Protesta de libreros y profesionales de la cultura

En relación con el secuestro del Libro rojo del cole y el procesamiento de su editor, 115 libreros, distribuidores, editores, periodistas, artistas, escritores, profesionales de la cultura y representantes de partidos políticos denunciaron, tras una asamblea mantenida en la tarde de ayer, en una librería de Madrid, «la manipulación instrumentada con fines exclusivamente políticos del partido del Gobierno de que ha sido objeto el mencionado libro, que cuenta con todos los requisitos exigidos por la vigente legislación para s libre distribuición y que llevaba cuatro meses de difusión».Los asistentes, además de «exigir el levantamiento del secuestro y su circulación sin trabas y la inmediata revocación del procesamiento del editor, nombraron una comisión para el estudio de futuras medidas que se puedan adoptar en torno a este tema. Una de estas medidas será la de solicitar la dimisión del ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva, a quien previamente emplazan públicamente para debatir ante la opinión pública «una actuación que recuerda los procedimientos más sofisticados del fascismo».

Entre los asistentes al acto y firmantes de todas estas peticiones se encuentran Julio Vélez, escritor; Manuel Martínez Azaña, librero; Carlos Llorca, periodista; Juan Margallo, actor; Reyes Mate, sección de prensa del PSOE; Jesús Moya, comisión de cultura del PCE; José Luis Solas, profesor y librero; Nazario Aguado, político; Roberto Turégano, diseñador gráfico; Ezequiel Méndez, librero; Angel Escarpa, librero; Antonio Albarrán, editor; Cristina Vizcaíno, editora, y Carla Matteini, traductora.

Por su parte, la comisión constituida en torno al problema del editor Luis Martínez «con objeto de defender los valores culturales y de libertad de expresión vulnerados en esta ocasión» esta formada por diecisiete personas representativas de todas las tendencias que asistieron a la asamblea de ayer.

Además de como «una agresión a la libertad de expresión», los asistentes a esta reunión interpretan estos hechos como «una clara maniobra de desprestigio de ciertas personas e instituciones públicas».