La Diputación Provincial, "angel guardián" de los pueblos pequeños

Al contrario de lo sucedido con los ayuntamientos, la Diputación Provincial no ha sido el eje de polémica alguna, no se sabe si por una infravaloración política de su importancia política y social, o por falta de tiempo. Sin embargo, la Diputación Provincial maneja un presupuesto de más de 15.000 millones de pesetas, y de ella dependen hasta grados extremos el 90% de los municipios madrileños.Es la propia desconfianza del régimen anterior hacia todo lo que significara descentralización, aunque fuera muy tímida y controlada por el tipo de elecciones de sus autoridades, lo que vacía de competencias a las diputaciones provinciales. Las leyes de 1953 y 1955 les asignaron la tutela de los municipios menores de 20.000 habitantes, a los que deberían cubrir sus necesidades mediante los planes provinciales de cooperación. Sin embargo, la creación poco después de las comisiones provinciales de servicios técnicos, dependientes del Gobierno Civil, a su vez delegado del Gobierno Central en la provincia, haría aún más confuso su campo de actuación.

En cualquier caso, ni unas ni otras funcionarían demasiado bien, la Diputación Provincial de Madrid ha seguido hasta 1976 una política de inauguraciones de grandes instalaciones -el hospital Francisco Franco, las residencias de ancianos. y el colegio San Fernando- y sin preocuparse en absoluto, de necesidades tan perentorias como asegurar el suministro de agua de los pueblos o asfaltar sus calles. Es a partir de la elección de José Martínez Emperador, en enero de 1976, como presidente, en sustitución del doctor González-Bueno, hombre unido al sector políticamente más conservador del franquismo, cuando se acomete la redacción del primer plan de cooperación, cuyas obras están ahora en marcha.

A pesar de las afirmaciones del señor Martínez Emperador en el sentido de que su labor no era electoralista, y su intención de no presentarse a las elecciones generales, sería elegido diputado por Alianza Popular en junio de 1977. El actual presidente, Enrique Castellanos, designado para el cargo por el anterior, se presenta ahora en las municipales por UCD.

No a la autonomía municipal

La consecución de una autonomía económica de los municipios pondría en serio peligro el papel relevante de las diputaciones y las obligaría a trasladar su campo de actuación desde las necesidades urbanas de los pueblos a los proyectos de ámbito provincial, como podrían ser carreteras, hospitales, infraestructuras, básicas en general, competencia hoy, al me nos oficialmente, de los ministerios. No es extraño que Enrique Castellanos, en unas declaraciones publicadas en EL PAÍS, afirmara que, más que la autonomía municipal, lo que habría que instaurar es una mayor autonomía de la Diputación, potenciando sus fondos y su papel. Las apetencias del señor Castellanos llegarían al punto de pedir la desaparición de Coplaco, máximo organismo urbanístico de Madrid, y el traslado de sus funciones a la Diputación. La oposición de los directivos de Coplaco fue total, y la idea, tachada de absurda.De hecho, si la composición del pleno de Coplaco es muy criticable por la forma antidemocrática de elección de sus miembros (casi la totalidad designados por los respectivos ministerios), las mismas pegas pueden aplicarse a la Diputación. Los diputados se eligen por tercios: el sindical, el municipal y el corporativo. Del primer tercio, la totalidad de los diputados son o han sido presidentes de algunas de las hermandades de labradores y ganaderos, al mismo tiempo muy ligados a la extinta Organización Sindical. Por el tercio municipal, los diputados se dividen entre los que son alcaldes de algún pueblo, o concejales del Ayuntamiento madrileño, y la mayoría de ellos pertenecían de alguna forma a las organizaciones del Movimiento Nacional. Por el tercio corporativo, nuestros diputados se elegían entre los presidentes de los colegios profesionales. Es curioso observar el paralelismo existente entre Enrique Castellanos y el presidente. actual en funciones en tanto se celebran las municipales, Julio Marcos de Lanuza, designado por el anterior. Ambos son concejales de Madrid capital -el señor Castellanos dimitió el mes anterior para poder presentarse- y ambos han sido presid.entes del Colegio Oficial de Químicos, del que aún no se conocen muy bien cuáles sonsus vínculos con los problemas dela provincia.

Los diputados por el tercio municipal eran elegidos mediante un sisterria irreal de comprornis arios y cada uno de ellos representa a los pueblos que conforman los partidos judiciales. En el caso del presidente de la Diputación, la misma lujosa revista Cisneros, editada por este organismo, anunciaba en abril de 1976 que por primera vez desde el fin de la guerra civil el presidente se elegía democráticamente. Este último término se aplicaba de forma triunfalista a una elección entre dos únicos candidatos, Carlos González Bueno y José Martínez Emperador. Ganó el segundo por los votos de diez diputados contra siete. La Diputación es un órgano eminentemente presidencialista, autoridad que puede nombrar y destituir a los diputados del ejercicio de sus funciones concretas.

Beneficio para los partidos mayoritarios

Tampoco la ley D'Hont, aplicada al ámbito municipal, permite la elección directa de los diputados. Los vecinos elegirán a los conceja les de cada.ayuntarníento, y éstos, siguiendo un sistema proporcional, elegirán de entre ellos rnismos a los nuevos diputados. El sisterna be neficia mucho a UCD, algo al PSOE, pone en entredicho las posibilidades del PCE y margina de forma absoluta a los partidos más minoritarios.En su escalada por ampliar sus funciones, los_ presidentes de las diversas diputaciones reunido con Martín Villa, consiguieron que, a partir de 1978, los planes provinciales de cooperación no tengan que pasar por el trámite de su aprobación en el Ministerio del Interior. En el caso de la Diputación madrileña, aunque por ley su ámbito de competencias se limita a las localidades de población inferior a 20.000 habitantes, ha comenzado a prestar ayuda económica a los pueblos-dormitorio. En el último pleno se recibió la petición del Ayuntamiento de Leganés de cincuenta millones destinados al asfaltado de calles, y la depuradora de San Lorenzo de El Escorial se construirá en gran parte con dinero de este organismo.

Un reparto elemental

La Diputación se coloca así en enmendante de las insuficiencias provocadas por las administraciones municipal y central. La forma de redactar los planes de cooperación es muy simple. Se reciben llass peticiones de cada pueblo en orden a sus necesidades respecto a alumbrado público, asfaltado, suministro de agua, subvenciones para dotar de calefacción a una escuela, para eliminar las goteras de la casa del médico o para reparar los viejos edificios consistoriales. La Diputación atiende a las demandas que puede, según el presupuesto total de que disponga. La dependencia de los ayuntamientos es total, puesto que sus presupuestos anuales vienen a ser del orden de los dos o tres millones de pesetas, suficientes apenas para pagar salarios a los funcionarios.En el caso de la Administración central, la Diputación ha subsanado en parte la asistencia sanitaria, con la construcción del hospital Francisco Franco, ubicado en la capital, las nueve residencias de ancianos levantadas, el colegio San Fernando, la creación de un parque provincial de bomberos y la constitución de un servicio encargado de asegurar el suministro de agua. En los dos últimos años, la acción de parcheo alcanza al Ministerio de Cultura, mediante la confección de un inventario del patrimonio histórico-artístico y cultural de la provincia, así como la restauración en la medida de sus posibilidades, que tampoco son muchas, de castillos, iglesias y edificios interesantes actualmente en estado de abandono.

Los fondos de la Diputación no están sujetos apenas a ningún tipo de control, ni la Diputación pregunta nada a quien se los da a su vez. Los cincuenta millones de Leganés servirán efectivamente para solucionar una de sus carencias urbanísticas, pero de paso absolverá a las inmobiliarias de la realización de unas obras que no hicieron en su día. En el plan provincial de 1978, casi un 30% de los 2.000 millones se destinaban a paliar este tipo de problemas.

Más de otro 40% se empleará en costosas obras de infraestructura, necesarías además, de los pueblos cercanos a la N-VI, zona por la que es previsible se extienda la mancha de urbanizaciones privadas, una vez casi agotadas las disponibilidades de suelo de la sierra de Guadarrama.

El panorama descrito cambiará sustancialmente en la nueva ley de Régimen Local, de la que aún no existe ni siquiera el anteproyecto, pero que es indiscutiblemente una de las primeras que tendrá que aprobar el nuevo Parlamento. Su papel variará también en función del nuevo marco de las autonomías, y asimismo en función de las posibilidades que la nueva ley pueda conferir a los municipios de constituirse en mancomunidades, dotadas de suficientes recursos económicos.