El antidopaje español intentó una operación a lo Armstrong contra Contador

El caso Armstrong ha supuesto, quizás, la exhibición más espectacular que se conoce del poder de la justicia deportiva, y, también, la radiografía más clara de los mecanismos de su funcionamiento.

Lance Armstrong perdió todos sus títulos y su condición de mejor ciclista de la historia del Tour cuando la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) consiguió que se le declarara culpable de dopaje gracias a un caso construido sin más pruebas que la declaración de varios compañeros ciclistas del US Postal arrepentidos. Con Armstrong fueron sancionados a perpetuidad dos médicos deportivos —Michele Ferrari y Pedro Celaya— y su director Johan Bruyneel. Los ciclistas que les delataron obtuvieron, a cambio de su testimonio acusador, unas sanciones de seis meses, en lugar de dos años, el mínimo reglamentario, por su propio dopaje. A un tercer médico que ayudó en la acusación, Luis García del Moral, se le redujo la sanción.

La justicia de la delación gratificada vivió su apoteosis, su glorificación, también en España, donde, a imitación de la USADA, la agencia nacional, la AEPSAD, intentó una especie de operación Armstrong. El objetivo en este caso fue Alberto Contador, el mejor ciclista español del siglo XXI.

La liberación esta semana de los papeles de la última vista ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) del caso Armstrong, que se cerró en octubre pasado, ha permitido documentar los hechos.

En 2014, poco después de que Contador hubiera cumplido una sanción de dos años por dopaje, el director de la AEPSAD, Enrique Gómez Bastida, intentó que Pedro Celaya colaborara con su objetivo: quería probar que Contador no solo se había dopado para ganar el Tour de 2010, por lo que fue sancionado dos años, sino que antes también había recurrido a sustancias dopantes. A cambio de su colaboración le prometió que se le levantaría la sanción.

Celaya, médico del US Postal en 2004, cumplía entonces una sanción de ocho años por su participación en el caso Armstrong. Entre 2007 y 2009, Contador había corrido en el Discovery y en el Astana, equipos dirigidos por Bruyneel en los que Celaya también era médico. En esas tres temporadas, el corredor de Pinto ganó dos Tours, un Giro y una Vuelta.

En 2016, durante la vista ante el TAS del recurso de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que quería aumentar su sanción, el propio Celaya narró su reunión con la AEPSAD:

—Fui a Madrid a una reunión con la Agencia Española Antidopaje en la que me ofrecieron quitarme la sanción si declaraba contra algunas personas, aunque fueran mentiras. Fui a la reunión porque pensé que tendría la oportunidad de decir la verdad, pero allí vi que el acuerdo de cooperación que me ofrecían implicaba a cierta persona. Les dije que si tenía que hablar de esa persona solo podría decir algo positivo, cosas positivas sobre él. Pero ellos me respondieron que para arreglar mi asunto tendría que decir algo negativo sobre esa persona, aunque no fuera verdad. Me desilusioné tanto que me fui de la agencia.

—¿Y cómo se llamaba esa persona de la que le pidieron que diera información negativa?

—Era un ciclista, y su nombre es Alberto Contador.

Consultado por este periódico, Gómez Bastida confirma la reunión, a la que también asistió Lourdes Vázquez, abogada de la agencia. “Quisimos intervenir porque no podíamos quedarnos fuera de un caso en el que había tantos españoles implicados”, reconoce Bastida, quien precisa que la agencia española actuó como intermediaria de la estadounidense. “Buscamos la colaboración de Celaya, que no nos la prestó, como sí que logramos la de García del Moral, quien no solo testificó contra Bruyneel sino que desveló que la federación española de ciclismo había contratado a Michele Ferrari en 1996 para preparar al equipo olímpico y que él mismo, Del Moral, compraba la EPO para la preparación”.

Celaya no habló contra Contador ni tampoco aceptó en ningún momento su participación en la organización del dopaje en el US Postal. Su silencio ante el TAS, ante el que invocó el secreto profesional, le costó una acusación directa de vasallo de la omertà, la ley del silencio que protege a los malos del pelotón, por parte del árbitro principal, el canadiense Yves Fortier, y un aumento de su sanción, que pasó de ocho años sin poder ejercer la medicina deportiva en un equipo a perpetuidad. En el mismo juicio ante el TAS, se le redujo de perpetua a cinco años la sanción a García del Moral. El testimonio de Celaya fue considerado no creíble. El de Del Moral y el de los ciclistas arrepentidos —una declaración jurada redactada por los abogados de la USADA— se consideró creíble. Hincapié, Zabriskie, Leipheimer, Barry, Van de Velde y Danielson condenaron a su doctor.

A Celaya tampoco le ayudó mucho ante los árbitros del TAS un interrogatorio en el que criticó duramente el sistema de justicia deportiva que rige en el mundo.

Un millón de euros

“¿Se acuerda usted de cómo su testimonio fue considerado ya no creíble por el tribunal de la USADA que le sancionó con ocho años?”, le preguntaron. “¿Cómo no voy a acordarme después de la cantidad de pruebas objetivas que remití al tribunal para probar que en las fechas que decían que había estado en la Vuelta había estado trabajando en mi consulta en Gipuzkoa, y después de tantas mentiras que tuve que aguantar en mi contra? Me han tratado de una manera despreciable, pero no he recurrido porque no tengo dinero para hacerlo y porque quiero seguir adelante con mi vida y con mi profesión. Y también porque no creo en el sistema”, le respondió Celaya.

 “No me hace gracia participar de una farsa”, dice Celaya dos años después. “Por eso me desahogué en mis de declaraciones y cumplí con la ética de mi profesión en todo, sin juzgar a nadie, sin atentar contra la salud de nadie y manteniendo el secreto profesional”. Cuando se le sancionó, algunos ciclistas de sus equipos, como Zubeldia e Irizar, hicieron público su apoyo a Celaya, y a lo bien que les había tratado.

La última comunicación del TAS, remitida la pasada semana, señala que el tribunal no acepta la petición de USADA y AMA de que los gastos legales que les ha supuesto la sanción a perpetuidad a todos los colaboradores de Armstrong, que se elevaban a cerca de un millón de euros, los abonaran las personas sancionadas. “Yo no puedo pagar”, había advertido Bruyneel. “Estoy al borde de la bancarrota. No tengo ni para pagar a mis abogados. Además, con esta sanción, no veo cómo encontrar trabajo. Yo creo que ya me han castigado lo suficiente como para añadir ahora esto”. Se ahorran Bruyneel y los demás sancionados la ironía de pagarle a la USADA los 2.000 euros que ha facturado por los gastos de viaje de su testigo estrella, García del Moral, aquel cuya palabra gratificada supuso la gota que colmó el vaso de las pruebas contra todos.