérez. El que encabezaba el organismo que otorgó los fondos era Carlos Contreras, exjefe de Gabinete de Pérez. El escándalo ensombreció la promesa de probidad de la nueva izquierda del país sudamericano.

Uno de los puntos más criticados al Gobierno de Boric es que en la ley de presupuesto de este año –como recordó hace una semanas el contralor– eliminó los requisitos de antigüedad o experticia de las fundaciones en el apartado de las transferencias de los fondos regionales. La derecha ha salido en masa a pedir la renuncia de Montes, el ministro de Vivienda. La bancada de los diputados de la UDI, de la derecha histórica, también exigen la salida de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y del jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), quien esta semana dijo en el Congreso que se enteró “a través de un rumor” del caso Democracia Viva el 7 de junio, nueve días antes de que estallara en la prensa y en La Moneda. Crispi aseguró que le entregó los antecedentes a la subsecretaría de Vivienda, liderada entonces por Tatiana Rojas, que fue removida del cargo tras el escándalo, y que no se lo comunicaron al presidente Boric.

El ministro Montes, en el ojo del huracán, descartó este viernes su renuncia: “A mí como ministro me corresponde la orientación política del Programa de Asentamientos Precarios y en general del ministerio. Había un modelo con las fundaciones privadas, y simplemente seguimos con la que venía, lo que podríamos haber hecho es revisarlo y replantearlo, pero no tuvimos la conciencia”. Esta trama le costó el cargo al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que en agosto dejó La Moneda, pese a su cercanía histórica con el mandatario.

La portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, defendió que existen casos que no están solamente circunscritos en un sector político. “Esto no tiene que ver, como algunos lo han interpretado, como un modus operandi, sino que es una debilidad institucional que permite que pueda darse ese modus operandi. Y para evitar que se dé, hay que cerrar las brechas institucionales y es lo que estamos haciendo tanto en la Ley de Presupuesto, en las modificaciones hechas en el Ministerio de Vivienda y lo que estamos haciendo en la agenda legislativa, que se ha nutrido de los resultados y sugerencias de la comisión Jaraquemada”, planteó la ministra, en alusión a la comisión para la probidad y transparencia creada por el mandatario tras el escándalo.