A pesar de las lluvias, más de nueve millones de personas están con restricciones de agua en España

En septiembre y octubre llovió de forma abundante en España, pero no por igual en todas partes. La sequía sigue cebándose con algunas zonas del país, en especial con Cataluña y Andalucía, donde la situación resulta ya muy preocupante. En estas comunidades hay cerca de 9,4 millones de personas con restricciones de agua, unos 5,9 en la catalana y otros 3,5 en la andaluza.

En Cataluña, la actual crisis hídrica supera la sequía de 2008, cuando la comunidad no contaba todavía con desaladoras y se vio forzada a traer agua en barco desde Francia para abastecer a Barcelona. Las altas temperaturas, la escasez de lluvias y los bajos niveles de los embalses, poco más del 18% de su capacidad, han convertido la actual sequía en la peor de su historia por su extensión (afecta a más del 50% del territorio) e intensidad. En los últimos tres años, sólo han llovido 1.400 de los 1.900 litros por metro cuadrado que deberían haber caído. El agua que falta equivaldría a que se inundara toda Cataluña medio metro de altura (500 milímetros). Y no se prevé que la próxima ventana de lluvias de abril o mayo, en base a las previsiones estacionales, revierta la situación, como afirma Sarai Sarroca, directora del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat). El consejero de Acción Climática, David Mascort, recalcó el pasado martes, tras aprobar el estado de preemergencia, que el agua durará “lo que seamos capaces de estirarla”.

La Generalitat, que realizará obras en el Puerto de Barcelona para volver a traer agua potable con barcos, diseñó la preemergencia para no ingresar en diciembre en la fase más dura del Plan Especial de Sequía (PES) que planificó en 2020: la emergencia, que supondría un duro golpe para la economía. Se trata de un llamamiento a la población para ahorrar toda el agua posible cada vez que se abre el grifo. Este nuevo estadio, no incluido en el PES, reduce el consumo a 210 litros por persona y día para los casi seis millones de habitantes que se abastecen del sistema Ter-Llobregat, la principal fuente de las cuencas internas, y que residen en el área metropolitana de Barcelona y de Girona, entre otros. Aunque ya hay 37 pueblos o ciudades en los que se ha declarado el estado de emergencia donde el consumo se restringe a 200 litros y un 25% el uso industrial.

La gran sequía también se notará en los bolsillos: el recibo del agua subirá de media un 11,5% por el incremento de gastos para paliar la falta de lluvias. En total, hasta 202 municipios entrarán el próximo jueves en este nuevo estadio que prohíbe el riego con agua potable de jardines y parques (a excepción de los espacios deportivos federados y los árboles); la limpieza de calles y vehículos; y el llenado de piscinas privadas de uso individual o fuentes ornamentales. Las restricciones de los sectores económicos se mantienen en la reducción del 15% del agua, igual que en el escenario de excepcionalidad donde han permanecido ocho meses todos estos territorios. Son medidas presentes en la fase de emergencia del PES, pero aplicadas ligeramente más suaves. De todas las poblaciones afectadas, hasta 115 superan el límite establecido por el Govern, como Riudellots de la Selva (Girona) o Pacs del Penedès (Barcelona), aunque representan el 20% de la población (un millón d habitantes). Las grandes ciudades como Barcelona, Badalona, L’Hospitalet de Llobregat o Girona ya cumplen este consumo.

La Generalitat de Cataluña empezó en 2008, bajo el gobierno tripartito de PSC, ERC e Iniciativa Per Catalunya, a invertir en infraestructuras para hacer frente a los episodios de sequía de la comunidad. Se construyeron desalinizadoras como la de El Prat (Barcelona), inaugurada en 2009, y se amplió la de Tordera (Girona), que se encuentran a máximo funcionamiento desde febrero de 2022, lo que ha evitado, por el momento, una situación crítica de abastecimiento en las grandes ciudades. Ahora, la Generalitat prevé generar 240 hectómetros cúbicos de agua con la inversión de 407 millones de euros hasta 2040 en infraestructuras de regeneración de agua para suplir el 15 o 25% de lluvias que tendrá Cataluña de forma permanente, según advierten los expertos y el propio Govern. Mientras Aigües de Barcelona, la empresa público-privada que gestiona el abastecimiento de los 36 municipios del área metropolitana de la capital catalana, lleva realizando desde septiembre pruebas en la reducción de la presión en las cañerías de suministro para disminuir el consumo.

La gestión del agua ha sido muy criticada por entidades ecologistas como Aigua és Vida, Ecologistes en Acció de Catalunya o Greenpeace. Aseguran que el Ejecutivo catalán ha dado la espalda a las evidencias científicas y no ha querido abordar el modelo actual de crecimiento económico a través del turismo, la ganadería intensiva y la exportación de la fruta. Sobre la estrategia de duplicar la producción de agua desalinizada y regenerada, las organizaciones alertan del impacto que estas infraestructuras tienen sobre el precio de este recurso, aunque el agua regenerada es una buena opción para el abastecimiento metropolitano “siempre que se conserve la gestión pública de estas infraestructuras”, apuntan.

En Andalucía, la sequía también se ha agravado, con esos 3,5 millones de personas que ya sufren restricciones. Las lluvias fueron generosas en septiembre y octubre en parte de la comunidad, pero como el escenario previo era desastroso y en noviembre apenas ha llovido, los acuíferos siguen bajo mínimos y los embalses menguan hasta caer al 20% de su capacidad. Más allá de las restricciones están los cortes de agua: solo en la provincia de Córdoba hay 24 pueblos y en Málaga otros 14 los sufren. El fantasma de la sequía de 1995 ya no es tal y hay miles de vecinos que abren el grifo en ciertas horas del día y no sale nada.

En la Sierra de Cádiz, el enorme pantano de Zahara de la Sierra tiene 222 hectómetros cúbicos de capacidad, pero está prácticamente seco y solo conserva siete —un pírrico 3%—. Su cuenca, la del Guadalete-Barbate, tiene hoy el peor dato de todo el país, con un 14% en su decena de embalses. Mientras, la economía contrae su crecimiento dado el peso de la agricultura y la ganadería, a pesar del tirón del turismo. La desesperación cunde entre expertos, agricultores y cada vez más ciudadanos que sufren en sus carnes los efectos de la sequía extrema y hace tiempo que el cambio climático protagoniza sus conversaciones y lamentos.

Andalucía arrastra ya una década con precipitaciones por debajo de la media, situada en 562 litros por metro cuadrado los últimos 30 años. Las lluvias equivaldrían a 8,3 años, por lo que faltan 1,7 años de esa década.

El problema añadido al hecho de que llueva menos es que llueve peor: “No solo faltan precipitaciones, sino que llueve de manera diferente, con más danas intensas y localizadas que borrascas, que son más extensas y regularmente repartidas”, ilustra Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla. Si antes las lluvias se localizaban durante el invierno, ahora llegan sobre todo en otoño y primavera, de manera más torrencial y en menos territorio, lo que no ayuda a las cosechas y erosiona el suelo.

La región sufre esta sequía desde mucho antes que el resto del país. Si la Península sufre la escasez desde hace un año según el índice de sequía pluviométrico estandarizado, en la cuenca del Guadalquivir empezó en febrero de 2021, hace ya casi tres años. Pocos meses después, en junio de ese mismo año, la Axarquía malagueña también fue declarada en situación de sequía prolongada con escasez grave o emergencia. A mediados del pasado verano arrancaron allí los primeros cortes de agua en pequeños pueblos, pero también en la capital: Vélez-Málaga (80.000 habitantes), donde no hay agua disponible durante más de 12 horas diarias. Ayer sábado se sumaba también a los cortes Rincón de la Victoria (50.000 habitantes). “La situación es extrema y los cortes nocturnos son el mal menor. Si no logramos reducir el consumo de agua, serán más amplios y no podremos asegurar el suministro durante el día”, explicó su alcalde Francisco Salado.

Esta localidad ha pasado el verano con el paseo marítimo levantado por unas obras de emergencia para facilitar la llegada de agua desde la capital hasta la zona oriental de la provincia malagueña, donde la situación es crítica ante la situación del pantano de La Viñuela (al 7,62% de su capacidad, su mínimo histórico) y la gran demanda tanto del turismo como de los cultivos subtropicales. Éstos no pueden usar agua embalsada desde hace más de un año, y ante la falta de precipitaciones la producción haya caído un 80% durante la última cosecha. Para paliarlo, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha diversas obras que permitirán usar agua regenerada, aunque los agricultores aseguran que, además de ser más cara, es de peor calidad y afecta a la salud de sus cultivos.

“Las lluvias apenas se han notado y una parte de ese 20% de capacidad no existe en los embalses porque el vaso por debajo está cada vez más lleno de tierra. ¿Cuál es el mensaje? ¿Tenemos un plan b? ¿Cuáles son las prioridades? Hay que empezar a hablar del reparto social del agua porque crece la desigualdad. ¿Por qué no prohibió la Junta regar el césped hace seis meses? Estamos continuamente improvisando y no hay seriedad”, acusa Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia.

Andalucía es la primera región de cultivo con regadío en España, con 900.000 hectáreas. Luis Berraquero, de Greenpeace, abunda en las críticas por la gestión del agua de la Junta: “En la cuenca del Tinto Odiel y Piedras en Huelva, tras el anuncio de un 50% de recorte, el lobby agroindustrial anunció una huelga y concentración, y el organismo de cuenca ha reculado. Con menos agua embalsada que el año pasado no se planean recortes”.

La sequía choca con el modelo económico andaluz, que tiene en el turismo y la agricultura dos de sus grandes motores. El sector turístico asegura que las restricciones y, sobre todo, los cortes de agua, afectan a las reservas. El empresario Pedro Blanco, que regenta el hotel Posada del Bandolero en El Borge (Málaga), perdió clientes cuando este verano se cortaba el agua. “Los turistas llamaban para saber si había cortes y, como los había, decidían no alojarse aquí”, relata Blanco, que se vio obligado en agosto a comprar un aljibe, que se llena durante el día y así puede contar con abastecimiento propio cada noche aunque no haya suministro público. “También lo estamos viendo en las viviendas turísticas del pueblo: la gente pregunta si puede venir. Al final todo afecta”, explica Gregorio Campos, alcalde del cercano municipio de Iznate.

El turismo rural es, de hecho, uno de los motores económicos de numerosas zonas de Andalucía, que soporta la friolera de 304.000 piscinas en todo su territorio, una por cada 28 personas, según los datos del catastro. Los datos sorprenden al revisar zonas con grave escasez como la Costa del Sol, donde la densidad se dispara. Es el caso de Marbella, que acumula 10.000 piscinas —es el tercer dato más alto a nivel nacional tras Madrid y Córdoba— con una de estas infraestructuras por cada 13 habitantes. “Es insostenible”, denuncia Javier de Luis, portavoz de Ecologistas Malaka. Llenarlas es una de las restricciones que impuso el municipio ya este verano y al que se están sumando todos los del litoral malagueño como Estepona, Mijas, Fuengirola o la propia ciudad de Málaga. Los ayuntamientos repiten que carecen de inspectores para revisar si se llenan a pesar de las prohibiciones, por lo que queda al albur de la conciencia de los vecinos darse un baño privado o evitar el derroche de miles de litros de agua en otros usos limitados como lavar el coche o regar jardines privados.

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