La crisis de seguridad en Chile no da tregua a Boric: alcaldes de diferentes signos piden militares contra la delincuencia

Justamente en la semana que el Gobierno de Gabriel Boric conmemora la mitad de su mandato, el lunes 11 recién pasado, la crisis de seguridad que afecta a Chile se ha tomado la agenda pública del país sudamericano, con la petición de alcaldes de diferente signo político de echar mano a los militares para controlar la delincuencia. La primera piedra la ha lanzado, justamente, un hombre oficialista. Y no cualquiera: uno de los mejor valorados del Frente Amplio, el alcalde de la popular Maipú –en la zona poniente de Santiago de Chile–, Tomás Vodanovic. El martes, el dirigente de 33 años se reunió en La Moneda con la ministra del Interior, Carolina Tohá, para abordar asuntos de seguridad pública, porque en su comuna el tema está desbordado: fue en sus territorios donde se encontró el viernes 1º de marzo el cuerpo del exmilitar disidente venezolano, Ronald Ojeda, enterrado bajo cemento en una peligrosa barriada informal, por ejemplo. Luego del encuentro con Tohá, Vodanovic ofreció una rueda de prensa de unos 30 minutos y prendió la pradera en la política chilena con sus peticiones y sobre todo una: desplegar a las Fuerzas Armadas en zonas urbanas.

Existen al menos un par de elementos importantes para analizar este episodio que remueve la actualidad local esta semana. En primer lugar, el 27 de octubre próximo se celebran en Chile las elecciones municipales y la carrera está lanzada. Los alcaldes de todos los sectores comienzan a desplegar su artillería y sobre todo en una materia que resulta fundamental para la gente: la seguridad pública. Es el contexto en el que Vodanovic –que quiere reelegirse– hace su pública petición a La Moneda. Un segundo factor: el llamamiento al Gobierno del alcalde de Maipú no ha sido el primero. Alcaldes de diferentes sectores políticos han pedido la intervención de las Fuerzas Armadas y el estado de excepción constitucional, aunque el año pasado fue una medida solicitada principalmente por la oposición, aunque no exclusiva. No para que los militares reemplacen a las policías, sino para que les colaboren con el resguardo de infraestructura crítica, vehículos blindados, helicópteros, drones y el despliegue de inteligencia, como ha explicado el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Pero en esta ocasión el debate está especialmente encendido no solo porque la petición la protagoniza una de las figuras estelares del Frente Amplio –la coalición de Boric que se transforma por estos días en partido único–, sino porque llega en una semana en que el Gobierno ha intentado desplegar el relato de que Chile está mejor que hace dos años cuando asumió el poder, en marzo de 2022. Es lo que dijo el propio presidente el domingo en entrevista con EL PAÍS y lo que han repetido sus principales ministros en el ecuador de la Administración de izquierdas. Vodanovic, entonces, ha dejado la pelota en la cancha para que desde la oposición opinen que “a pesar de que el presidente ha dicho que estamos mejor que hace dos años atrás, la situación está tan grave, que un alcalde esta vez de Gobierno pide públicamente militares en las calles”, como aseguró este miércoles la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, la carta fuerte de la derecha tradicional para las presidenciales 2025.

El presidente: “No me cierro”

Boric insistió luego de las palabras de Matthei: “No tengo tiempo para polemizar con alcaldes que están permanentemente buscando polémica. Lo que nosotros hemos señalado como Gobierno es que, en términos generales, respecto a cómo recibimos el país, Chile está mejor”, aseguró. El presidente no descartó ninguna medida. El uso de militares en zonas urbanas, aseguró, “requiere de una discusión. También modificaciones legales. Yo no me cierro en ningún caso a poder disponer de esas herramientas, por ejemplo, mediante la ley de Infraestructura Crítica, algo que tiene que ser discutido en el Congreso”, indicó Boric. “Por ejemplo, una reforma constitucional que nos habilite a hacerlo mediante decreto y que no tenga que pasar la discusión larga del Congreso, a un decreto que sea transitorio, como lo que hicimos en las fronteras en la zona norte”.

La Moneda ha insistido en su camino: que el Parlamento apruebe la leyes de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y la de Infraestructura Crítica que, a juicio del Gobierno, permitirían contar con dotación militar donde haya que reforzar la acción de las policías, pero con una reglamentación clara que les permita cumplir con las funciones contempladas en la legislación. Fue lo que explicó este miércoles la portavoz Camila Vallejo que, de todas formas, pidió no pensar que sacar a los militares a la calle se trata de una bala de plata. “El problema que hemos tenido en los últimos años es creer que una sola medida es la solución a los problemas y eso no es así”, dijo la ministra.

Pero existe un tercer elemento fundamental para entender la polémica: las Fuerzas Armadas miran con cierta distancia la apertura del Gobierno a sacar a los uniformados a la calle para controlar la delincuencia. A comienzos de febrero, cuando Boric convocó en La Moneda al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) –un organismo consultivo que está compuesto por diversas autoridades estatales y de los principales jefes castrenses–, el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga, lo explicitó: “Son tareas en las que hay que interactuar con la población”, algo de lo que los funcionarios militares “carecen de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado”, aseguró el líder del Ejército. Hoy, nuevamente, miran con cautela lo de realizar labores preventivas sin las leyes que los resguarden.

Al requerimiento de Vodanovic se han sumado en esta ocasión los alcaldes de diferentes sectores políticos: Rodolfo Carter, de La Florida; Emilia Ríos, de Ñuñoa; Erika Martínez, de San Miguel, Carolina Leitao, de Peñalolén; Cristopher White, de San Bernardo, entre otros en la Región Metropolitana de Santiago, donde se concentran los delitos de alta connotación pública, como los homicidios.

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