La erosión provoca la pérdida de mil millones de toneladas de suelo cada año en Europa
Un informe alerta de la mala salud del suelo y de su potencial impacto en los objetivos climáticos y la seguridad alimentaria. Sin embargo, las presiones políticas para dar marcha atrás en leyes medioambientales clave continúan
La salud del suelo en Europa es mala, muy mala. Un nuevo estudio viene a confirmar lo que se viene advirtiendo desde hace años: que los suelos europeos están enfermos, cada vez sufren más pérdida de carbono —lo que dificulta los objetivos de neutralidad climática de la UE— y están sometidos, entre otros, a una amenaza creciente de erosiones: solo Europa pierde cada año más de mil millones de toneladas de suelo, con lo que ello implica en seguridad —física y alimentaria—, destrucción de hábitats o lucha contra el cambio climático.
“Con el 60% del suelo de la UE en proceso de degradación, hay mucho en juego por su impacto en la seguridad alimentaria, los ecosistemas y la salud humana”, advierte el informe, elaborado por expertos del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea, que analiza la situación en los 32 países miembros de la Agencia Europea de Medio Ambiente, así como en los Balcanes, Ucrania y Reino Unido.
El Parlamento Europeo acaba de dar luz verde para negociar con el Consejo (los Estados) la Ley de Vigilancia del Suelo, la primera ley europea sobre la salud del suelo propuesta por la Comisión y que busca lograr unos suelos sanos para 2050. Pero más allá de que muchas organizaciones la consideren insuficiente —sobre todo, carente de objetivos vinculantes y planes nacionales obligatorios—, el problema creciente en la UE no está tanto en aprobar leyes como en implementarlas: pese a ser conscientes del tremendo coste no solo en el futuro del planeta (las pérdidas provocadas por la degradación del suelo se estiman entre los 50.000 y hasta los 97.000 millones de euros anuales), los Veintisiete no han dejado de intentar diluir o incluso dar marcha atrás en normas medioambientales clave.
Ahí está la ley pionera contra la deforestación mundial (EUDR), cuya entrada en vigor se acaba de aplazar 12 meses. O la reacción a las protestas del campo, a comienzos de año, que fue flexibilizar de inmediato requisitos en materia de protección medioambiental de las ayudas agrícolas. En la memoria reciente está también lo mucho que costó aprobar, por la mínima, otra norma pionera, la Ley de Restauración de la Naturaleza, que busca restaurar para 2030 el 20% de las zonas terrestres y marinas de la UE. Y con un nuevo Parlamento Europeo mucho más virado a la derecha y la extrema derecha, muchos temen que las cosas solo pueden empeorar.
“Hay una brecha clara entre los compromisos, no siempre vinculantes, pero que forman parte de las estrategias y programas, y la acción que le sigue”, constata Caroline Heinzel, responsable de políticas sobre suelo de la Oficina Medioambiental Europea (EEB, por sus siglas en inglés, de la que forman parte 185 organizaciones de 41 países). Y las consecuencias son más que medioambientales, subraya Larissa Stiem-Bhatia, del laboratorio de ideas alemán TMG: “La suavización y el retroceso de estas van de la mano de un claro giro a la derecha en muchos países europeos. Los partidos democráticos que defienden la protección del medio ambiente y los derechos humanos están perdiendo masivamente apoyo en muchos lugares. Europa debería avanzar en estos ámbitos, por su responsabilidad global e histórica”, considera la alemana, cuya organización acaba de publicar un Atlas de los Suelos junto con la Fundación Heinrich Böll, ligada al partido Verde alemán, que también denuncia la falta de acción en la materia.
El Ejecutivo europeo niega los rezagos: “La Comisión tiene que ajustar continuamente medidas específicas a los avances en la implementación y otros acontecimientos, pero continúa comprometida en mantener el curso de los objetivos del Pacto Verde europeo, incluida la salud del suelo”, aseguran fuentes comunitarias.
Con todo, las contradicciones están ahí: apenas una semana después de acordar un retraso de 12 meses en la ley de deforestación, Bruselas alerta ahora de que la degradación del suelo “amenaza nuestra competitividad, seguridad alimentaria, productividad agrícola, biodiversidad y resiliencia ante eventos de meteorología extrema y cambio climático”. Casi a la par, anunciaba la movilización de más de mil millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE para ayudar a que Italia, Eslovenia, Austria, Grecia y Francia asuman los costes de seis desastres naturales sucedidos en 2023.
El nuevo informe vuelve a poner negro sobre blanco la amenaza que supone la degradación de los suelos, que son “la base del 95% de los alimentos que consumimos y albergan el 25% de toda la biodiversidad del planeta”.
La erosión del suelo provoca, cada año, mil millones de toneladas de pérdidas de suelo solo en la UE. Casi la cuarta parte (24%) de los suelos comunitarios están afectados por la erosión hídrica, “principalmente en tierras de cultivo”, el 32% de las cuales ya están afectadas. La tendencia es “insostenible”, advierte el informe, ya que “sobrepasa las tasas de formación de suelo”, por lo que “impacta en su calidad y en la productividad de las tierras”. Las cada vez más fuertes lluvias que se registran en cada vez más países hacen que se proyecte un incremento de hasta un 25% hasta 2050 en pérdidas de suelo.
El informe alerta además de un incremento de los desequilibrios nutricionales —un cambio en la composición del suelo— que afectan ya a un 74% de las tierras agrícolas y que pueden provocar daños en la salud humana. Al mismo tiempo, en estas mismas áreas está disminuyendo el carbono orgánico del suelo, esencial para la salud del suelo. Según el nuevo reporte, entre 2009 y 2018 se perdieron 70 millones de toneladas de este carbono orgánico de los suelos minerales de cultivo de la UE y Reino Unido. También se advierte de la “degradación de las turberas”, unos “sumideros de carbono esenciales” porque absorben gases de efecto invernadero de la atmósfera y los almacenan, lo que contribuye a mitigar el cambio climático. Cuando se deterioran, pueden devolver esos gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y es algo que ya está sucediendo, advierte el informe: en la UE, el drenaje de estos humedales es responsable de alrededor del 5% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Se calcula que el 50% de las turberas de la UE están degradadas, y muchas de ellas han sufrido daños irreparables.
La propuesta ley de vigilancia del suelo busca suplir un problema de base: la falta de una legislación específica de la UE, algo que se considera una de las principales causas del alarmante estado de los suelos comunitarios. Pero se queda corta, insisten los expertos. “Vigilar el suelo es muy importante para comprender su estado y desarrollar las medidas que se requieran, pero no es suficiente”, subraya Stiem-Bhatia. Aunque es “un buen primer paso”, coincide Heinzel, se ha quedado en una “ley de mínimos”, por lo que se requerirán “compromisos muy claros” añadidos, al igual que “otros cambios, incluidos cambios en la PAC, destinar dinero a la naturaleza y una buena implementación de la LRN [Ley de Restauración de la Naturaleza] y EUDR”, entre otros.
Algo difícil en el actual panorama político de Bruselas, aunque la candidata a vicepresidenta ejecutiva de la Comisión como responsable de una Transición Limpia, Justa y Competitiva, la española Teresa Ribera, mencione específicamente la salud del suelo entre sus prioridades en la respuesta a las preguntas de la Eurocámara que la deberá ratificar en unas semanas. La cuestión, resume Heinzel, es si hay alternativa: “En vista del importante papel del suelo en nuestra sociedad, ¿podemos permitirnos no hacer nada, o no lo suficiente, cuando necesitamos ese suelo para producir alimentos y ser capaces de vivir en este planeta?”.
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