El desprecio a las minorías

SEÑALABAMOS AYER la fuerte presunción favorable al carácter anticonstitucional del decreto-ley de 26 de enero de 1979 y las motivaciones electoralistas que probablemente han conducido al Gobierno a tan grave e irresponsable quebranto del acatamiento y respeto debidos a la Constitución. El decreto de 3 de febrero, que expulsa de la programación nacional de televisión a coaliciones con derecho a ello según el decreto de 18 de marzo de 1977 (como Euskadiko Ezkerra) y agrupa al resto de los partidos en una privilegiada división de honor (con tres espacios de diez minutos) y en un pelotón de los torpes (con un sólo espacio de la misma duración), confirma la escasa consideración del Poder Ejecutivo hacia la Constitución, con la presumible complicidad de los grandes partidos parlamentarios.La resuelta marcha por la senda de la inconstitucionalidad del Gobierno, iniciada con el decreto-ley para la «protección ciudadana», le ha permitido en este caso violar el espíritu de la disposición transitoria octava, que establecía para las próximas elecciones la aplicación de «las normas vigentes con anterioridad», con las «solas excepciones», de algunas modificaciones sobre inelegibilidades e incompatibilidades, edad de voto y circunscripciones. Tranquilícense los especialistas de UCD, y sosieguen sus nervios. En efecto, la enumeración de competencias del todavía inexistente Tribunal Constitucional y la remisión del decreto de 18 de marzo de 1977 a regulaciones complementarlas, para la utilización de los medios estatales de comunicación, permiten una brillante defensa, ateniéndose a la letra de ley, del carácter no anticonstitucional de esa disposición que -con rango de simple decreto- expulsa a las tinieblas exteriores a los incómodos radicales vascos y somete a un régimen televisivo de pan y agua, con el absurdo argumento de que no presentan candidaturas suficientes para el Senado, a los republicanos. a los trotskistas de la LCR, a los carlistas, a la ORT y a fracciones disidentes del socialismo y el falangismo oficiales. Sólo tres partidos parlamentarios -cuyas responsabilidades como cómplices del Gobierno en esta cacicada deben ser dilucidadas- y otros tres extraparlamentarios son llamados, por el salomónico decreto, a sentarse a la diestra de UCD en el paraíso de Prado del Rey. Pero, aunque las astucias hermenéuticas de los especialistas logren transformar el agua de esta insólita alteración en vino de ley, los ciudadanos seguiremos leyendo, una y otra vez, la disposición transitoria octava -«en caso de disolución... serán de aplicación las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones, etcétera »- y continuaremos preguntándonos la razón por la que el Gobierno retrasó hasta después de la proclamación de las candidaturas esa operación de prestidigitación, de la que nadie había hablado antes de conocerse la estrategia electoral de los partidos extraparlamentarios.

Nadie pone en duda de que la aplicación estricta de las normas vigentes para la utilización gratuita de los espacios televisivos habría dado lugar a un exceso de propaganda política en las tres semanas de campaña electoral. Pero los principios que fundamentan una sociedad pluralista y democrática, entre otros los reconocidos en el artículo 9 de la Constitución, están por encima de ventajas coyunturales, interpretaciones paternalistas o conveniencias partidistas. Mal empieza el rodaje de la Constitución, amenazada de manipulación por quienes la aprobaron con sus votos en el Parlamento y aburrieron a sus compatriotas, precisamente desde esa misma televisión. Resulta lamentable decirlo, pero lo cierto es que la discriminación en Televisión de los partidos y coaliciones extra parlamentarios, que disminuye evidentemente sus posibilidades de dejar de serlo, es una condenable manifestación de desprecio por las minorías y una maniobra para reducir el alcance de su voz. Precisamente lo contrario de lo que justifica y legitima un sistema democrático y pluralista, además de un doloroso desprecio de la recién estrenada Constitución