Escepticismo en Portugal ante las medidas económicas

El ministro de Comercio y Turismo, Antonio Barreto, ha sido, después de Mario Soares y de su ministro de Finanzas, el tercer miembro del Gobierno en intervenir en directo en la televisión para defender las medidas económicas, financieras y sociales, recientemente aprobadas.Su intervención, centrada en el famoso «cesto de compras» ha precisado los estrechos condicionamientos que van a orientar la acción del Gobierno en las próximas semanas. Trató de explicar al gran público por qué, reconociendo la necesidad de controlar y subsidiar los precios de una serie de artículos de primera necesidad (los incluidos en el «cesto de compras») para evitar efectos dramáticos de las alzas de precios, previstas y en curso, sobre el nivel de vida de las clases económicamente más desfavorecidas, el Gobierno ha procedido previamente a un sustancial aumento de los precios de dichos productos (caso del pan, de la carne, y de los productos lácteos). Los aumentos, argumentó Barreto, citando el caso del Pan, eran inevitables para permitir aumentar los salarios de los panaderos que continúan, en muchos casos, con salarios inferiores al mínimo nacional (4.500 escudos).

Al reconocer estos hechos, al citar ejemplos, el ministro ha aportado involuntariamente argumentos a las direcciones sindicales actualmente comprometidas en grandes luchas para la actualización de los contratos colectivos. Los representantes del sector textil (en lucha parcial desde hace tres semanas), del sector de la construcción civil (en paro general de media jornada el jueves), los metalúrgicos (que anuncian la ruptura de las negociaciones y el inicio de movimientos huelguísticos) -por no citar más que estos grandes sindicatos obreros-, argumentaban así hace mucho tiempo: los convenios colectivos han sido bloqueados frecuentemente en relación con los precios. No es, pues, de extrañar que, a pesar de la prudencia manifestada por los estados mayores sindicales, el nuevo e importante conjunto de aumento de precios venga a dar una nueva urgencia e intransigencia a las reivindicaciones salariales. Antonio Barreto ha retirado buena parte de la credibilidad a la nota emitida por su colega del Ministerio del Trabajo, acusando a los trabajadores de la construcción de estar promoviendo una «huelga política».

La intención de Mario Soares es de llevar a patronos y sindicatos a un «Pacto social». Pero los primeros, promovidos por el jefe del Gobierno a «protagonistas esenciales» del proceso de reconstrucción económica, también encuentran en las declaraciones oficiales alimento para una intransigencia reforzada. El «impase» verificado en el sector textil privado es un buen ejemplo de este forcejeo, que no es todavía la «prueba de fuerza» que, según la derecha, el Partido Comunista busca por todos los medios. Es más bien un tanteo del terreno por parte de los grandes bloques de intereses sociales, que necesitan, para sus planes futuros, conocer exactamente hasta qué punto el Gobierno quiere y puede intervenir activamente en la redacción e imposición del «pacto».

Antonio Barreto también ha anunciado severas medidas de represión contra el fraude.