El acuerdo de la Moncloa entra en una compleja fase negiociadora

La anunciada ley «para la defensa de la democracia contra el terrorismo» no encontró consenso en la reunión para cuestiones políticas celebrada ayer en la Moncloa, entre representantes del Gobierno y de los partidos con representación parlamentaria. Simultáneamente se celebró otra reunión, donde continuó la negociación económica. En ambas sesiones, el acuerdo quedó reducido a delimitar los temas dignos de figurar en la negociación, y designar el próximo martes como fecha para nuevas reuniones.

Los negociadores de temas políticos tomaron asiento en el llamado salón de columnas del palacio, presididos por el jefe: del Gobierno, Adolfo Suárez. En nombre del Ejecutivo asistieron a esta reunión el vicepresidente tercero, Fernando Abril, y los ministros de Justicia y del Interior, señores Lavilla y Martín Villa, respectivamente. Por los grupos parlamentarios estuvieron presentes todos los portavoces (Felipe González, PSOE; Santiago Carrillo, PCE, Miguel Roca, minoría vasco-catalana; Enrique Tierno, Grupo Mixto; Pérez Llorca y Calvo Sotelo, UCD; Manuel Fraga, AP), la mayor parte de ellos acompañados de sus respectivos equipos.Estos hombres lograron ponerse de acuerdo, después de tres horas de exposiciones y debates, sobre un temario de cuestiones políticas a negociar, que constituirá, prácticamente, el orden del día de la siguiente reunión (martes próximo). Según las noticias recogidas al término de la sesión, el debate dejó cada cuestión aproximadamente en los siguientes términos:

Ley de defensa de la democracia. Toda la izquierda se opuso a que sea promulgada, con este nombre, una ley de contenido meramente represivo. El criterio más extendido consiste en introducir algunas modificaciones en la legislación actual -por ejemplo, la ley de Orden Público-, para contemplar las reservas contra los liberticidas dentro de un contexto de protección a las, libertades públicas.

Orden público. El consenso básico sobre esta cuestión se refiere a la necesidad de cambiar la base sobre la que se asienta la actual concepción del orden público, y sustituírla por otra que se sustente en la protección a los derechos cívicos y las libertades públicas con mecanismos represivos dirigidos exclusivamente a los que atenten contra ellas.

Derecho de reunión y asociación. En general, los reunidos aceptaron en este punto el proyecto gubernamental, que tiende a ampliar las posibilidades de ejercer el derecho de reunión sin más que una comunicación previa a la autoridad gubernativa -dejando a salvo la intervención de -esta última, en caso de alteraciones graves-, y restringir las posibilidades de intervención ad ministrativa en la creación y funcionamiento de las asociaciones políticas,, lometiéndolas a un control judicial a posteriori.

Reformas civiles y penales. Se trata de introducir distintas modificaciones en la actual legislación civil y penal, y en esto hay puntos conflictivos. La posibilidad de que la mayoría de edad se alcance a los dieciocho años no cuenta, al parecer, con la aprobación de Alianza Popular, dado que los representantes de este grupo parlamentario estiman que la convocatoria de la Moncloa no debe entrar en otros terrenos que los del orden público y el control de los medios de comunicación estatales. Hay también un proyecto de típificación legal más clara para delitos como el cohecho y la malversación de fondos, y otro en el sentido de proteger penalmente al trabajador contra infracciones dolosas de los empresarios en materia laboral.

Control de RTVE y medios de comunicación estatales. Existe consenso sobre la necesidad de llevar a cabo dicho control, pero no sobre la forma de hacerlo. Es uno de los temas que todos consideran más urgentes dentro de este progranla.

Otros temas. Igualmente, hubo acuerdo sobre la necesidad de estudiar la reducción de la jurisdicción militar al ámbito puramente militar, la modificación de la legislación sobre peligrosidad social y otras cuestiones.

Hacia un «poder deliberante»

Mientras todo esto se discutía por los líderes políticos en el salón de columnas del palacio de la Moncloa un equipo de expertos en materia económica ocupaba la sala del Consejo de Ministros, a fin de continuar desarrollando el acuerdo de principio sobre temas económicos alcanzado el fin de se mana pasado. En este caso, la existencia del acuerdo inicial ha obviado, la necesidad de lograr un consenso básico similar al de la reunión política, pero no la de reunirse de nuevo para estudiar los informes que presenten siete subcomisiones creadas con el objetivo de negociar con los distintos minísterios, como se detalla en la sección de Economía de este mismo número.

La impresión general existente en torno al desarrollo de las reuniones de la Moncloa es que, en lugar de un pacto rápido sobre los temas políticos y económicos enunciados durante los últimos días, el proceso de negociación se hace más complejo a cada paso. Aunque las conversaciones continúan adelante, y pese a que parece normal un desarrollo detallado de las mismas por medio de comisiones y distintas reuniones especializadas, círculos políticos centran la causa de estos retrasos en las resistencias iniciales de organizaciones empresariales y centrales sindicales a aceptar el pacto, mientras que de ellas depende, en definitiva, el éxito de la parte principal de estos acuerdos.

Por otra parte, el país cuenta ahora con tres fuentes de poder político en funcionamiento: el poder ejecutivo, que lógicamente reside en el Gobierno; el poder legislativo, centrado en el Parlamento, y un poder deliberante, mezcla de ambos y sin las funciones propias de cada uno de ellos, que trata de lograr consensos básicos sobre las cuestiones fundamentales. En los temas políticos no puede decir se que ese consenso exista tras la reunión de ayer.