Los suplicatorios y otras cosas

CUANDO, HACE algunos meses, Gladys del Estal, una muchacha de origen venezolano que se sumó a la marcha antinuclear contra Lemóniz por razones estrictamente ecológicas, encontró absurdamente la muerte en Tudela, capital de la Ribera navarra, alguien situado en los antípodas del abertzalismo radical, pero dotado de un especial sentido del humor negro, hizo un chiste: «Parecería como si el Ministerio del Interior tuviera corno asesor de sus disparates al mismísimo Apala.» La carta que ha dirigido Juan María Bandrés al presidente de las Cortes podría hacer extensiva esa broma dolorida y amarga al señor Lavilla, a los medios de comunicación, que han crucificado, como en los viejos tiempos de la dictadura, al diputado de Exiskadiko Ezkerra, al diputado de UCD «intuidor» de las connivencias penales de esta coalición con ETA (p-m) y a las instancias que promueven el suplicatorio de Bandrés y el procesamiento de Onaindía.Solamente a quienes en el fondo de sus pasiones desean que los tanques enfilen los puertos de Echegárate y Barázar podría ocurrírseles la peregrina idea de que, la forma adecuada de acabar con el terrorismo en el País Vasco es acosar, hostigar y derribar de la legalidad a los dirigentes políticos de Euskádiko Ezkerra, que, vinculados sin duda en sus orígenes a ETA político-militar -ellos serían la rama política de una misma organización-, aportaron una contribución decisiva al voto afirmativo al Estatuto de Guernica y, aunque desgarrados por razones y emociones de signo opuesto, son depositarios de algunas de las claves que pueden permitir contemplar sin total desesperanza el futuro del País Vasco y de la democracia española. ¿De verdad creen los linchadores morales de Bandrés y los promotores del enjuiciamiento de Onaindía que éstos son autores, encubridores o cómplices del secuestro de Javier Rupérez? En una ocasión dijo Anatole France que la única diferencia entre un malvado y un estúpido es que aquél descansa a veces y éste no cesa nunca. La campaña contra Juan María Bandrés, con cuyos planteamientos políticos discrepamos abiertamente, por otro lado, hace pensar que la dirigen e instrumentan un número mayor de ineptos que de perversos.

El presidente del Congreso ha incurrido en todo este asunto en responsabilidades de omisión. Tiene razón el diputado Bandrés cuando protesta de la indefensión en que el presidente de la Cámara ha dejado a uno de sus miembros. Un parlamentario de la España democrática no es, aunque algunos se esfuercen en que lo parezca, un procurador de las Cortes franquistas. Representa de veras a los ciudadanos que lo han enviado a las Cortes para defender sus ideas y sus intereses. El Parlamento es la clave del arco de la democracia representativa y no la caja de resonancias del Gobierno; lejos de ser una prolongación de éste, es el ejecutivo quien emana, de la voluntad popular, representada en las Cortes. Por eso es preciso que éstas defiendan los derechos de sus miembros a la libre expresión de sus ideas y a la inmunidad de su fuero. Incluso si esas ideas son arbitrarias, alocadas e injustas. No existe el delito de opinión, no debe de existir, para un parlamentario. Este periódico se ha pronunciado repetidas veces, y seseguirá pronunciando, abiertamente con tra la ideología de los diputados abertzales, que amparan verbalmente el empleo de la violencia y la criminalidad de ETA. Pero en el caso de la concesión de suplicatorios contra diputados elegidos por cientos de miles de ciuda danos, entendemos que sólo pueden y deben producirse si estos representantes son acusados de delitos comunes, o de la comisión de actos de violencia o terrorismo. Nunca por sus opiniones, por detestables que sean. Y esto vale lo mismo para el señor Monzón que para el señor Piñar cuado pide en público la caída de la Monarquía y la instauración de una república.

Dicho todo lo que está dicho, la decisión de Bandrés de «abrir un paréntesis» en su actuación parlamentaria, permanecer en el País Vasco como abogado defensor y limitar su actuación en el Congreso a «elevar la voz o emitir el voto» cuando considere necesario hacerlo «en favor del pueblo vasco y de los trabajadores de todo el Estado español», creemos que es equivocada. La única forma de diferenciar su opción de la que defienden los diputados desertores de Herri Batasuna -verdaderos tránsfugas de la propia dignidad parlamentaria- es que siga «apostando con energía por la democratización política» desde su escaño y, de esta forma, marque claramente sus distancias respecto al señor Monzón, al señor Letamendía y a todos quienes creen que «apoyar el Estatuto de Guernica es hacer una política de consenso y de seguídismo de UCD» o que «debe aplaudirse sistemáticamente y sin sentido. crítico toda actuación de rechazo».

En definitiva, no son diferentes, no deben serlo, los esquemas de respeto al Parlamento que unos y otros deben guardar. El desprecíopor los propios diputados de la función de la dignidad parlamentaria -comenzando por la deserción de los de HB y terminando por las campañas orquestadas desde otros escaños- es una estocada segura en el corazón de la estabilidad de un régimen democrático. Ojalá que la votación de ayer no pueda ser recordada como un error político irremediable.