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El Gobierno autoriza la toma del 9,97% de Telefónica por el grupo saudí STC

Economía revela que el operador árabe ha aceptado mantener la autonomía de la multinacional española, en cuyo consejo se podrá sentar

STC Arabia Saudi
Sede de Saudi Telecommunication Company (STC) en Riad (Arabia Saudí).YAZEED ALDHAWAIHI (EFE)
Ramón Muñoz

El Consejo de Ministros ha autorizado este jueves a la operadora Saudí Telecom Company (STC) la toma del 9,97% del capital de Telefónica, con el consiguiente permiso para ampliar su participación desde el 4,9% que actualmente controla. La operación está supeditada al cumplimiento de una serie de condiciones que la compañía saudí ha aceptado “de forma voluntaria para garantizar que se asegure el elemento estratégico y la autonomía operativa de Telefónica, de forma que se salvaguarden los intereses nacionales y se proteja esa infraestructura crítica”, según aseguró el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo.

La operación se consolida más de un año después de la sorpresiva irrupción del grupo en el accionariado de la compañía española, y tras múltiples encuentros entre los directivos de STC y miembros del Gobierno saudí con sus homólogos de Telefónica y del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Como ha recalcado Cuerpo, el carácter estratégico de la multinacional española en materia de seguridad nacional y comunicaciones hacía muy delicada la operación, anunciada en septiembre de 2023 pero que no ha acabado de materializarse hasta que el Gobierno la ha aprobado en su reunión de este jueves.

“Esta autorización ha sido seguido de un análisis exhaustivo por parte de las autoridades españolas en base no solo al cumplimiento de nuestra legislación vigente sino por otras consideraciones como asegurar el interés nacional en materia de defensa y, por supuesto, ese elemento estratégico que tiene que ver con las infraestructuras de telecomunicaciones y la importancia de Telefónica en este ámbito”, ha recalcado el ministro de Economía.

El proceso de autorización ha requerido el plácet de la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), un órgano interministerial colegiado encargado de informar sobre adquisiciones empresariales de inversores extranjeros para garantizar la protección de la seguridad, la salud o el orden público. Tras este trámite, que se produjo la pasada semana, como adelantó EL PAÍS, solo quedaba la autorización del Consejo de Ministros.

Consejo de administración

El cambio en la estructura de capital de Telefónica también tendrá su reflejo en el consejo de administración. Una vez que el Gobierno ha autorizado la toma del 9,97% del capital por STC, el grupo árabe puede pedir un puesto en el consejo, como el que ya dispone la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el nombramiento de Carlos Ocaña. En principio, la autorización del Gobierno no contiene ninguna cláusula que impida que el grupo saudí obtenga ese puesto en el consejo, por lo que se da por hecho de que STC ejercerá ese derecho.

A este respecto, el ministro Cuerpo se limitó a señalar que el ingreso de STC en el consejo de la teleco que preside José María Álvarez-Pallete “es un elemento que corresponde a la propia empresa y, en este sentido, se debe actuar con prudencia y cautela por parte del Gobierno, que es un accionista mas en este caso”.

A la pregunta de si una vez autorizada la entrada de STC, el Gobierno, a través de la SEPI, pensaba ampliar su posición accionarial en Telefónica, Cuerpo indicó: “Es muy pronto para hablar de una toma de posición adicional. Telefónica está en un momento óptimo y hay que mirar hacia adelante para seguir apostando e invirtiendo en un sector que creemos que va ser estratégico. Y además, con los socios que tiene ahora mismo, Telefónica va a ser capaz de crecer en volumen, en cuanto a mejora de oportunidades en un ámbito geográfico como Oriente Medio, y en la adopción de las últimas tecnologías”. “Es en este momento es una ventana de oportunidad excelente”, sentenció el titular de Economía.

Meses después del anuncio de STC, la SEPI culminó en mayo pasado la compra del 10% del capital por 2.384 millones de euros, convirtiéndose en máximo accionista de la multinacional española, seguido de CriteriaCaixa (9,9%), STC (4,9%), BBVA (4,83%) y BlackRock (4,23%). CriteriaCaixa, el grupo industrial de la Fundación La Caixa, también ha elevado del 4,91% al 9,9% su peso en la operadora el pasado mes de julio por 1.100 millones, y ocupa un puesto en el órgano de gobierno a través de Isidro Fainé, presidente del grupo. La suma de las participaciones de SEPI, CriteriaCaixa, BBVA garantizan con creces la españolidad de la mayoría de control tanto del consejo como del accionariado, por lo que, junto al blindaje normativo, hacen imposible cualquier operación hostil de un grupo extranjero.

El ministro pidió prudencia a la hora de concretar las condiciones a las que se ha supeditado la autorización. En otras operaciones de este calado, las habituales son que el grupo inversor extranjero se comprometa a mantener en Bolsa a la empresa, en este caso Telefónica; en segundo, salvaguardar las decisiones que afecten a la seguridad nacional y garantizar que la sede social y fiscal permanezca en España.

Un anuncio por sorpresa y una larga negociación

La mayor operadora de telecomunicaciones árabe, controlada por el Estado saudí a través del fondo soberano Public Investment Fund (PIF), que posee el 62% de la compañía, anunció su desembarco en el capital de Telefónica en septiembre de 2023 con la compra del 4,9% del capital, y la toma de otro 5% aparcada en instrumentos derivados a la espera de la aprobación del Ejecutivo. En conjunto, la operación estaría en torno a los 2.100 millones de euros, puesto que la toma de participaciones de la multinacional española se produjo mediante pequeñas adquisiciones de acciones en Bolsa a lo largo de varios meses.

El anuncio de la operación protagonizada por el grupo saudí hace más de un año suscitó una ruidosa polémica por el temor de que una empresa estratégica española pudiera caer en manos extranjeras, aunque los saudíes dejaron claro desde el primer momento que no iban a incrementar su participación ni lanzar una opa, y que contaban con el actual equipo de gestión. Pero el hecho de que la compra se produjera sin conocimiento previo ni del Gobierno ni del consejo de administración de la empresa —tan solo unas horas antes de ejecutarse fue informado el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete— suscitó todo tipo de temores. Incluso Sumar, como socio de Gobierno, pidió el veto a la misma.

Desde entonces, se han producido continuados encuentros de directivos del grupo saudí y ministros del país con sus homólogos de Telefónica y del Gobierno español. El último tuvo lugar a finales de septiembre, cuando una delegación de STC encabezada por su consejero delegado, Olayan Alwetaid, mantuvo sendos encuentros con los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y de Transformación Digital, Óscar López. También hubo reuniones entre miembros de la delegación saudí y los titulares de Industria, Jordi Hereu, y de Defensa, Margarita Robles. El presidente, Pedro Sánchez, también se ha reunido en varias ocasiones con Bin Salmán. Por su parte, Álvarez-Pallete ha realizado varias visitas a Riad, sede central de STC, para conocer de primera mano los planes de la firma saudí.

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Sobre la firma

Ramón Muñoz
Es periodista de la sección de Economía, especializado en Telecomunicaciones y Transporte. Ha desarrollado su carrera en varios medios como Europa Press, El Mundo y ahora EL PAÍS. Es también autor del libro 'España, destino Tercer Mundo'.
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