Las contradicciones de la guerra: la UE recibirá más gas de EE UU fruto de un ‘fracking’ que Europa rechaza

Estados Unidos se ha comprometido este viernes a incrementar en un 68% sus exportaciones de gas natural a la UE para que el bloque pueda acelerar en su desconexión de Rusia. Washington auxilia a sus socios y, además, abre una potente veta de negocio, consolidando su liderazgo como principal exportador mundial del gas natural licuado (GNL, en la jerga del sector). En paralelo, sin embargo, emergen algunas contradicciones de calado. La inmensa mayoría de ese gas que llegará gracias al acuerdo con Joe Biden es fruto de la revolución de la fracturación hidráulica (fracking, en inglés), una polémica técnica de extracción de hidrocarburos cuyo uso se disparó en EE UU a partir de 2010 —y que le ha permitido erigirse en primer productor mundial y exportador neto de crudo y de gas—, pero que no ha calado en la UE y el Reino Unido por su menor rentabilidad, su elevado impacto ambiental y las protestas sociales, entre otros factores. Además, el GNL llegará a Europa en barcos metaneros, lo que implicará un aumento de las emisiones de efecto invernadero en el proceso de transporte desde los pozos estadounidenses a las plantas regasificadoras europeas.

La invasión rusa de Ucrania ha obligado a Europa, importadora neta de combustibles fósiles desde tiempos inmemoriales, a replantearse seriamente su lugar en el mapa energético global. De la noche a la mañana, el gas y el crudo rusos se han convertido en productos altamente tóxicos, y toca buscar nuevos proveedores: Qatar, Argelia, Nigeria, Australia y, sobre todo, EE UU, un país del que en los últimos años ya se importaba gas, pero que ahora cobra otra dimensión en la matriz energética comunitaria.

Este giro también ha dado alas a las voces que abogan por replantear el veto que existe en la mayoría de Europa a esta técnica, que consiste en inyectar agua, arena y productos químicos a alta presión a través de un pozo para romper la roca madre en la que están alojados el gas y el petróleo para poder extraerlos. Al margen de los impactos medioambientales locales y los microterremotos asociados a la extracción del gas de esquisto, los grupos ecologistas advierten de que apostar por esta técnica supone incrementar la dependencia de la energía fósil, la principal responsable del cambio climático.

Pero, ¿cabe realmente esperar un cierto reverdecimiento de proyectos de fracking que estaban en el olvido en el Viejo Continente? “La respuesta corta es no. La fase inicial de exploración únicamente ha progresado [en la última década, no ahora] en el Reino Unido y en Polonia”, recuerda Michael Bradshaw, profesor de Energía Global en la Universidad de Warwick. En parte, dice, por la significativa oposición pública a los proyectos; en parte por el escaso impulso gubernamental; y en parte, también, porque en algunos lugares en los que sí se dio el visto bueno a seguir adelante con las exploraciones, los resultados fueron “decepcionantes”. En el caso británico, del que es buen conocedor, tampoco ha terminado de materializarse en nada concreto. “El esquisto no es parte de la solución, e incluso si la moratoria se levantase pronto, no tendría un impacto material a corto plazo”.

En el energético, como en tantos otros ámbitos, las diferencias entre Europa y Estados Unidos son profundas. Y en el caso de la facturación hidráulica, las realidades de ambos bloques son especialmente dispares. Primero, por el recurso en sí: según el último conteo de la Administración de Información Energética estadounidense (EIA, por sus siglas en inglés), ese país tiene casi el doble de reservas de gas de ese tipo que toda la UE junta. “El esquisto en Europa es mucho menos propicio: la arcilla dificulta la capacidad de fractura. Llevaría mucho tiempo llegar a un punto en el que marcase la diferencia”, apunta Paul Stevens, del prestigioso centro de estudios británico Chatham House.

Segundo, por los conocimientos previos: EE UU lleva años de experiencia con este tipo de técnica, en la que las economías de escala (donde sube la rentabilidad al aumentar la producción) son particularmente importantes, mientras que el bloque europeo partiría prácticamente de cero. Y tercero, por la aceptación social: incluso en el Reino Unido, un país mucho más abierto a este tipo de procesos que la Europa continental, la popularidad de esta técnica es muy baja. “Son situaciones muy diferentes [a ambos lados del Atlántico]: la mayoría de condiciones que permitieron la revolución del fracking en EE UU sencillamente no se dan en Europa”, resume Bradshaw.

Alexandre de Robaulx de Beaurieux, geólogo del instituto suizo Siper, recuerda que “EE UU ha conseguido producir ocho millones de barriles de petróleo fracking con la mejor tecnología que se pueda imaginar y con marcos jurídicos muy amigables para la industria”. “Quien dice que eso se puede conseguir en Europa está haciendo castillos en el aire”, desliza por correo electrónico. Robaulx de Beaurieux no cree, además, que sea una cuestión ambiental la que ha frenado todo impulso hacia la fracturación hidráulica en Europa: “Cuando los precios suben, el péndulo cambia de posición y, de pronto, mucha gente vuelve a interesarse de nuevo por él. Pero es tan sencillo como que no hay recursos”.

Con todo, guerra mediante, algunos gobiernos como el británico no cierran ahora la puerta a levantar una prohibición que en el Reino Unido data de 2019. En España ―donde el Colegio de Geólogos ha pedido que se permita el uso del fracking para extraer gas, algo que rechazan los grupos ecologistas—, la ley de cambio climático cerró la puerta al uso de la fracturación en mayo de 2021. El Ministerio para la Transición Ecológica insiste en la negativa: “No nos planteamos el fracking. La apuesta es por acelerar la transición energética, el despliegue de renovables, el ahorro y la eficiencia, para electrificar la economía”, señala un portavoz.

EE UU: más permisos de perforación

Con el precio del petróleo claramente por encima de los 100 dólares por primera vez en ocho años y del gas natural en niveles difícilmente imaginables hace solo unos meses, la fracturación hidráulica vuelve a brillar en EE UU, un país que en los últimos años se ha acercado a algo que se parece mucho a la soberanía energética. El primer metanero cargado de gas de lutita para la exportación zarpó de las costas estadounidenses en 2016, y seis años después el gigante norteamericano cerrará 2022 como primer exportador de gas del planeta.

En sus primeros meses en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden abogó por regulaciones más estrictas de la industria petrolera, declaró una moratoria para prospecciones en tierras federales para estudiar el impacto ambiental y revocó el permiso para construir un oleoducto, el Keystone XL, que ligaría EE UU y Canadá. La lucha contra el cambio climático es una prioridad en su política, pero la inflación y la guerra de Ucrania han acercado a Biden a una industria que le mira con desconfianza, al sentirse demonizada. Los datos son nítidos: en su primer año, el demócrata ha superado a Trump en concesión de permisos de perforación en tierras y aguas públicas. Su Administración otorgó la mayor concesión offshore del golfo de México (32 millones de hectáreas) el año pasado, aunque un tribunal federal la bloqueó por no tener en cuenta el impacto ambiental.

Tres de las mayores empresas de gas de esquisto reportaron en febrero un récord en sus beneficios el año pasado, los más altos en más de una década. Los frackers más importantes del país registran enormes ganancias, pero planean mantener la producción a un ritmo bajo este año, conforme a un acuerdo con Wall Street. Para animarles a producir más, Washington ha reiterado estos días que las compañías no enfrentan restricciones gubernamentales para perforar a corto plazo, aunque en el largo plazo siga invitándolas a adoptar formas de energía más limpias en respuesta al cambio climático.

Incluso antes de la invasión de Rusia, la presión de la inflación había provocado un aumento en la actividad extractora. En diciembre, la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, instó a aumentar la producción y el número de plataformas. Exxon Mobil anunció este mes que subiría su inversión en nuevos pozos, y los frackers, que alguna vez pensaron que su industria estaba muerta, regresan hoy por la puerta grande. A espaldas de la Casa Blanca, están reabriendo plataformas de perforación en campos casi abandonados desde 2020 por el bajo precio del petróleo y la escasa rentabilidad, en Oklahoma y Colorado.

Los activistas ambientales, mientras, temen un rearme de la industria del petróleo y del gas, aprovechando el temor de los consumidores y con desdén por la emisión de gases de efecto invernadero. Los influyentes lobbies han redoblado estas semanas su presión sobre los legisladores, con un bombardeo de memorandos que cantan las ventajas de los combustibles fósiles.

La titularidad de la tierra es clave. “El 90% de la producción de yacimientos terrestres se realiza en terrenos que no son propiedad del Gobierno federal. Del 10% restante, terrenos federales, la industria del petróleo y del gas tiene arrendadas millones de hectáreas. Actualmente, disponen de 9.000 permisos para perforar ya aprobados. Podrían estar extrayendo ahora mismo”, se lamentaba Biden el 8 de marzo, cuando prohibió la importación de crudo ruso. “Incluso en medio de la pandemia, las empresas estadounidenses extrajeron más petróleo durante mi primer año en el cargo que durante el primer año de mi predecesor. Nos estamos acercando a niveles récord de producción de petróleo y gas, y vamos camino de establecer un récord de producción el próximo año”, dijo el mandatario, rechazando de plano las acusaciones de la oposición y la industria de frenar su producción.

Pero fiel a su ideario verde, y haciendo de la necesidad virtud, Biden repite su mantra ante la amenaza rusa: “Ser independiente energéticamente significa reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles”. “La única forma de eliminar la capacidad de Putin y de todos los demás países productores para utilizar el petróleo como arma económica es reducir nuestra dependencia del petróleo”, se leía hace un par de semanas en un comunicado de la Casa Blanca.

El Reino Unido: moratoria desde 2019

El Gobierno de Boris Johnson ha prometido una revisión integral de su política energética como respuesta a la crisis de suministro desatada por la invasión de Ucrania. Y, por primera vez desde el compromiso adquirido por el Partido Conservador en noviembre de 2019, se vuelve a abrir la puerta al fracking. “La estrategia energética debe contemplar todas las opciones, dada la situación actual en Ucrania y el modo en que está afectando al precio del gas y del petróleo”, ha admitido un portavoz de Downing Street.

Presionado en sus primeras elecciones generales como candidato por la oposición laborista, que se comprometía a poner fin definitivamente a esta técnica, el conservador Johnson anunció por sorpresa una moratoria indefinida. Durante la década anterior, la técnica se había convertido en la esperanza de los gobiernos tories de dotar al Reino Unido de mayor autonomía energética. Eso a pesar de que los movimientos de la población local en contra de los proyectos habían adquirido mucha fuerza.

Justo después de la invasión de Ucrania, y de que el Gobierno británico fuera el primero en secundar la decisión de Washington de vetar el petróleo ruso, un grupo de unos cuarenta diputados conservadores envió una carta a Johnson en la que pedía que se replanteara la moratoria del fracking, que “hiciera una pausa y sometiera a revisión la medida”, para poder “reforzar la seguridad energética del país en un momento de tal tensión geopolítica”, decían los parlamentarios.

En la actualidad ya solo quedan dos zonas de extracción de petróleo de esquisto en el Reino Unido, ambas en el condado de Lancashire. La autoridad reguladora energética del país, la OGA en sus siglas en inglés, había dado ya la orden de que fueran taponadas con una capa de cemento. El ministro de Energía, Kwasi Kwarteng, que a través de una tribuna pública en los medios y las redes había expresado su opinión de que no tenía sentido regresar al fracking, porque llevaría tiempo y no ayudaría a reducir costes energéticos, tuvo luego que dar marcha atrás en la Cámara de los Comunes: “Después de hablar con mi honorable amigo, el primer ministro, ambos llegamos a la conclusión de que no tenía ningún sentido precipitarse en sellar con cemento los pozos. Seguimos debatiendo el asunto”.

España: oposición local

En España la burbuja del fracking reventó en 2017, cuando las cinco empresas que querían usar esta técnica y que prometían romper la dependencia nacional de los combustibles del exterior gracias al gas esquisto renunciaron a sus proyectos. Fue por una mezcla de oposición local y de caída de precios del gas, recuerda Samuel Martín-Sosa, activista medioambiental y responsable entonces de la campaña contra el gas de Ecologistas en Acción. “Fue una lucha local, contra los impactos medioambientales del fracking”, explica Martín-Sosa, que ahora está en la organización Climate Action Network. “Aquel movimiento se esfumó”, recuerda. Porque no era contra los combustibles fósiles en general, que España ha seguido y sigue consumiendo, sino contra el impacto concreto de esta técnica sobre el territorio.

El Gobierno del PP intentó impulsar el uso del fracking, cambió la normativa estatal y le abrió la puerta. Pero mientras en Madrid, en el Congreso de los Diputados, ese partido conseguía que la disciplina de voto se mantuviera para los cambios legislativos que se aprobaron para autorizar su utilización, en varias comunidades —como Cantabria y el País Vasco— los parlamentarios populares apoyaron las leyes antifracking autonómicas. Ese rechazo también llegaba hasta los alcaldes: en Burgos, por ejemplo, los cinco ayuntamientos —todos del PP— afectados por el proyecto de la empresa canadiense BNK se oponían a la fractura hidráulica. Esto generó una sensación de inseguridad jurídica entre las empresas. La puntilla llegó con la aprobación en mayo del pasado año de la ley de cambio climático, que cierra definitivamente la puerta a esta técnica.

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