La fiscalía pide que Joan Laporta declare como testigo ante el juez por los pagos a Negreira

La Fiscalía solicita, en su denuncia contra el FC Barcelona por los pagos millonarios al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira, que el actual presidente del club azulgrana, Joan Laporta, declare como testigo ante el juez que investigue el caso. Según han explicado fuentes judiciales a EL PAÍS, entre las diligencias de investigación que contempla el ministerio público figura la toma de declaración, como testigos, de todos los presidentes del club bajo cuyos mandatos se realizaron pagos al número dos de los árbitros. Eso incluye a Joan Gaspart, Joan Laporta y Sandro Rosell. La excepción es Josep Maria Bartomeu: la Fiscalía pide que sea citado como investigado, puesto que los presuntos delitos cometidos durante su etapa al frente del Barça no están prescritos.

La investigación dirigida por la Fiscalía durante el último año ha acreditado que, al menos desde 2001 y hasta julio de 2018, el Barça desembolsó casi siete millones de euros a Negreira, que durante toda esa etapa fue vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA). El motivo de esos pagos es una incógnita que nadie ha sabido por ahora despejar. La única pista la dio el propio Negreira cuando declaró ante Hacienda —una inspección fiscal fue el origen de la investigación— que el club le pagaba para asegurarse arbitrajes “neutrales”, que no le perjudicasen en el terreno de juego. Los investigadores no han podido acreditar la realidad de las supuestas “asesorías verbales” del dirigente arbitral, que retiraba el dinero pagado a su empresa, Dasnil, en efectivo.

La denuncia, que ayer avanzó este diario, se dirige contra el FC Barcelona como persona jurídica por un delito continuado de corrupción en los negocios, que entró en vigor en 2010 y que incluye el fraude en el ámbito deportivo. La Fiscalía acusa a Negreira por ese mismo delito y añade uno más para Bartomeu y para la parte de su equipo directivo que también está incluida en la denuncia: administración desleal, por utilizar presuntamente dinero de los socios culés para fines ilegítimos. La junta de Bartomeu puso fin a los pagos al exárbitro en julio de 2018, coincidiendo con la salida de Negreira del Comité Técnico Arbitral, aunque fuentes cercanas al exmandatario aseguran que la decisión obedeció a una política de recorte de gastos.

Bartomeu y su junta, sin embargo, son los únicos a quienes la Fiscalía acusa en su denuncia, ya que los hechos anteriores a ese mandato habrían prescrito. Esa es la razón por la que la declaración de los presidentes que le precedieron en el cargo (Gaspart, de 2000 a 2003; Laporta, de 2003 a 2010; y Rosell, de 2010 a 2014) solo puede ser en calidad de testigos y no de investigados. Una de las diferencias esenciales entre ambas condiciones es que el testigo está obligado a contestar a todas las partes presentes en el proceso y a decir la verdad, mientras que el investigado puede acogerse a su derecho a no declarar o mentir si conviene a su estrategia de defensa. Laporta ha negado públicamente que el Barça haya comprado árbitros a través de esos pagos; si la denuncia prospera, deberá responder a las preguntas de la Fiscalía.

Aunque el rastro documental de los pagos analizados por la Fiscalía alcanza hasta 2001, fuentes de la investigación sospechan que comenzaron antes, durante la presidencia de Josep Lluís Núñez, que falleció en 2018. Una de las pistas que conducen a esa hipótesis es que la empresa a través de la cual se canalizaban los pagos, Dasnil, fue creada en 1995, apenas un año después de que Negreira se convirtiera en el número dos de los árbitros españoles. Dasnil es una empresa unipersonal que tenía como único cliente y razón de ser el Barça: cuando el club puso fin a esos negocios —lo que desató las amenazas de Negreira— la facturación de Dasnil cayó en picado. Las presuntas irregularidades fiscales de esa empresa, que no pudo acreditar la realidad de los trabajos facturados al Barça, llevó a la Agencia Tributaria a elevar el caso a la Fiscalía, que inició su investigación en mayo de 2022.

La presentación de una querella, ante los juzgados, por parte de un árbitro del VAR obligó a la Fiscalía (tal como marca la ley) a poner fin a sus diligencias de investigación. En las próximas horas, el ministerio público presentará ante el juzgado la correspondiente denuncia contra el Barça, contra sus directivos y contra Negreira. El juzgado tendrá que decidir si admite a trámite la denuncia (ocurre así en la práctica totalidad de casos) y si acepta las diligencias de investigación solicitadas para aclarar los hechos, que podrían dar lugar a sanciones por parte de la FIFA o la UEFA.

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