El juez avisa a Laporta de que no le investiga solo porque sus delitos en el ‘caso Negreira’ han prescrito

Si Joan Laporta no está investigado en el caso Negreira no es porque no haya cometido ningún delito, sino solamente porque esos presuntos delitos han prescrito. El juez que investiga los pagos millonarios del FC Barcelona al exvicepresidente arbitral José María Enríquez Negreira ha mandado una advertencia al actual mandatario azulgrana: “La conducta de Laporta es idéntica a la de los dos presidentes posteriores”, señala el juez en alusión a Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, que le sucedieron en el cargo y que sí permanecen investigados por un delito de cohecho.

En un auto en el que rechaza que el Barça ejerza la acusación en la causa, el juez Joaquín Aguirre recuerda que durante el primer mandato de Laporta al frente del club (2003-2010) “también se efectuaron pagos a la familia Enríquez a través de las sociedades que estos utilizaban como interpuestas”. Coincidiendo con su prolongada etapa como número dos del Comité Técnico Arbitral (CTA), el Barça pagó más de siete millones de euros a Negreira por supuestas asesorías técnicas de las que no hay rastro documental alguno. Más adelante, el club también pagó a su hijo, Javier Enríquez, por unos informes en los que analizaba el comportamiento sobre el terreno de juego de los árbitros que iban a pitar al primer equipo azulgrana.

Aguirre advierte de que, “en el actual momento procesal”, no se ha atribuido a Laporta ningún delito “no por razones” que tengan que ver con la ilegalidad de los actos cometidos durante ese primer mandato, sino por “la aplicación de las reglas de la prescripción delictiva”. El delito de corrupción en el deporte (que se atribuyó en un primer momento a los investigados) prescribe a los cinco años, mientras que en el soborno (el que ahora considera el juez que se ajusta a los hechos investigados) la prescripción puede llegar en algunos casos a los 10 años. El primer mandato de Laporta, en todo caso, queda fuera de ese alcance, ya que las primeras investigaciones de la Fiscalía comenzaron en 2022.

Reproche ético al presidente

Fuera de lo estrictamente jurídico, el juez lanza otra advertencia a Laporta en el terreno ético. El Barça pretende ejercer la acusación particular en el caso por un delito de administración desleal. El juez considera (como ya hizo en junio) que no es posible porque debería acusar también por el resto de delitos y, entonces, el club “estaría acusándose a sí mismo”. Aguirre asegura que la entidad azulgrana comete “fraude de ley” al pretender ser acusación y apunta al presidente: “No es admisible éticamente que Laporta acuse a los presidentes Rosell y Bartomeu por el delito de administración desleal, cuando existen indicios más que sobrados de que Laporta cometió los mismos hechos que los presidentes posteriores”, subraya. Y recuerda que es Laporta quien designa al equipo jurídico que le representa en el caso Negreira y que ha tenido un comportamiento, reitera, “contrario a toda ética”.

Junto a Rosell y Bartomeu, otro de los investigados en la causa es Enríquez Negreira, que esta mañana ha acudido a las dependencias del Instituto de Medicina Legal de Cataluña (Imelec). El juez ordenó que fuera examinado por un forense para acreditar si padece síntomas de demencia, tal como ha alegado su defensa. De ese informe dependerá saber si se considera que Negreira, de 78 años, está capacitado para afrontar un proceso judicial o, por el contrario, queda exculpado por motivos médicos.

Tras el dinero de Negreira

En otro auto dictado también este lunes, el juez ha ordenado a diversas entidades bancarias que entreguen todos los movimientos de cuentas corrientes de Negreira y sus empresas desde 2001, cuando empezó a recibir los pagos del Barça. El juez sospecha que el Barça pretendió amañar partidos a su favor con los pagos al ex número dos de los árbitros españoles y cree que existió una “corrupción sistémica” en el arbitraje, pero faltan pruebas por ahora para determinarlo. Hace unos días, la Guardia Civil registró la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en busca de indicios.

La petición a los bancos es extensa. Quiere que, a través de la Guardia Civil, siete entidades bancarias distintas den cuenta de los movimientos bancarios de una serie de cuentas asociadas a Negreira, su hijo, diversos familiares de estos y las empresas a través de las que se vehicularon los pagos del Barça. Los movimientos, desde 2001, deben incluir la “identificación expresa de sus contrapartidas, determinándose el origen y destino de los fondos”. Con el objetivo de saber si el dinero pagado a Negreira sirvió para comprar la voluntad de árbitros, el juez ha ordenado que se entregue información sobre los cheques y se identifique a las personas que los cobraron. También exige datos sobre seguros, planes de pensiones o fondos contratados por el exdirigente arbitral y su familia, así como si en algún momento han dispuesto, en alguna de las entidades, de cajas fuertes o de seguridad.

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