La burbuja del ‘fracking’ en España se pincha
Las cinco empresas que impulsaron el uso de esta técnica renuncian a extraer gas con fracturación hidráulica
Cinco empresas pusieron sus ojos en el subsuelo de España a principios de esta década. Prometían que el milagro del gas esquisto de EE UU podía exportarse y llegar hasta aquí. El Gobierno del PP apoyó el empleo del fracking—la técnica con la que se extrae ese tipo de gas— para rebajar la casi absoluta dependencia nacional de los hidrocarburos del exterior. Pero el fuerte rechazo social —al que se sumaron alcaldes y autonomías— y los bajos precios del gas han hecho fracasar esos planes. Las cinco empresas han renunciado a usar la fractura hidráulica.
Inyectar agua, arena y productos químicos a alta presión a través de un pozo para romper la roca madre en la que están alojados el gas y el petróleo para poder extraerlos. Se conoce como fracking o fracturación hidráulica y ha supuesto una revolución energética en EE UU. Aquí también podía llegar esa revolución, decían las empresas del sector.
El subsuelo de España —principalmente, el de la cuenca vasco cantábrica— alberga unas reservas de gas equivalentes a casi 70 años de todo el consumo nacional actual, señalaba un informe de 2013 encargado por la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo. Escondidos en las entrañas de la tierra había 700.000 millones de euros en gas, añadía esta patronal.
Pero, para extraerlo, era necesario el fracking, demonizado por los grupos ecologistas, cuyas dudas medioambientales sobre esta técnica terminaron calando en la sociedad. El Gobierno del PP cambió la normativa estatal y le abrió la puerta. Pero con esta técnica no solo se fracturaba la roca que aloja el gas, también la unidad de los partidos. En Madrid, en el Congreso, el PP conseguía que la disciplina de voto se mantuviera para los cambios legislativos que se aprobaron para autorizar su uso a partir de 2013. Pero en varias comunidades —como Cantabria o el País Vasco— los parlamentarios populares apoyaron las leyes antifracking autonómicas. Ese rechazo también llegaba hasta los alcaldes: en Burgos, por ejemplo, los cinco Ayuntamientos —todos del PP— afectados por el proyecto de la empresa canadiense BNK se oponían a la fractura hidráulica. "Se creó una sensación de inseguridad jurídica", admiten fuentes del sector de los hidrocarburos.
Además, ya en marzo 2016, la mayoría de grupos en el Congreso sacó adelante un iniciativa en la que instaba al Gobierno a prohibir la técnica. Para entonces, las empresas habían empezado ya su retirada de España, empujadas también por la caída del precio del gas y el petróleo.
Las cinco compañías que lideraron el movimiento profracking —crearon un grupo de presión llamado Shale Gas España— fueron: BNK, la estadounidense Heyco, la canadiense R2 Energy, la norteamericana San Leon y Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA). Todas han renunciado ya a esta técnica en España.
La última, SHESA. Es una sociedad pública, dependiente del Gobierno vasco, que pretendía extraer gas con fracking. A finales de este febrero el BOE publicó el rechazo del Ejecutivo central a suspender cinco permisos de investigación de hidrocarburos que tiene concedidos. Shesa había pedido la suspensión para que no corrieran los plazos de tramitación y no perder esos derechos, señala esta sociedad. La empresa reconoce que uno de esos permisos lo dan por perdido. Es el Angosto 1 —que se extiende por País Vasco, Cantabria y Castilla y León—, donde SHESA pretendía usar la fracturación hidráulica. "Pero ya se ha renunciado", añade esta sociedad. Su intención es seguir peleando por los otros cuatros permisos, pero ahí solo se emplearían técnicas convencionales.
País Vasco
Lo mismo ha ocurrido con las otras cuatro empresas que lideraron el lobby del fracking. BNK renunció a sus dos permisos en 2016 y San Leon —a través de su filial Frontera Energy— hizo lo mismo con los seis que tenía también el pasado año. R2 Energy —con su filial Montero Energy— comunicó a la Comunidad Valenciana —tras la salida del PP de la Generalitat en 2015— que no usaría el fracking en los tres permisos que tenía concedidos allí. Y Heyco estaba asociada con la vasca SHESA. Solo los permisos que afectaban a Euskadi tenían una "inversión comprometida" de 80 millones, según un informe de la Abogacía del Estado.
Se podría decir que esta fiebre —o burbuja— del fracking en España comienza y acaba en Euskadi. En 2011, el socialista Patxi López, entonces lehendakari, viajó hasta Texas y, al pie de un pozo de shale gas, anunció que el País Vasco tenía reservas de gas para autoabastecerse durante 70 años. Seis años después, Euskadi cuenta con una ley que, aunque no prohíbe la técnica, la hace casi inviable debido a los requisitos ambientales. La norma partió de una iniciativa legislativa —que recabó más de 100.000 firmas— y salió adelante en el Parlamento vasco gracias a los votos de EH Bildu, PP y PSE.
Varias comunidades, antes que Euskadi, aprobaron leyes que prohibían sin más esta técnica. Y el Tribunal Constitucional las fue anulando al entender que invadían competencias del Estado. Así que en el País Vasco se buscó esa vía alternativa: no vetar sin más el fracking, sino imponer unas condiciones muy estrictas. El Constitucional todavía estudia el recurso interpuesto por el Gobierno central contra esa norma.
La vía vasca es la que ha elegido Castilla-La Mancha, cuyas Cortes aprobaron la semana pasada una ley similar. "No podemos prohibirlo, pero sí hacerlo imposible", resume el consejero de Medio Ambiente, Martínez Arroyo. "Hay un movimiento social de rechazo muy importante", apunta el consejero. "La presión social ha jugado un papel importante, pero no solo en España, en toda Europa", indica Samuel Martín-Sosa, de Ecologistas en Acción. "El único país de la UE en el que sigue la apuesta clara es Reino Unido", añade.
La punta de lanza en Burgos
La canadiense BNK Petrolium fue la empresa que más lejos llegó en España. Partiendo de sus dos permisos de investigación en el norte de Burgos, en la comarca de Las Merindades, pidió al Gobierno central y al de Castilla y León que le permitiera abrir 12 pozos de exploración en los que utilizaría la fracturación hidráulica para extraer el gas. Pero nunca consiguió los permisos ambientales de estas dos Administraciones. Finalmente, la empresa renunció a sus dos permisos el pasado año. Y ya ha desmantelado toda su estructura en España.
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