Chile conmemora los 51 años del golpe de Estado con la recuperación de los sitios de memoria

El pasado de Colonia Dignidad, un enclave fundado por el exsoldado nazi Paul Schäfer en 1961 en la comuna Parral de la región de Maule, centro sur de Chile, sólo puede ser recordado con horror. Tras el golpe de Estado en contra del presidente socialista Salvador Allende (1973-1990), del que Chile conmemora este miércoles 51 años, el predio fue usado como centro clandestino de tortura y desaparición forzada por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). También fue el lugar en el que decenas de niños fueron víctimas de abusos sexuales de Schäfer y cientos de colonos vivieron retenidos bajo un régimen de explotación y represión. Marcela Sandoval (Arica, 50 años), ministra de Bienes Nacionales del Gobierno de Gabriel Boric –una institución encargada de administrar y resguardar el patrimonio fiscal–, es una de las autoridades detrás de las gestiones para expropiación y recuperación de seis edificaciones de la finca que serán destinadas a un sitio de memoria y centro de documentación: la casa de Schäfer, el restaurante, el edificio de la administración y el hotel, la bodega de papas, el hospital y la portería. “A veces quisiéramos que estos trámites fueran más cortos, pero tienen distintas etapas administrativas que dependen del Estado”, dice a EL PAÍS desde su oficina en Santiago.

En junio, el presidente Gabriel Boric anunció en su cuenta pública en el Congreso, en Valparaíso, la expropiación de una parte del terreno, propiedad de empresas agrícolas. Ya Alemania había mostrado su disposición en colaborar, lo que se vio reflejado en 2017 cuando conformó con Chile una comisión mixta para abordar asuntos relacionados con la excolonia. Por el Estado chileno han estado involucrados la Cancillería y los ministerios de Justicia, Bienes Nacionales, Vivienda y Urbanismo, y Cultura, las Artes y el Patrimonio.

El Ejecutivo espera avances en el proceso expropiatorio, ejecutado por el ministerio de Vivienda, en los próximos meses, adelanta Sandoval. Junto con el Plan de búsqueda de víctimas de desaparición forzosa, lanzado en 2023 en la víspera de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la Administración de izquierdas ha priorizado la recuperación de los memoriales como algunas de las respuestas a las víctimas de la dictadura. “El Estado está llegando tarde en la recuperación de sitios de memoria, pero como Gobierno nos comprometimos a dar pasos decisivos, contundentes, y no hemos fallado”, señala Sandoval.

Esta iniciativa, junto al Plan de búsqueda que pretende ser una política permanente del Estado, pudiera ser uno de los principales legados de Boric, cuyo Gobierno hasta ahora no ha podido concretar las profundas reformas que prometió en su campaña presidencial. Una muestra de ellos es que, entre 2022 y 2024, han sido recuperados y entregado a las agrupaciones de derechos humanos un total de 20 sitios.

Y, este martes, el mandatario anunció un incremento en el presupuesto destinado a los sitios de memoria en el país. “El año pasado, la derecha amenazó con rechazar la partida de los sitios de memoria, estuvo a punto. Este año vamos a aumentar el presupuesto... ¿Qué harán todas las fuerzas políticas frente a aquello? Los invito a estar atentos, porque la memoria no es patrimonio de un sector político, sino de un país”, dijo el presidente durante la inauguración del Camino de la Memoria en el Parque deportivo Estadio Nacional en Santiago, que emula el recorrido de los prisioneros, a raíz de la dictadura de Pinochet, desde sus lugares de reclusión hacia sectores de tortura.

Para este miércoles, que se conmemoran 51 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, las miradas nuevamente se vuelcan sobre el pasado. Sandoval señala que es clave avanzar todo lo posible antes de que concluya el mandato presidencial en 2025. Frente a la posibilidad de que una próxima Administración no esté de acuerdo con estos proyectos, la ministra asegura que los organismos tienen garantizar que estas políticas permanezcan en el tiempo y no dependan de un solo gobierno: “Hay una institucionalidad de derechos humanos en Chile que debe ser fortalecida, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y hay lugares que son muy significativos como el Museo de la Memoria, que ha significado un vehículo de información con las nuevas generaciones. La memoria y los derechos humanos no son privativas de un sector, pese a que un sector ha sido el más privado de aquellos”.

El rescate de la exVenda Sexy

Desde que Sandoval asumió como titular de Bienes Nacionales en agosto de 2023 ha tenido la misión de seguir con la recuperación de la memoria histórica a través del rescate de lugares e inmuebles usados como centros de detenciones y tortura durante la dictadura chilena. Es el caso de la llamada Venda Sexy, de la en la calle Irán 3037, en el municipio de Macul en Santiago. En el sótano de esta casa los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta de Pinochet, cometieron vejámenes sexuales en contra disidentes, en su mayoría mujeres, a quienes les vendaban los ojos y mantenían desnudas.

La vivienda, que estaba en manos de un privado dueño de una empresa de aluminios, fue recuperada en julio; aunque el proceso de adquisición forzosa comenzó hace dos años y en 2023 se selló su expropiación, a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, y ahora se encuentra en trámite la concesión para que sea administrada por la Asociación de Memoria y Derechos Humanos Irán 3037. Su nombre será ahora Sitio de Memoria Irán 3037. Sandoval indica que esto se trata de un hito, dado que en gobiernos anteriores, como el de la socialista Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), se intentó infructuosamente rescatar el espacio.

El lugar se encuentra cerrado al público de momento. “Cuando entramos a la casa encontramos daños en infraestructura. Hay sitios que ni siquiera se pueden pintar porque son investigados, pues pudieran contener evidencias [de crímenes cometidos en dictadura]. Se ha ingresado con un georradar para explorar ciertas zonas antes de ser entregado definitivamente a agrupaciones [de víctimas]”, explica la ministra.

Recuerda que en los últimos dos años se han recuperado y entregado a las agrupaciones un total de 20 sitios destinados a la memoria histórica y patrimonio, incluyendo el derecho de acceso al camino de los Hornos de Lonquén en la comuna de Talagante de la Región Metropolitana, icónico porque allí en 1978 se halló la primera fosa común que ocultaba a detenidos desaparecidos de la dictadura de Pinochet.

Sandoval también destaca el antiguo centro de detención y tortura Rocas de Santo Domingo, entregado a la Fundación por la Memoria San Antonio; mientras que en Santiago se encuentra la exclínica Santa Lucía, dada a una asociación. Para este año, además, está programada la consignación de otros tres, incluyendo a la exVenda Sexy y de la excárcel Isla Teja –declarado monumento histórico en 2018–, en la ciudad de Valdivia de la región de Los Ríos. Este último complejo, que tiene más de 20 mil metros cuadrados y donde los detenidos fueron intimidados con prácticas como descargas de metralletas por los guardias en las madrugadas, será otorgada para su administración temporal a una agrupación de exprisioneros políticos. “Estos son símbolos para no olvidar lo que sucedió en el pasado y que no debe repetirse. En ese sentido, nuestra presencia para recuperarlos debe estar desde el norte hasta el sur del país”, enfatiza la ministra.

Según Sandoval, el plan gubernamental está en rescatar sitios en regiones y no sólo en Santiago, “bajo distintas fórmulas” que no necesariamente contemplan una expropiación. La Fosa de Pisagua, en la región norteña de Tarapacá, en la costa del desierto de Chile, volvió a manos del fisco en 2023, pues se encontraba administrado por el municipio de Huara antes de ser traspasado al Ministerio de Bienes Nacionales. Este es uno de los casos más emblemáticos donde ocurrieron violaciones de derechos humanos, porque se constituyó un campamento de prisioneros políticos, siendo ejecutados casi una veintena por militares y enterrados en ese sitio.

En el proceso de búsqueda de los desaparecidos, los testigos de las ejecuciones dieron las pistas para que la Vicaría de la Solidaridad, un organismo de la iglesia católica que prestó asistencia a las víctimas de la dictadura militar, presentara ante la justicia una denuncia por inhumación ilegal el 31 de mayo de 1990. Un juez, Nelson Muñoz, se presentó en el lugar, y dos días después osamentas humanas fueron halladas en la fosa. La sal del desierto conservó los cuerpos de 19 exprisioneros, con sus vestimentas y con las ataduras y vendas con que fueron fusilados. Las evidencias de los impactos de balas permitieron que se acusaran a los mandos militares de ese momento.