El Gobierno debe informar sobre la marcha de las negociaciones

«Existe un claro divorcio entre la actividad del Ministerio de Relaciones con las Comunidades Europeas y la del Ministerio de Agricultura a la hora de elaborar una política agrícola a medio plazo», según especifica la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en un documento publicado con motivo del debate parlamentario que se celebrará hoy sobre la integración española en la CEE.La COAG estima que los términos de la negociación deben ser públicos, y reprocha a la Administración que las informaciones facilitadas hasta el momento han sido mínimas, tanto en lo que respecta a los problemas de la CEE, a los estudios que sobre el ingreso ha hecho el Gobierno español y de la propia negociación.

Referente a esta última, dice la Coordinadora que el Gobierno está forzando la participación de algunos presidentes de Cámaras Agrarias, en calidad de representantes exclusivos del campo español; y mientras los contactos con los sindicatos han sido mínimos, esa participación está siendo financiada por la propia Administración.

La Coordinadora entiende que en la CEE, aunque las reuniones de Ministros marcan las líneas maestras de su política, nadie que haya sido elegido democráticamente controla día a día su ejecución, que queda así el arbitrio de los altos funcionarios. Existe una gran potencia económica no controlada desde el poder político, que habrá de tener en cuenta el Gobierno español a la hora de plantear la negociación.

Al analizar los problemas de la agricultura española, de cara a la integración, se apunta como principal en el documento su menor organización: falta de ordenación de cultivos, de crédito a las redes comerciales, de estatutos sectoriales, desorganización del mercado de tierras y una deficiente ordenación del territorio. En este apartado hace también una crítica a la política agraria que sigue la CEE, al dirigir la mayor parte de sus ayudas hacia las zonas centroeuropeas, con una clara marginación de las áreas mediterráneas; el otro aspecto más criticado por la COAG es su mínima preocupación comunitaria por la política de reformas estructurales.