Movimientos electorales con vistas al primer Consejo General del Poder Judicial

Con la publicación de la ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial en el Boletín Oficialdel Estado de ayer, aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados con ligeras modificaciones introducidas por el Senado, se han iniciado, en el seno de la magistratura y de la judicatura españolas, movimientos con vistas a la formación de candidaturas para cubrir los doce puestos de vocales judiciales que han de integrar, junto a los ocho propuestos por el Congreso y el Senado, el primer Consejo General del Poder Judicial, que sustituirá al antiguo órgano de gobierno de la magistratura, representado por el Consejo Judicial.

Según el calendario establecido en la propia ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, el nuevo órgano de gobierno de la magistratura española deberá estar formado en un plazo máximo de tres meses, es decir, antes del 30 de abril próximo, ya que la citada ley entra en vigor el 1 de febrero. La ley da quince días de plazo para convocar la junta electoral. que ha de organizar y supervisar las elecciones para el Consejo General del Poder Judicial; un mes más, para convocar dichas elecciones, y un plazo máximo, de otros dos meses, para realizarlas. Los doce vocales judiciales del primer Consejo General procederán de las siguientes categorías: tres magistrados del Tribunal Supremo, cinco magistrados, un juez de primera instancia e instrucción, un magistrado de Trabajo y dos jueces de distrito.El sistema electoral será el mayoritario corregido, para permitir la representación de un sector minoritario. Las candidaturas, que deberán ser completas y abiertas, con posibilidad de combinar nombres, habrán de estar respaldadas por agrupaciones de electores que comprendan, al menos, el 10% de los electores o por una asociación profesional válidamente constituida.

Con vistas a estas elecciones se esbozan en el seno de la judicatura y magistratura españolas (los miembros del ministerio fiscal han quedado excluidos, por el momento, del asociacionismo judicial), diversas tendencias, que vienen a coincidir con la derecha, el centro y la izquierda del espectro político. Miembros representativos de estas tendencias han celebrado reuniones en las últimas semanas, entre las que destacan la celebrada en Sigüenza, los días 6, 7 y 8 de diciembre pasado, por las asociaciones de jueces y magistrados existentes de facto en diversas nacionalidades y regiones españolas y la realizada en Madrid por el sector más progresista de la magistratura, el pasado día 10 del actual.

La reunión de Sigüenza tuvo por objeto aprobar los estatutos de una futura asociación judicial de ámbito nacional, con la inclusión en su seno de las correspondientes secciones regionales, y debatir el procedimiento de formación de una candidatura para el primer Consejo General del Poder Judicial, en la que se tenga en cuenta también la representación de diversas zonas judiciales.

Mientras se gesta esta candidatura, el sector más progresista de la magistratura madrileña ha puesto en marcha una comisión gestora, elegida en su reunión del pasado día 10, en la que estuvieron presentes 31 jueces y magistrados, es decir, algo más del 10% del escalafón del territorio. La tarea encomendada a dicha comisión fue la de tantear las posibilidades de formar una candidatura propia o, caso de llegar a los correspondientes acuerdos, de apoyar o formar parte de otras candidaturas que se propongan. Estas últimas posibilidades se refieren fundamentalmente a la candidatura que propugnan los convocantes de la reunión de Sigüenza, cuya orientación todavía no aparece definida. Según sea su orientación, esta candidatura podría ser apoyada por el sector más derechista de la magistratura, que se mueve también para presentar su propia opción, o por el sector progresista, derivando entonces la candidatura mencionada hacia el centro-derecha o el centro-izquierda.