Lete, ante la encrucijada de los imputados

La comisión directiva del Consejo Superior de Deportes (CSD) que preside José Ramón Lete se reúne hoy para decidir si suspende cautelarmente a los cinco directivos de la Federación Española de Fútbol (FEF) imputados por el juez Santiago Pedraz en el marco de la Operación Soule, en la que se investigan los delitos de apropiación indebida, corrupción entre particulares, administración desleal y falsedad documental. La decisión se tomará con más de un mes de retraso, una vez que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) abrió expediente el pasado 1 de septiembre por tres infracciones muy graves al citado quinteto de directivos, todos ellos presidentes de federaciones territoriales. Los cinco investigados son Vicente Muñoz (Valencia), Jacinto Andrés Alonso (La Rioja), Diego Martínez (Melilla), Antonio García Gaona (Ceuta) y José Miguel Monje (Murcia).

La votación de la comisión directiva del CSD pone a prueba si las medidas tomadas hasta ahora por Lete están encaminadas a una profunda regeneración tras la detención de Ángel María Villar o si permitirá que los cinco imputados sigan tomando decisiones sobre el fútbol español. De momento, el retraso de Lete en convocar la junta directiva ha provocado que el pasado jueves los cinco dirigentes pudieran intervenir en una reunión de presidentes de territoriales en la que se debatió sobre el reparto del dinero público correspondiente al 1% de las quinielas. En dicho encuentro, uno de ellos, Diego Martínez, de Melilla, llegó a proponer una intervención de la FIFA por injerencias del Gobierno al haber suspendido a Villar. Esto podría llegar a suponer la expulsión de los clubes españoles de las competiciones internacionales y que la selección no pudiera participar en el próximo Mundial de Rusia, para el que está a punto de obtener la clasificación. Ayer, el imputado Vicente Muñoz participó junto al alcalde de Alicante en la presentación del partido entre España y Albania de este viernes.

La motivación del TAD para la incoación del expediente a los cinco dirigentes, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, asegura: “A juicio de este tribunal debe señalarse que se derivan indicios racionales de la posible comisión de infracciones disciplinarias”. Dichas infracciones recogidas en el documento del TAD corresponderían a los artículos de la Ley del Deporte sobre el abuso de autoridad (76. 1.a), la incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas del Estado (76.2.d) y el incumplimiento de los acuerdos de la asamblea general, así como de los reglamentos electorales y demás disposiciones estatutarias o reglamentarias (76.2.a).

Rubiales, en contra

El CSD alega para justificar el retraso en la votación de la suspensión la necesidad de contar con seguridad jurídica al respecto. Sin embargo, desde el 16 de agosto, un informe de la Abogacía del Estado solicitado por Lete, al que también ha tenido acceso EL PAÍS, da el visto bueno a la suspensión siempre y cuando el TAD abriera expediente por faltas muy graves a los cinco dirigentes, tal y como sucedió el citado 1 de septiembre. Al no haberse levantado el secreto sumarial cuando se realizó, dicho informe matiza que “no se está en disposición de conocer si todas o alguna / algunas de estas personas han podido incurrir en alguna de estas infracciones muy graves”. Desde hace tres semanas la Abogacía del Estado tiene acceso al sumario en el que se detallan los hechos que el juez Pedraz imputa a los cinco barones. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico concluyen que si a estos cinco se les abre expediente por las mismas razones que a Villar, y a las que además se añaden dos faltas graves más, no tendría sentido que no fueran suspendidos.

Desde que a finales del mes de julio el CSD anunciara que activaría los mecanismos para suspender cautelarmente a todos los imputados, como hizo en los casos de Ángel María Villar y Juan Padrón, Luis Rubiales, presidente del sindicato de futbolistas (AFE), se ha opuesto a la suspensión. A cambio, Rubiales cuenta con el apoyo del quinteto en el caso de una hipotética dimisión de Villar, que daría lugar a unas nuevas elecciones en las que votarían los miembros de la asamblea actual, entre los que figuran los cinco barones, o en el caso de una moción de censura, para la que también tendrían derecho a voto. Desde el CSD siempre se ha negado cualquier apoyo a Rubiales, aunque este así lo ha difundido entre los presidentes de varias territoriales desde que maneja la posibilidad de ser el sucesor de Villar. Rubiales, miembro de la comisión directiva del CSD, votó a favor de la suspensión de Villar al considerar los hechos descritos por el juez Pedraz como muy graves. Esto le ha supuesto el distanciamiento con el presidente suspendido, que no le perdona la traición al hombre que eligió como delfín y fue un firme defensor de su gestión. Hoy, Rubiales se expone a caer en una contradicción.