Hacienda no ha pensado modificar la política fiscal del automóvil

El Ministerio de Hacienda no tiene previsto, al menos por el momento, ningún cambio con respecto a su política sobre el automóvil, pese a las presiones de los fabricantes a través de la ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones) y de Sernauto (organismo similar que agrupa a los fabricantes de recambios y componentes).En distintas ocasiones, sobre todo en estos últimos tiempos, los fabricantes se han dirigido al ministerio para intentar reducir o anular la legislación vigente sobre el impuesto de lujo que grava la adquisición de automóviles nuevos, suprimir ese impuesto en los vehículos usados -los fabricantes consideran un contrasentido que un coche pueda pagar dos veces el mismo impuesto-, lograr el pago fraccionado de este impuesto de lujo o conseguir que los compradores paguen una cantidad global al adquirir el coche y luego sean los propios fabricantes quienes embolsen a Hacienda la cuantía correspondiente al impuesto -de esta forma, al estar autorizado el pago aplazado hasta 36 meses, los compradores conseguirían aplazar también el pago del impuesto-. Todo ello como medidas para ayudar al sector a salir de la grave crisis por la que atraviesa.

Sin embargo, según ha podido saber EL PAIS, en Hacienda no existe por el momento ningún estudio para poder realizar esos cambios, que con insistencia piden los fabricantes. Cualquier decisión al respecto tendría que tomarse conjuntamente por todo el equipo económico del Gobierno, ya que la sitaación del sector no sólo afecta al Ministerio de Hacienda, sino también, y de manera más importante, a los de Comercio e Industria.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda tendría que hacer previamente una evaluación de las cantidades ingresadas a través de los impuestos directos y unas previsiones sobre los del próximo año antes de hacer cualquier tipo de inodificación que afecte a la recaudación total, operaciones que requieren bastante tiempo.

Por lo que se refiere a la reducción o anulación del impuesto, sólo la primera posibilidad podría contemplarse, al no estar capacitado jurídicamente el Ministerio de Hacienda para anular un impuesto aprobado en el Parlamento. Para la reducción -ya se ha hecho una temporal hasta final de año, aunque pequeña, para los vehículos de menos de diez caballos de potencia fiscal- sí existen argumentos jurídicos, pero en Hacienda se piensa que unas reducciones tan pequeñas como son las que podrían hacerse no tendrían un gran impacto para estimular las ventas, por la propia cuantía de la reducción.

Con respecto a los vehículos usados, por los que, en algunos casos, se tiene que pagar de nuevo el impuesto de lujo, Hacienda parece mostrarse más flexible de cara a su supresión, no sólo por la propia filosofía de este impuesto, sino por el problema burocrático que plantea la necesaria evaluación para cada caso concreto.

Sin embargo, comoquiera que se tiene que estudiar en el Parlamento el tema correspondiente a la Fiscalidad del automóvil -las vacaciones veraniegas han paralizado la actividad hasta septiembre-, habrá que esperar a que los representantes de los distintos partidos políticos con representación parlamentaria se manifiesten respecto a la modificación de la actual política fiscal.

Por otra parte, la posibilidad de que el impuesto de lujo que grava la adquisición de vehículos nuevos pueda ver su forma de pago aplazada o fraccionada a 36 meses -si los compradores abonan una cantidad global a los fabricantes y éstos, posteriormente, deducen de dicha cantidad la cuantía correspondiente a Hacienda- parece más lejana, al representar para el Ministerio de Hacienda una enorme complicación en su aparato burocrático.

Finalmente, el impuesto que grava las piezas de recambio sí que podría sufrir alguna modificación -ya lo tuvo poco tiempo después de implantarse, ante la enorme complejidad que acarreaba el pago del mismo y la posibilidad de que, merced a cierta picaresca, pudiera evitarse en muchas ocasiones este impuesto-. De cualquier forma, la lentitud en el aparato burocrático del Ministerio de Hacienda impide que cualquier tipo de reforma en este campo pueda ser introducido en breve plazo.