El Gobierno defiende el cierre de las nucleares pactado con las eléctricas: “La apuesta son las renovables”

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha expuesto este lunes en el Congreso las líneas de trabajo que tiene pensado desarrollar en lo que queda de legislatura. Y la apuesta es por continuar con el trabajo emprendido hace seis años por Teresa Ribera, su antecesora y actual vicepresidenta de la Comisión Europea. “La apuesta son las renovables”, ha dejado claro Aagesen al responder a las preguntas sobre la clausura de las centrales nucleares en la Comisión de Transición Ecológica del Parlamento.

La cercanía del cierre de la central cacereña de Almaraz, la más potente de las cinco que todavía hay activas en España, está haciendo que se redoble la presión desde el sector en defensa de esta tecnología. Y PP y Vox, defensores de la nuclear, han culpado al Gobierno de penalizar a estas centrales y han pedido que se frene el calendario de clausura.

Pero la vicepresidenta ha insistido en que ese calendario —cuya primera parada es el cierre de uno de los dos reactores de Almaraz en 2027— fue pactado por las propietarias de estas centrales —las compañías eléctricas— con Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos que generan. Aagesen ha hecho referencia así al argumentario que emplea desde hace años el ministerio cuando se le pregunta por el cierre nuclear: ninguna compañía eléctrica ha solicitado oficialmente ante este departamento ampliar la vida de sus instalaciones más allá de lo pactado. Ese cierre debería culminar en 2035.

Sin embargo, en los últimos meses en las eléctricas españolas ha habido un cambio de posición, al menos en sus declaraciones públicas. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, defendió la semana pasada en Davos que la tecnología nuclear se ha demostrado “absolutamente necesaria”, en contra de lo que decía hace pocos meses. Además, en un coloquio en ese foro sostuvo que su continuidad podría estar justificada por las necesidades energéticas de los centros de datos que se están anunciando en varias zonas del país.

Pero la clave de este debate está, en el contexto actual, en la viabilidad económica de la continuidad de esta tecnología. Por eso cada vez que las eléctricas sostienen que se deben mantener las centrales abiertas más allá de lo pactado, añaden una coletilla muy importante: si se dan las circunstancias económicas oportunas. Al decir eso miran a los impuestos que dicen que soportan por parte del Estado y las comunidades autónomas, y a la tasa que deben pagar para que Enresa se haga cargo de los desechos radiactivos que generan, cuya gestión supondrán durante décadas miles de millones de gastos. Esa tasa ha aumentado un 20% con el nuevo plan de residuos radiactivos aprobado por el Gobierno hace poco más de un año.

Frente a la nuclear, Aagesen ha defendido la competitividad de las renovables, que además están arrastrando mucha inversión internacional hacia España. “Los inversores nos consideran un país atractivo por las renovables”, ha destacado. Además, ha defendido el impacto positivo que tienen en los precios de la electricidad, tanto la solar como la eólica. Y lo ha contrapuesto con lo ocurrido a finales del pasado año con la parada de otra de las centrales del país, la de Ascó, en Tarragona, que no tuvo impacto en ese precio de la electricidad.

La vicepresidenta, además, ha recalcado que la seguridad de suministro eléctrico “está garantizada” porque Red Eléctrica se encarga de controlar que todos los cierres no tengan impactos. Ha recordado que las renovables están ayudando también a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Para ello se ha referido al reciente informe de la consultora Ember que cifraba en 59.000 millones de euros lo que ha ahorrado la UE en compras de carbón y gas gracias a la nueva potencia solar y eólica instalada en los cinco últimos años. De esos, ha resaltado Aagesen, 14.000 millones se han ahorrado en España.

Vox: “Es un suicidio”

Frente a la posición del Gobierno se han situado en la Comisión de Transición Ecológica el Partido Popular y Vox. El representante de Vox en esta comisión, Ricardo Chamorro, ha sostenido que “cerrar la energía nuclear es un suicidio” y ha recordado que esta tecnología no genera gases de efecto invernadero. Ha pedido que “se cancele el calendario de cierre”. Y también ha abogado por la construcción de nuevas centrales.

En la misma línea, el portavoz de energía del PP, Juan Diego Requena, ha acusado al Gobierno de poner en marcha un desarrollo normativo en los últimos seis años para “promocionar el gas ruso y el cierre nuclear”, una tecnología que ahora proporciona el 20% de la electricidad del país. Ha asegurado, además, que el Gobierno ha vetado la extracción de uranio a través de la ley de cambio climático, ha subido un 20% la tasa de los residuos nucleares y obligó a las eléctricas a firmar un protocolo de cierre.