La sequía fuerza a España a invertir más de 300 millones en las desaladoras

Como un náufrago sediento, España se seca y recurre al mar para saciar su sed. Casi dos décadas después de que el Gobierno, empujado por el auge del turismo, emprendiera un multimillonario plan para llenar la costa de desaladoras con las que garantizar el riego al mismo tiempo que se abastecía a millones de personas, la emergencia climática lo empuja ahora a aumentar su capacidad de producción potable ante la falta de lluvias. El Ejecutivo central proyecta un presupuesto de 127,5 millones para aumentar un 25% su capacidad de desalinización en el sureste de España, con ampliaciones de cinco de las 11 principales desaladoras de mar que gestionan entre la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, según datos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed). Los Ejecutivos de Cataluña y Baleares, que gestionan sus propias plantas, también proyectan aumentar su capacidad antes de 2027. En especial Cataluña, que pretende doblar su capacidad en cinco años con una inversión de 176 millones.

El fantasma de la sequía bordea la España mediterránea y lo hace bajo un cielo vacío de nubes y frente al mar. La idea es sacar de allí, del Mediterráneo, el agua que se perderá por el cielo. El pasado febrero, el Ejecutivo central anunció la autorización para ampliar la instalación de Torrevieja (Alicante), la planta desaladora más grande de Europa, hasta los 120 hectómetros cúbicos al año (actualmente tiene 80). El Gobierno también ha aprobado ampliar las murcianas Valdelentisco (Cartagena), Águilas (Cartagena) y las andaluzas Carboneras (Almería) y Campo de Dalías (Almería). El secretario de la comunidad de regantes de Alhama (Murcia), Alfonso Romero, una zona que se nutre significativamente de la desaladora de Valdelentisco (que ampliará su capacidad 20 hectómetros) opina, sin embargo, que no es suficiente para cumplir las necesidades. “La palabra que lo define es penuria. Necesitamos más agua para poder subsistir”, resume un agricultor, que pide más recursos.

Muchos de los turistas que se bañan en la extensa playa barcelonesa de El Prat no saben que lo hacen en la misma agua que después, ya potabilizada, saldrá del grifo de su hotel. La extrae un tubo que se eleva sobre la arena 500 metros mar adentro, desde donde se transporta a un recinto de dimensiones faraónicas repleto de bidones y encajonado entre el aeropuerto de Barcelona y buques mercantes. Al final de un proceso ensordecedor, de cada 100 litros extraídos del mar, 45 serán aptos para el consumo humano. Es la desalinizadora de El Prat, la gran locomotora en la desembocadura del río Llobregat que garantiza el suministro a millones de hogares de Barcelona.

La planta catalana nunca había acumulado tantos meses (en total ocho, desde enero) a una capacidad tan alta de producción: 140 millones de litros al día. Fuentes del Govern admiten que sin la aportación de la desaladora Barcelona ya habría entrado hace semanas en alerta por sequía. “Con lo que hay en los embalses no es suficiente”, dice Carlos Miguel, jefe de planta, entre motores de 2.000 kw que hacen girar el agua en forma de espiral para hacer el proceso de osmosis. Fue inaugurada en 2009 como la planta desalinizadora más grande de Europa. Hasta 2018, cuando a más de 500 kilómetros se amplió la capacidad de la desaladora de Torrevieja (Alicante), ideada para abastecer fundamentalmente a los agricultores del sureste de España en la Comunidad Valenciana y Murcia, la huerta de Europa.

España es el primer país de Europa (y el quinto en el mundo) con más capacidad para generar agua desalada: aproximadamente cinco millones de metros cúbicos al día, una cantidad con la que potencialmente se podría suministrar agua a una población de 34 millones de habitantes, según datos de la Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR), que agrupa a las empresas del sector. En la actualidad, en España hay instaladas 68 desaladoras de mar, islas Canarias y Baleares incluidas, con una capacidad de entre 10.000 y 250.000 metros cúbicos al día. Pese a estas cifras, hay territorios, como Murcia y Cataluña, donde en opinión de Domingo Zarzo, presidente de AEDyR, todavía existe un déficit importante y donde la capacidad de desalación debería ampliarse. “Más que volver a construir grandes plantas, como ya se hizo a principios de siglo, es necesario hacer más pequeñas para usos agrícolas o ampliar la capacidad de las que ya están en funcionamiento”, cree Zarzo.

Entre los años 2004 y 2011, el entonces Gobierno del socialista José Luís Rodríguez Zapatero implantó 25 plantas en la costa mediterránea para suplir el déficit hídrico. El plan contó en un principio con la oposición del sector ecologista, que se quejaba del enorme coste energético, su contaminación asociada y el bajo nivel de actividad que algunas instalaciones registraron durante años. Sin embargo, el especialista Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, cree que con el paso de los años se ha demostrado que su implantación era necesaria y que el futuro hidrológico deberá seguir encaminado en producir agua desalada al mismo tiempo que se mejora el ahorro y la calidad de la superficial. “No solo es la falta de lluvias, también es lo que perdemos por evaporación por culpa del aumento de temperaturas”, alerta el catedrático.

La Generalitat de Cataluña prevé que para mediados de siglo lloverá un 7% menos, por lo que las aportaciones de agua de sus cuencas internas se reducirán un 18%. Para afrontarlo, el Govern proyecta su segunda mayor inversión desde que en 2008 una gran sequía obligara a implantar restricciones en Barcelona y cambiara la política hídrica de la comunidad. Se hará con una millonaria inversión en cinco años a través de la construcción de nuevas plantas desalinizadoras y de reutilización, recoge su plan hidrológico 2022-2027. El Ejecutivo autonómico quiere duplicar su capacidad de desalación para pasar de los 80 a los 160 hectómetros (hm³) al año. La desalinizadora del Tordera pasará de los 20 actuales a los 80 hm³ y se construirá una planta en la cuenca del Foix. Ecologistas en Acción denuncia que se priorice la desalinización antes que recuperar el agua de los acuíferos de Cataluña, donde siete de cada 10 están contaminados por la agricultura y la industria cárnica.

El gasto energético supone el mayor coste asociado a la producción del agua desalada. “Aunque el agua más cara, como se dice, es la que no existe”, dice el presidente de AEDyR. Zarzo defiende, sin embargo, que con los años la tecnología ha hecho más eficiente la producción. Recuerda que hace más de una década el coste para producir el metro cúbico llegó a ser de 20 kWh, y que ahora se ha rebajado a 3, una cifra que cree ya será muy complicado bajar. “El límite termodinámico es ya muy difícil de mejorar”, dice. “Nos cuesta 48 céntimos el metro cúbico. No nos salen las cuentas”, se queja, sin embargo, el agricultor Romero.

Los agricultores se organizan y en los últimos años agrupaciones de empresarios de las provincias de Murcia y Almería planean proyectar varias desaladoras propias para reducir su dependencia de los trasvases. La consejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, pidió en marzo al Estado que bonificara el agua desalada a los municipios.

La situación de estrés hídrico es tan grave en algunas zonas que hay ayuntamientos que contratan pequeñas desaladoras portátiles con las que subsistir en verano. Y en algunos casos, son por motivos muy diferentes a los agrícolas. En la esquina pirenaica de la Península frente al Mediterráneo, en Port de la Selva (Girona), un pequeño municipio de la Costa Brava cuya población se multiplica en verano por el turismo, se vio forzada en 2018 a contratar una pequeña desaladora móvil con la que garantizar el abastecimiento. El turismo también colapsa los grifos. Según un estudio reciente de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), uno de cada cuatro litros de las islas es consumido por turistas. El 70% del agua del grifo de Ibiza ya proviene del mar.