La ley y la praxis política

La administración de la ley reguladora del derecho de reunión está pasando por las mismas fases que la ley de Prensa. Una vez más, nos encontramos con que lo más difícil no es hacer aprobar una ley, sino aplicarla sin traicionar su espíritu.Las dos multas impuestas por el gobernador civil de San Sebastián de 250.000 y 200.000 mil pesetas- son una prueba más de la imposibilidad de unificar con un criterio jurídico el espectáculo sorprendente y multicolor de la España de nuestros días.

José Francisco Rodríguez ha sido multado con cuarenta mil duros por definirse como miembro del Partido Comunista. Por la misma razón, Simón Sánchez Montero sigue en Carabanchel. Pero en Terrassa se ha celebrado públicamente un mitín comunista y los oradores no han sido sancionados. Es un hecho evidente, además, que la Fiscalía del Tribunal Supremo circuló una instrucción prohibiendo citar organizaciones ilegales, que no se puede decir que está siendo observada. Bastantes españoles, con arreglo a esta situación, aparecen en artículos y entrevistas definidos como comunistas. Y no se les sanciona. ¿Cómo explicar esta contradictoria realidad?

Si nos remontamos a la época rodaje de la ley de Prensa, acabaremos por concluir que las reacciones del poder se deben menos a una interpretación coherente de las reglas jurídicas, que a las presiones de determinados sectores de la sociedad, lógicamente muy influyentes, que exigen como compensación determinadas pruebas de autoridad y ortodoxia.

En cualquier caso, la inseguridad jurídica de los ciudadanos es evidente. Lo que hoy es lícito, mañana puede ser penado incluso, lo que en un determinado lugar se tolera, es prohibido en otro. No estamos bajo el imperio de la ley sino bajo la disciplina de las úlceras, sometidos a los cólicos de vesícula que determinan los diferentes grados de irritabilidad del poder.

Una militante del PSOE -Marta Llompart-, fue detenida hace unos días en Madrid. En una cesta llevaba doscientos cincuenta carnés del partido. Carnés en blanco. A las pocas horas fue puesta en libertad sin procesamiento. Se podría pensar, acaso, que es lícito llevar carnés de un partido ilegal en la faldriquera. Pero sería una suposición demasiado ingenua.

Para nadie, por ejemplo, constituye un secreto que los partidos políticos viven en condiciones de libertad vigilada, en estado de tolerancia. Era el precio que el poder debía pagar hasta que la ley fuera modificada. Ahora pendiente todavía la reforma del Código Penal ya se ha publicado en el "Boletón oficial del Estado". Si la memoria en vigor el mismo día de su publicación. Pero se ha optado «in ex tremis» por el plazo de vacación ordinario de veinte días para que entre tanto, de tiempo a aprobar la modificación de las leyes penales. ¿Pero qué ocurrirá si los partidos, hoy tolerados, no pasan por el registro del Ministerio de la Gobernación? ¿Se mantendrán las actuales condiciones de tolerancia, contra legem, o entrará en juego la maquinaria de la legalidad?

No creo que nadie esté en condiciones de responder. Porque no sólo se elaboran unas leyes llenas de retrancas y puntos oscuros, sino que la lógica del momento pasa más por el oportunismo político que por la claridad del imperio legal.

Yo, por si acaso, me atrevo a preguntar si sigue vigente la nota que la Dirección General de Seguridad dictó el 27 de abril de 1940 contra los propaladores de bulos y que decía: «Habiéndose observado de poco tiempo a esta parte, que algunas personas, consciente o inconscientemente, se hacen eco de rumores absurdos y absolutamente, falsos..., con propósitos francamente subversivos, se hace saber por la presente nota que serán detenidos y severamente sancionados, no sólo los autores de dichos rumores sino también los que se hagan eco de ellos, y no denuncien a los propaladores en las respectivas comisarías".

Quien avisa no es traidor.