Campaña de demolición de construcciones ilegales en Vigo

La Corporación municipal de Vigo, que preside el nacionalista Manuel Soto, acaba de dar la campanada más sonada de toda su gestión al iniciar los derribos de las construcciones que infringen las normas urbanísticas y las ordenanzas municipales. Con calma, pero de una manera implacable, el Ayuntamiento está dispuesto a acabar con la especulación y los desmanes urbanísticos. El ritmo que se ha propuesto es la demolición de dos edificios por semana, lo que, a tenor de las denuncias, que están siendo investigadas por una comisión especial, augura una fuente inagotable de trabajo a la piqueta municipal. La Corporación de Vigo está formada por nueve concejales de UCD, ocho del PSOE, tres de Coalición Democrática, tres de Unidade Galega, tres del PCE-PCG y uno del Bloque Nacional Popular Galego. Escribe Antonio Ojea.

De momento van cuatro actuaciones drásticas: una casa-chalet de una planta en la avenida de Samil (hábilmente disimulada tras un muro de la misma altura); una casa prefabricada en la playa; una entreplanta en la plaza de la Independencia, que ha sido obligada a inhabilitarse para que el edificio se ajustase a la normativa en cuanto a volumen, y un galpón construido en la finca de un chalé próximo a la playa de Sayans.Para poner orden en todo el caos urbanístico que reina en Vigo desde inmemoriales corporaciones, se ha creado una comisión de disciplina urbanística, que se encarga de recabar información sobre las denuncias por infracciones que llegan al Ayuntamiento. La comisión decide, tras el acuerdo de la permanente sancionando un expediente de infracción, qué edificaciones han de ser pasto de la piqueta.

La preocupación primordial es la de no dejar pasar ni una sola infracción que se haya cometido desde que la nueva Corporación tomó posesión, pero todos y cada uno de los más de 2.000 expedientes de derribo acumulados por anteriores corporaciones serán revisados uno por uno. Al menos así lo pretenden los componentes de la comisión de disciplina urbanística, compuesta por un concejal de cada grupo político representado en la Corporación, un asesor jurídico municipal que hace de secretario y técnicos del departamento de inspección de obras. Todos ellos coordinados por el concejal presidente de la comisión municipal de urbanismo, el nacionalista de Unidade Galega Francisco García.

Aunque de una forma no explicada, parece que el criterio que está siguiendo la comisión de disciplina es el de seleccionar las infracciones más graves y con más nítida significación especulativa, completando la diversidad de infracciones y la variedad de zonas urbanas en las que se ubican.

En medio de este maratoniano programa de actuación, una cierta flexibilidad, buscando acomodación a la normativa, con las licencias de ampliación de casas pequeñas en el rural y las mejoras de viviendas antiguas que se soliciten.

De los 2.000 expedientes de derribo ya ultimados por corporaciones anteriores, se piensa atender, principalmente, aquellos casos de construcciones realizadas en viales proyectados, zonas verdes o de protección de paisajes, etcétera; naves industriales construidas sin licencia y se ordenará la demolición de los bajos y sótanos proyectados para garaje-aparcamiento que han sido destinados luego para locales comerciales. Uno de los cuatro derribos previstos para esta misma semana será uno de estos bajos, que lleva ya algún tiempo dividido en locales, uno de los cuales es un establecimiento de comestibles. El Ayuntamiento pretende que ni un sólo garaje se salve de ser otra cosa que aparcamiento para los vecinos del edificio en que se haya construido.

Mil doscientas denuncias pendientes

Es tan elevado el número de infracciones, que el departamento municipal de inspección de obras está rebasado. Todavía quedan 1.200 denuncias pendientes de inspeccionar. «El trabajo», comenta uno de los miembros de la comisión, «es inabarcable.» Los componentes de la comisión se han agrupado de dos en dos y cada grupo se encarga de informar lotes de expedientes y visita personalmente las presuntas infracciones denunciadas. En cada reunión se vienen examinando entre quince y veinte expedientes, por lo que sólo con las denuncias pendientes de inspeccionar hay para sesenta reuniones, sin contar que entre tanto irán llegando nuevas denuncias.La ciudad, entre tanto, contempla atónica cómo se van materializando las amenazas de derribo. Curiosamente, casi nadie se atreve a levantar la voz en contra de esta drástica actuación municipal. Tan sólo un representante de los promotores de obras se atrevió, hace unos días, a manifestar la abierta oposición de sus representados, en el transcurso de una mesa redonda en una emisora de radio local.

Por el contrario, las asociaciones de vecinos han enviado comunicados de apoyo a la Corporación municipal por su decisión a la hora de aplicar las prescripciones legales en materia urbanística. Incluso la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (APEC) ha expresado su apoyo a la iniciativa municipal.

No hay discusión, al respecto, entre el amplio abanico de grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Vigo. Por una vez, la izquierda y la derecha se han dado la mano sin necesidad de sinuosos prolegómenos para alcanzar un consenso.

Tirar la primera piedra

Los únicos momentos de vacilación se produjeron con ocasión del primer derribo. «Estábamos firmemente decididos a no retroceder», declaró a EL PAÍS Francisco García, «y aunque, posiblemente orquestado por el mismo propietario, hubo un movimiento de oposición pidiéndonos ampliación del plazo, nos mantuvimos firmes.» Cierto: algunas personas que se congregaron, al olor de la piqueta municipal, en torno al muro de la casa de la avenida de Samil llegaron a pretender introducirse en la vivienda para impedir el desalojo. No había nada que hacer, porque no se trataba de la única vivienda del afectado, sino de un refugio de verano de un conocido constructor de Vigo.Con cuidado, pocas horas después de presentarse la brigada de derribo, fueron sacándose del interior los muebles, lámparas, etcétera, y cayó hasta la última piedra. Y, por lo visto, seguirán cayendo, porque la Corporación municipal de Vigo ha decidido que cuando derriba es que derriba de verdad.