La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga el robo del agua en el acuífero de Doñana

La actuación del Estado contra los pozos ilegales que esquilman el acuífero de Doñana se amplía. La Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene abiertas unas diligencias preprocesales —una investigación previa a la presentación de una demanda o denuncia— sobre la responsabilidad medioambiental que pueda haber en la extracción de agua sin permisos del acuífero 27, del que se nutre el parque nacional de Doñana, pero también una potente agroindustria en Andalucía. Las captaciones sin control son una de las razones que han llevado al límite a este emblemático espacio natural. En junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por incumplir su obligación de proteger Doñana debido, entre otros motivos, a las extracciones de agua para la agricultura.

Esa condena no acarreó multa alguna para España, pero la Comisión Europea —que fue la que denunció al Gobierno por el mal estado de Doñana— mantiene abierto un expediente por este mismo motivo. Tras conocerse los planes del PP y Vox en Andalucía para ampliar la superficie de regadío en el entorno del parque, Bruselas comunicó en marzo de este año que acudirá de nuevo al Tribunal de Justicia de la UE para pedir esta vez una sanción si siguen adelante esos planes.

Mientras llegaban estas advertencias y los gobiernos central y andaluz se cruzaban críticas y reproches, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió el 8 de mayo abrir unas diligencias preprocesales sobre este asunto, de las que ha informado este jueves el ministerio público y de las que se encarga el fiscal Manuel Campoy Miñarro. “Las diligencias tienen como finalidad poder exigir responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales, públicas o privadas, que estén procediendo a la captación de aguas subterráneas afectantes al espacio protegido de Doñana, sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos”, ha explicado la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Este departamento ya ha ordenado la práctica de algunas diligencias, como la reclamación de informes periciales sobre “los efectos adversos significativos que dichas extracciones ilegales puedan tener en cuanto al el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de aguas superficiales o subterráneas” de Doñana. En esta investigación también está participando la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y el Seprona de la Guardia Civil.

“El decreto es muy novedoso porque es muy proactivo. Supone darle un impulso a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la vía contencioso-administrativa, ya que durante años ha estado muy enfocada en lo penal, y ahora hay cuestiones fundamentales en las que puede ampliar la responsabilidad”, opinan fuentes del caso. Campoy ha sido durante años fiscal de medio ambiente en Valencia, por lo que domina el tema de extracciones de aguas subterráneas.

Hasta ahora las actuaciones de la Fiscalía para rescatar Doñana de los ladrones de agua han estado centradas en el ámbito penal y tanto la de Huelva como la de Sevilla han iniciado procesos contra los agricultores con pozos ilegales y por transformar sin permiso sus fincas a regadíos para invernaderos de fresas. Desde 2007, los freseros han recibido 49 condenas por lo penal, pero al no superar los dos años de cárcel, ninguno de ellos ha entrado en prisión. La vía contencioso-administrativa ha sido explorada, pero por los agricultores, que reclamaban en la justicia para intentar evitar el pago de las multas administrativas impuestas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Ahora el panorama se amplía. Es la Fiscalía la que acude a lo contencioso-administrativo para que los freseros paguen con multas por el daño provocado al acuífero. El ministerio público considera que dado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE no se cumple, está legitimada para acudir a esta vía para lograr que los freseros dejen de esquilmar el acuífero y este consiga recuperar sus niveles de antaño. “La Fiscalía de la Audiencia Nacional busca garantizar las medidas para que la sentencia europea se cumpla. Al margen de que se cometan delitos, le pide a la Guardia Civil que le informe de qué freseros riegan sin permiso o riegan por encima de sus concesiones de agua”, ilustra Juan José Carmona, responsable para Doñana de WWF.

Además de identificar quién está detrás del expolio del agua en Doñana por estar condenadas o tener multas pendientes, el ministerio público pide informes periciales a organismos y expertos para tener la foto completa y ver cómo ha sido dañado el medio ambiente en la zona, en base a la Ley de Responsabilidad Medioambiental, que es el marco normativo en el que actúa. En el decreto, la Fiscalía aclara que los agentes del Seprona deben verificar las extracciones perjudiciales privadas o públicas, para cerciorarse de si hay Ayuntamientos onubenses o sevillanos que extrae agua del subsuelo por encima de los niveles autorizados.

La apertura de la investigación se conoce tras difundirse una sentencia histórica contra agricultores participantes en el saqueo del agua en Doñana. La jueza Isabel de Luque, titular del Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla, ha condenado a tres años y medio de cárcel a cinco hermanos terratenientes por esquilmar el acuífero, al extraer de manera ilegal 19,4 millones de metros cúbicos de agua durante cinco años, entre 2008 y 2013. Si la sentencia se confirma, los latifundistas de la finca Hato Blanco Viejo, en Aznalcázar (Sevilla), ingresarán en prisión por un delito contra el medio ambiente y otro de daños, además de pagar 1,9 millones como indemnización por el robo masivo de agua cometido. Al no superar la condena de dos años de cárcel, ningún agricultor ha entrado en prisión hasta ahora por el expolio de agua en las provincias de Huelva y Sevilla.

Además, el Parlamento andaluz, donde la derecha tiene una cómoda mayoría, tiene previsto aprobar la ley de regadíos en un par de semanas. En el decreto de apertura de las diligencias, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se refiere a esa regularización de regadíos y a las advertencias de la Comisión Europea. “La respuesta indica que dichas actuaciones podrían infringir el derecho de la UE aplicable en materia de medio ambiente, así como que además de las competencias de la Comisión Europea, corresponde a las autoridades nacionales de España garantizar la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo” de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2021.

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