Sánchez Arminio, exjefe de los árbitros, se niega a declarar en la Audiencia Nacional por el ‘caso Soule’

Huidizos. Sin querer hacer declaraciones a los periodistas. Y escuetos ante el juez de instrucción Alejandro Abascal. Así ha sido el paso este lunes por la Audiencia Nacional de tres antiguos altos mandos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF): Ángel María Villar, su presidente durante 29 años (1988-2017); Victoriano Sánchez Arminio, expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA); y Raúl Massó, ex secretario general del CTA. Imputados por el caso Soule —sobre el presunto desvío de fondos durante la etapa de Villar—, los tres han acudido puntuales a su cita ante el magistrado. Pero esta apenas se ha prolongado una hora. Arminio se ha negado a responder; y Villar y Massó se han limitado a afirmar que no tenían ningún control sobre el manejo de casi ocho millones de euros procedentes de la recaudación de las quinielas, que se encuentran bajo sospecha.

El caso Soule es una investigación abierta en la Audiencia Nacional centrada en la era de Villar al frente de la RFEF, que se instruye de forma paralela e independiente del bautizado como caso Negreira, donde se indagan los cerca de siete millones de euros que el Fútbol Club Barcelona pagó a José María Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del CTA y mano derecha de Sánchez Arminio, para que supuestamente “favoreciese” al equipo catalán. Ambas causas han sacudido el mundo del fútbol. Este mismo lunes, el actual presidente del equipo catalán, Joan Laporta, ha ofrecido una rueda de prensa para tratar de defenderse: “El hecho de que el Barça recibiera asesoramiento técnico y arbitral no constituye ningún ilícito penal”, ha dicho.

En la parte del caso Soule que este lunes se ha puesto bajo la lupa, el instructor Abascal llamó a declarar como imputados a Sánchez Arminio, Villar y Massó para interrogarles sobre el presunto desvío de casi ocho millones de euros procedentes de la recaudación de las quinielas, que La Liga aportó a la RFEF para el pago de los derechos de arbitraje de las competiciones oficiales de fútbol. Según la Fiscalía, existen indicios de que se destinó ese dinero a “otro tipo de gastos, diferentes a los previstos en los convenios”, y que los tres sospechosos “intervinieron” en dichas maniobras. El CTA depende de la Federación.

Pero poco ha podido rascar Abascal esta mañana. Según fuentes presentes en las declaraciones, Arminio no ha querido responder a sus preguntas. Villar ha insistido en que solo ejercía funciones institucionales en la RFEF y que los ocho millones de euros no tenían un carácter finalista —es decir, que no se recibían con la idea de dedicarlos a un fin concreto—. Y Massó ha asegurado que él no manejaba esos fondos, sino que lo hacía Sánchez Arminio, según esas mismas fuentes jurídicas. Tras comparecer ante el juez, los tres se han ido a una cafetería próxima a la Audiencia Nacional, donde han permanecido media hora juntos, sentados en la misma mesa. Después, han salido sin querer hacer ninguna declaración a los medios que los esperaban en la puerta.

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