El Gobierno sufre para sacar la ley de bienestar animal con duros reproches entre los socios

En otra jornada deslizándose al borde del precipicio y en medio de toda clase de reproches entre las dos formaciones del Gobierno y de sus aliados parlamentarios con ellos, el Congreso ha sacado finalmente adelante este jueves la controvertida ley de bienestar animal y la reforma del Código Penal para castigar más el maltrato. Unidas Podemos, impulsora del proyecto a través del Ministerio de Derechos Sociales, tuvo que tragar con dejar fuera de las protecciones previstas en la norma a los perros de caza, después de que el PSOE se aliara en este punto con la derecha. Las formaciones del Ejecutivo ofrecieron un nuevo espectáculo de división en una semana en que se han agudizado sus enfrentamientos públicos por la reforma de la ley del solo es sí. Tras una mañana de intriga, el texto salió con 174 votos a favor, 167 en contra y 7 abstenciones.

El debate final de la ley, que incluye medidas como cursos obligatorios para todos los dueños de perros y la esterilización forzosa de los gatos, fue la culminación a un tempestuoso trámite de meses, repleto de interrupciones por las discrepancias sobre su contenido y que acabó derivando en un fuerte choque entre los dos partidos del Gobierno, por mucho que acabasen votando juntos. La sesión deparó un constante chorreo de recriminaciones: de Unidas Podemos al PSOE por haber sacado adelante con la derecha la “enmienda de la vergüenza” que excluye de las protecciones previstas en la norma a los perros de caza y a otros animales que desempeñan labores específicas (pastoreo, tareas de rescate o de seguridad con las Fuerzas Armadas); de los aliados parlamentarios —también de los que, pese a todo, permanecieron fieles al Gobierno— por una tramitación que denunciaron como “caótica”; y de la derecha, que en su cascada de acusaciones llegó hasta a denunciar, por boca tanto del PP como de Vox, que con las nuevas leyes se podrá castigar hasta a quien quiera “exterminar ratas en su casa”. En eso al menos sí coincidieron los dos partidos del Ejecutivo, que calificaron de “bulos” tales conclusiones.

Los aliados del Gobierno se dividieron. De un lado, ERC y EH Bildu apoyaron la ley a regañadientes y tras lanzar críticas muy ásperas por la exclusión de los perros de caza. Más País, en cambio, se descolgó de la mayoría por esa razón y por otro de los motivos que más desagrada a los grupos de izquierda: que se permita conmutar por una multa las penas de cárcel por maltrato animal. PNV y PDeCAT también se pasaron al no, aunque en este caso con el argumento central de que la ley invade competencias de las comunidades autónomas. Por el contrario, el Gobierno logró un apoyo menos habitual, el de la CUP, y logró salvar el apuro gracias a varias abstenciones, entre ellas la de Junts.

Hasta el último momento, los pasillos y el patio del Congreso hirvieron de cábalas ante la incertidumbre del resultado, mientras continuaban las negociaciones y algunos grupos escondían hasta el último minuto el sentido de su voto. Fuera de la escena, los cargos de La Moncloa se esforzaban a golpe de teléfono para contactar hasta con el grupo más pequeño. Como tantas otras veces esta legislatura, ningún voto sobraba. La situación era tan extraña que dentro del hemiciclo la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, incluía al PDeCAT en los agradecimientos a las formaciones que supuestamente iban a apoyar la ley, mientras fuera del salón de sesiones el grupo catalán anunciaba su voto en contra.

Cruce de críticas

El Gobierno se vio en medio de un contradictorio cruce de críticas. Por la izquierda, acusaban al PSOE de haber sucumbido al “lobby de la caza”. Y por la derecha, de hacer una ley con criterios urbanitas e “ignorando al mundo rural”. El cuadro se completó con las recriminaciones entre los dos socios del Gobierno, cuya discrepancias ya habían jalonado todo el trámite previo. El diputado de ERC Joan Capdevila lo describió con mordacidad: “Se han dedicado a jugar al relato. No se trataba de quién mataba la ley, sino de a quién culpar de matar la ley, mientras los demás íbamos poniendo oxígeno para mantenerla”.

Unidas Podemos no se reprimió en airear durante el debate los reproches más amargos a su socio de Gobierno. Dirigiéndose a la bancada de la derecha, el diputado Juantxo López de Uralde afirmó: “El PSOE se ha arrodillado ante ustedes”. Luego, la propia ministra Belarra acusó a los socialistas de ponerse al lado de “los que cuelgan de los árboles a los perros de caza y entierran cachorros en cal viva”. Mientras, en el patio, las críticas se deslizaban en voz baja en los corrillos con periodistas, donde se cruzaban culpas por las dificultades para encontrar apoyos entre los demás grupos. Los socialistas evitaron entrar a la disputa y su diputada Begoña Nasarre se limitó a pedir a sus socios que no alienten la “confrontación”. “Ahí es donde nos quiere la derecha”, afirmó.

Pese a todo, UP prefirió finalmente mantener una ley salida de uno de sus ministerios, aunque con esa exclusión impuesta a medias por el PSOE y la derecha. Belarra lo justificó así: “La tramitación de esta ley ha sido enormemente difícil y hemos llegado lo más lejos que hemos podido con las fuerzas que teníamos”. Cuando se hizo público el resultado de la votación, solo los diputados de Unidas Podemos se levantaron para aplaudir, mientras los del PSOE hacían la estatua.

La ley incluye medidas como el mencionado curso obligatorio para todos los dueños de perros, así como la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil para todos los canes (algo que ya ocurre en algunas comunidades) y la desaparición de la lista de perros peligrosos, que será sustituida por un test de sociabilidad. Además, será obligatorio castrar a todos los gatos, salvo aquellos que se inscriban en el futuro en el Registro de Criadores de Animales de Compañía, informa Miguel Ángel Medina.

Mientras, la reforma del Código Penal supone doblar las penas máximas por maltrato animal, de manera que el castigo por la muerte de un animal sería de 12 a 24 meses de cárcel (o multa de 18 a 24 meses), y si confluyen dos agravantes se podría alargar hasta 36 meses de prisión. Las agravantes del actual Código Penal se producen cuando en el maltrato se utilizan armas, objetos o métodos peligrosos para el animal, si media ensañamiento, cuando se cause al animal la pérdida de un sentido u órgano principal, y si se realiza en presencia de un menor. La reforma amplía estas circunstancias para adaptarse a más situaciones: además de las cuatro anteriores, incluye agravantes si quien maltrata es el dueño del animal, si se hace con ánimo de lucro, si el hecho se produce para hacer daño a una pareja o expareja (violencia vicaria), si se hace en público o se difunde por las redes sociales, o si se utiliza veneno u explosivos.

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