Primera sentencia por el expolio de agua en Doñana que prevé la entrada en prisión de terratenientes

Sentencia histórica contra agricultores participantes en el saqueo del agua en Doñana. La jueza Isabel de Luque, titular del Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla, ha condenado a tres años y medio de cárcel a cinco hermanos terratenientes por esquilmar el acuífero del Parque Nacional, al extraer de manera ilegal 19,4 millones de metros cúbicos de agua durante cinco años, entre 2008 y 2013. Si la sentencia se confirma, los latifundistas de la finca Hato Blanco Viejo en Aznalcázar (Sevilla), dentro de la reserva, ingresarán en prisión por un delito contra el medio ambiente y otro de daños, además de pagar 1,9 millones como indemnización por el robo masivo de agua cometido. Al no superar la condena de dos años de cárcel, ningún agricultor ha entrado en prisión hasta ahora por el expolio de agua en las provincias de Huelva y Sevilla, que durante décadas ha minado su acuífero y provocado que sus valiosos humedales desaparezcan.

“Estas alarmantes cifras han de valorarse en conexión a un espacio como el de Doñana, que ostenta las máximas categorías de protección autonómica, nacional y mundial (…) un territorio singular de permanente atención internacional, un enclave especial y vulnerable, unido a la circunstancia de la continuidad sistemática [del saqueo del acuífero]”. Los latifundistas obtuvieron un “enorme beneficio” económico derivado del riego gratuito a costa de los intereses públicos, resalta el fallo emitido el pasado lunes.

La sentencia coincide con el último trámite de la ley de PP y Vox para ampliar regadíos en el entorno de Doñana, lista para su próxima aprobación parlamentaria. La polémica norma convertirá suelos de secano en regadío en Huelva, lo que añadirá más presión aún al acuífero sobreexplotado, de 2.409 kilómetros cuadrados, y en su peor nivel histórico por la sequía extrema y los pozos ilegales de la agricultura intensiva.

La captación ilegal de agua en esta finca agrícola sevillana donde comienza la reserva en su extremo norte, en el límite entre las dos provincias más occidentales de Andalucía, ha sido “sistemático, ambicioso, de carácter industrial y mantenida durante años”, subraya la magistrada. El robo ha sido de tal volumen que el nivel freático del acuífero bajó hasta 15 metros, según resaltó el perito adscrito a la Unidad Técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente.

A pesar de que la familia Campos Peña solo tenía permiso para regar 456 hectáreas de un total de 1.044, extrajo del acuífero más del doble del riego autorizado por la comisaría oficial de aguas. “Es alarmante desde todos los puntos de vista: un sitio sin agua, dueños con un patrimonio bestial y un robo durante muchos años. La pena es comedida pero muy ajustada a las pruebas periciales”, destacan fuentes del caso. El delito contra el medio ambiente contempla un máximo de cinco años de cárcel.

El fallo aclara que los delitos acreditados de esta familia de hacendados se limitaron a seis años consecutivos, pero hay “claros indicios de usos anteriores irregulares durante un decenio”. Esos indicios están acreditados, aunque no lleven aparejados condena penal, ya que desde 1997 hasta 2008 los cinco hermanos fueron sancionados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con 13 expedientes sancionadores y multas millonarias cuyo pago han intentado evitar durante años.

A pesar de las sanciones económicas y con la investigación judicial en marcha, la Confederación –del Ministerio de Transición Ecológica– concedió en 2018 a la finca otro permiso para seguir regando. Hoy su millar de hectáreas con cultivos de arroz, algodón y remolacha funcionan a pleno rendimiento con dos autorizaciones para extraer agua, según confirma el abogado de la familia, Juan Luis Pérez-Marín.

El saqueo del agua en Doñana que ha acabado con sus lagunas y deteriorado su biodiversidad se ha centrado en la comarca del Condado de Huelva, donde crecen las fresas en invernaderos. Pero el acuífero abarca también toda la parte sur de la provincia de Sevilla, donde grandes latifundistas –con cultivos de frutales, arroz y algodón– han extraído agua sin permiso y esquilmado el enorme acuífero de la reserva. Al margen de esta condena, la Fiscalía sevillana tiene abiertos otros cinco procesos contra hacendados que aún se investigan y no han llegado a juicio. Desde 2007, los agricultores de Doñana han recibido 49 condenas por pozos ilegales y por transformar sin permisos sus fincas a regadíos, según un recuento elaborado la pasada primavera por la Fiscalía de Huelva.

A pesar de que suele estar abierta, este miércoles la cancela de la finca Hato Blanco Viejo –que incluye una plaza de toros para tentadero– estaba cerrada, rodeada de latas de refrescos esparcidas por el suelo. Para opinar sobre la condena, un empleado remitió al encargado de la finca, José María Rodríguez, que rechazó la propuesta, al igual que la familia Campos Peña, a través de su abogado. Los latifundistas recurrirán el fallo ante la Audiencia de Sevilla.

Los acusados, por medio de la sociedad familiar, dispusieron de una instalación de tuberías y pozos “sin tasa ni control administrativo de ninguna clase, de forma descontrolada”, lo que alteró el balance hídrico del acuífero y quebró “el necesario equilibrio del sistema natural”, reprocha la jueza. A pesar de tener un permiso oficial, la finca carecía de contadores de agua.

Para la magistrada, los condenados “no solo pusieron en peligro el acuífero” que alimenta al parque nacional, sino que causaron daños efectivos en el dominio público hidráulico, “en unos recursos hídricos ya significativamente escasos, lo que hace si cabe más reprochable aún la conducta de los hermanos, hecha en su solo beneficio económico”. Como las pesquisas del Juzgado 2 de Primera Instancia de Sanlúcar la Mayor se iniciaron en 2013, la jueza ha rebajado por dilaciones indebidas la pena, que una década después habría sido mayor sin este atenuante.

Durante la investigación judicial uno de los cinco hermanos coautores de los delitos –llamados Francisco, Antonio, Ernesto, José María y Ana María Campos Peña– alegó que ejercía el sacerdocio y otra que vivía desde hace cuatro décadas en Reino Unido, por lo que desconocían el robo masivo del agua. Pero la jueza desdeña esta supuesta ignorancia del delito: los cinco hermanos recibieron durante 11 años “sanciones gubernativas singularmente numerosas” que “conocían inevitablemente”, según la sentencia. “Una conducta diligente” exigía pedir explicaciones a los gestores de la finca –dos de los cinco hermanos– o que cambiaran ese “comportamiento dañino” para el entorno natural.

Los hermanos que se dedicaron a “actividades ajenas a la agrícola, delegaron durante años de manera acrítica en los hermanos que sí se hacían cargo más directamente de la labor agrícola”, censura la magistrada. Uno de los dos gestores de la finca sí admitió las sanciones, pero no las consideraba justas: “La Confederación sabe que lo que dicen es mentira y actúan por presiones”. Llegó incluso a decir que con sus extracciones le hicieron “un favor” a Doñana.

Nula eficacia de la Confederación Hidrográfica

La sentencia demuestra la incapacidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para acabar con el saqueo del agua en Doñana: durante una década el organismo del Ministerio de Transición Ecológica acumuló expedientes sancionadores contra los dueños de la finca, estos siguieron esquilmando el acuífero, y la Confederación no les cerró la tubería ilegal que construyeron y les permitió seguir regando, a sabiendas del daño que cada año causaba al acuífero. Es más, en abril de 2018 el organismo añadió a los condenados una segunda autorización para sumar 756 hectáreas a las 456 regables, según admiten los propietarios. “Prácticamente toda la finca tiene ahora derecho de riego, con una balsa. Mis representados han colaborado y tramitado permisos con la Confederación”, confirma el letrado Pérez-Marín.

Después de 2015 y pese a que el juzgado ya ejecutó medidas cautelares, los dueños de la finca han recibido nuevos expedientes sancionadores por hechos posteriores. Es decir, han seguido regando con aguas sin permiso pese a la actuación de la justicia, según destaca la sentencia. La Confederación ha rechazado opinar y aclarar qué parte de las multas impuestas ha cobrado a la familia de terratenientes.

El juzgado aclara que escapa a su competencia señalar la ineficacia del organismo de Transición Ecológica: “No es la conducta pública más o menos diligente la que es objeto de enjuiciamiento, ni puede mitigar su eventual ineficacia controladora o represiva la responsabilidad de los particulares”.

La finca Hato Blanco Viejo tiene una parte dentro del espacio protegido y mayoritariamente está en zona de acuíferos y marismas, correspondiente al antiguo acuífero 27 Almonte-Marismas, sobre el que se asienta la propiedad. En esta finca, el agua proviene del sistema de precipitaciones y de las capas superiores del acuífero de la zona libre, pero si este acuífero libre no tiene suficiente agua, debe seguir sacándola de la zona que sea –la presión es una succionadora de agua–, incluso de la zona marítima, causando una alteración de las calidades del agua. “Y eso ha ocurrido aquí, parece ser que está ocurriendo y hay un proceso de salinización, todavía no demasiado potente, pero que ya existe”, aclaró el perito judicial de la Fiscalía de Medio Ambiente, cuyo criterio sigue la jueza.

Durante la vista oral, el perito de la Confederación redujo la cantidad de agua extraída a 12 millones de metros cúbicos, lo que equivale a un tercio del embalse de El Gergal, que abastece a la ciudad de Sevilla, unos volúmenes de agua “inmensos”. “Serían miles de campos de fútbol con un metro de agua, ya que es muy difícil imaginar en abstracto ese volumen”, precisó sobre el robo masivo en esta finca.

Hoy la masa de agua subterránea 27 se encuentra en “mal estado cuantitativo” y ha sufrido un descenso significativo en los últimos años, hasta el punto de estar por debajo del nivel considerado históricamente como más extremo, que fue la sequía del 1991 a 1995. La sentencia incluye un ejemplo práctico para entender cómo la biodiversidad ha descendido en picado en Doñana: la extracción ilegal ha afectado a la nidificación y reproducción de aves en la zona. De las 22 especies reproductoras, en 2010 había 20 en regresión.

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