Hoy se reanudan las negociaciones del convenio de gasolineras

Hoy se reanudan las negociaciones para el convenio estatal de estaciones de servicio que habrá de sustituir al actualmente en vigor y cuya prórroga tratan de imponer los empresarios hasta el próximo mes de noviembre, fecha en la que CAMPSA revisará las comisiones que perciben las gasolineras por la venta de los productos del monopolio.

Esta nueva ronda de negociaciones que los trabajadores solicitan sea abierta a la prensa, después de que éstas quedaran interrumpidas sine die ante la intransigencia patronal a discutir las reivindicaciones obreras mientras que CAMPSA no les renovara las comisiones, es a consecuencia del acuerdo adoptado anteayer por los empresarios del sector, reunidos urgentemente en Madrid, después de conocer la decisión gubernamental de incautar las gasolineras que fueran a la huelga secundando el llamamiento en tal sentido hecho por la representación de los trabajadores.Después de que los empresarios se reunieran en asamblea, el presidente de la Confederación Nacional de Estaciones de Servicio, Fernando Castaño, según el mismo informó a EL PAÍS, se entrevistó con el subsecretario de Hacienda, de quien habría obtenido determinadas precisiones en torno a la fórmula de aplicación de las nuevas comisiones. Sin que el señor Castaño revelara el contenido de lo tratado en esta reunión, dejó entrever a este diario que las precisiones recibidas de Hacienda permiten a los empresarios sentarse nuevamente a la mesa de negociaciones.

No obstante, el señor Castaño se negó a revelar el contenido de la oferta que hoy hará la patronal a los trabajadores, señalando que «no necesariamente tiene que pasar por una mejora económica inmediata», al tiempo que se ratificaba en la intención de los empresarios de prorrogar el convenio hasta noviembre próximo. En cuanto a la amenaza de huelga, la patronal parece optimista acerca de su posible desconvocatoria, e incluso en caso de que llegara a materializarse confía en que su incidencia sería mínima.

En este sentido, y junto con las previsiones establecidas por CAMPSA y contenidas en el decreto de incautación temporal de las estaciones de servicio que secundaran la huelga, el Ministerio del Interior ha cursado instrucciones a los gobierno civiles para afrontar las imprevisibles consecuencias de una eventual paralización del sector.

Fundamentalmente estas medidas persiguen garantizar el abastecimiento regular de carburante durante los cuatro días para los que está convocada la huelga, para lo cual el Gobierno no descarta, junto con la incautación de gasolineras, la militarización del personal a su servicio.

Paralelamente a estas medidas, los gobiernos civiles prestarán protección, tanto a los puntos de venta directa de CAMPSA como a las estaciones que fueran incautadas, así como a los vehículos que transportan el carburante a las gasolineras, en previsión de una posible actuación de piquetes.

La actuación gubernamental se complementaría con una puntual información a través de los gobiernos civiles sobre los puntos de venta en servicio en cada una de sus demarcaciones, con el fin de que los usuarios pudieran conocer en cada momento las gasolineras no afectadas por el paro.

Por otra parte, CCOO y UGT de Barcelona han decidido adherirse a la negociación del convenio estatal. Hasta el momento, las estaciones de servicio de Barcelona se regían por un convenio particular, cuya negociación, hace casi un año, supuso varios días de huelga en aquella provincia. El sector de gasolineras de Barcelona integra a unos 3.500 trabajadores, en su mayoría afiliados a la CNT, central que aún no se ha pronunciado al respecto.

Finalmente, la parte social de la comisión negociadora del convenio ha pedido, a través de un comunicado difundido por CCOO, que sean públicas las sesiones de negociación que hoy comienzan y que la presidencia de estas sesiones haga públicas las actas de las mismas. En la misma nota se acusa a la parte empresarial de querer forzar una huelga con objeto de «servir a intereses desestabilizadores».