La lucha contra el paro y la política económica

La Prensa de estos días se ha hecho eco de la respuesta que dos representantes de la CEOE han ofrecido al análisis que Coyuntura Económica -revista mensual que edita la Confederación Española de Cajas de Ahorros- ha efectuado en su reciente número agosto-septiembre sobre las medidas urgentes para luchar contra el paro, aprobadas hace poco por la organización empresarial,Como director del departamento de estudios de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, que edita Coyuntura Económica, me puse, el mismo día 14 de este mes, en contacto telefónico con el profesor Fuentes Quintana y le expresé mi deseo de hacer constar públicamente de modo inmediato su nula responsabilidad en las tareas de dirección de nuestra revista. El señor Fuentes Quintana me pidió muy encarecidamente ser él quien respondiese primero a las críticas que contra su persona habían dirigido los representantes de la CEOE.

Ni que decir tiene que no voy a detenerme en responder a las amenazas ni a los deseos de tales representantes de la CEOE en «achatarrarnos» o -como alternativa más suave- «exportarnos», porque aspiro a convivir en una nación en que a nadie se le amenace con «achatarrarle» o «exportarle» por sus ideas, y lamentaría profundamente que expresiones de esta naturaleza pudieran interpretarse como el sentir auténtico de los empresarios españoles.

En un plano general, las discrepancias entre las medidas urgentes para luchar contra el paro aprobadas por la CEOE y la posición mantenida por Coyuntura Económica, se sitúan -a mi juicio- en la tesis que subyace y se manifiesta explícitamente en el programa aprobado por la organización empresarial.

La estructura productiva como problema

Como consecuencia de esta tesis, el programa aprobado por la CEOE señala en un plano más concreto la necesidad y urgencia de actuación, tanto pública como privada, respecto a una larga lista de sectores que denomina de impulsión: alimentación, vestido y calzado, transporte y comunicaciones, repoblación forestal, regadíos, conservación de tierras, programa energético, exportaciones, construcción, construcción naval, siderurgia y transformados metálicos y sector químico y farmacéutico, entre otros. Pero, sobre todo, el programa delimita las condiciones para la reanimación de la inversión privada, situándolas especialmente en torno a una política de mantenimiento del sistema de coeficientes de inversión obligatoria para las entidades financieras, de reducciones tributarias muy amplias y de creación de un clima favorable a la inversión privada en el ámbito general de la economía, de las relaciones laborales, de las relaciones mercantiles y de otras varias, cuya descripción extendería innecesariamente este obligado resumen.

Es evidente que cuanto pueda contribuir de modo efectivo a la creación de un clima favorable al empresario ha de ser propugnado no ya por las organizaciones empresariales, sino defendido también por quienes nos preocupamos de los problemas de la economía española, y no es en ese ámbito donde se hallan nuestras discrepancias con el referido programa. Por el contrario, éstas se sitúan básicamente en la filosofía central a que parece responder -la reactivación de la economía española como medio de la lucha contra el paro- y en algunos instrumentos de los que se propugnan en el ámbito financiero y fiscal.

Coyuntura Económica ha venido sosteniendo a lo largo de sus números más recientes que, si la economía española ha perdido su tradicional capacidad de crecimiento a partir de 1974 -y, consecuentemente, su capacidad de generar nuevos empleos-, ello se ha debido muy directamente a la conjugación de tres circunstancias distintas, aunque claramente relacionadas:

Primera. La existencia de un aparato productivo -consecuentemente, de una estructura de la producción- en el que se aplicaban, y todavía se aplican, tecnologías industriales y métodos de organización muy atrasados, con fuerte predominio de la utilización de mano de obra por unidad de producto, consecuencia tanto de los relativamente bajos niveles salariales como del marco ímperante de relaciones laborales, que dificultaba extraordinariamente la adaptación de las plantillas.

Segunda. El impacto de fuertes elevaciones en el coste del factor trabajo, consecuencia no sólo de intensísimas reivindicaciones salariales largamente contenidas y puestas en marcha en un momento especialmente difícil e inoportuno, sino también de unos criterios de financiación de costes sociales, a través de la Seguridad Social, que han encarecido sustancialmente la utilización de la mano de obra para los empresarios. Concretamente, entre 1973 y 1976, los salarios reales han crecido en España a una tasa media anual del 3,6%, la más alta de los países industriales de la OCDE, cuya tasa media anual correspondiente ha sido tan sólo del 1,99%, como señala el informe anual del Banco de España. Este encarecimiento relativo del trabajo está impulsando aceleradamente su sustitución en los procesos de producción, como demuestran las crecientes cifras de paro.

Tercera. El inevitable impacto final de los nuevos precios energéticos, a los que hubieron de añadirse, además, los efectos de los nuevos tipos de cambio generados por la insostenible situación de nuestra balanza de pagos. Este impacto se ha renovado recientemente con los efectos de la nueva crisis del petróleo, acaecida a finales de 1979 y durante los primeros meses del año actual.

Ante una situación como ladescrita, luchar contra el paro no resulta tarea fácil, porque todo crecimiento de la producción ha de conseguirse, además, con una mayor eficiencia en la utilización de los factores.

Y mayor eficiencia en la utilizacíón del capital y del trabajo supone conseguir mayores cantidades de producto por unidad empleada de cada uno de esos factores, aplicando técnicas más avanzadas. A nivel global, ello también supone reordenar la estructura de la producción, abandonando aquellos sectores o actividades en que esa mayor eficiencia no puede lograrse e impulsando aquellos otros en que puedan obtenerse ventajas comparativas mayores.

Un problema que de inmediato se plantea en la tarea descrita es el de decidir qué sectores o actividades deben subsistir o crecer y cuáles otros desaparecer o reducirse.

Sin duda, en esto existen, al menos, dos posibilidades distintas en su concepción y también en su eficacia. Cabe, en primer término, la posibilidad de planificar la economía, decidiéndose por la autoridad -o por mecánismos más complejos, con intervención de los interesados, tales como comisiones, ponencias, consejos o asambleas-; cuáles son los sectores que hay que impulsar y cuáles otros cerrar o abandonar a sus propias fuerzas. Recientemente, el profesor Tamames, en unos interesantes trabajos publicados en EL PAIS, ponía de manifiesto las ventajas de los sistemas de planificación desde su particular -y, desde luego, respetable- óptica política. En el trabajo que vengo comentando también se ofrece una lista de «sectores de impulso»; es decir, de sectores en los que deberían concentrarse el esfuerzo público y privado, como ya se ha indicado. Resta sólo por señalar a este respecto que del análisis de Coyuntura Económica se desprende que no todos los sectores seleccionados tienen efectos de importancia respecto al paro.

Pero frente a esta posible solución planificadora existe otra que, a quienes creemos «en la economía de mercado -incluso con las razonables limitaciones y necesarios mecanismos de compensación con que se viene practicando en el mundo occidental actualmente-, nos parece mucho más eficiente. Esta solución se compone de dos actuaciones de distinta naturaleza, pero dirigidas a la misma finalidad común de alcanzar una mayor eficiencia productiva.

La primera de estas actuaciones se orienta hacia el sector privado, y consiste en introducir en el mismo las mayores dosis de libertad posible, como único medio de que el sistema económico acabe seleccionando las empresas y actividades.más eficientes. La segunda de tales actuaciones se dirige hacia el sector público, y se concreta en una reestructuración de sus tareas, de modo que su ámbito de actuación se ciña al terreno que le es propio: la producción de bienes sociales, complementada con aquellas acciones que coadyuven eficazmente a la reconversión de los sectores en crisis o garanticen el abastecimiento de suministros vitales para el funcionamiento de nuestra economía.

Reestructuración frente a reactivación

Como puede observarse, las discrepancias que quienes redactamos Coyuntura Económica hemos expuesto frente al programa aprobado por la CEOE se inician en el plano de la concepción de la política más adecuada. Para las «medidas» aprobadas por la organización empresarial el problema de la economía española parece reducirse a reactivar la actividad productora, eligiendo unos sectores de impulso sobre los que volcar la actuación inmediata, reanimando así la inversión privada sobre la base de privilegios en la financiación y exenciones tributarias generosas. Para quienes redactamos Coyuntura Económica, el primer problema de nuestra economía, en suineludible y urgente lucha contra el paro, es el de alcanzar una mayor eficiencia en la estructura de su producción pública y privada, pues de nada valdría forzar sin más el ritmo de la producción nacional, mediante las conocidas técnicas de impulsión de la demanda. La «reactivación» asi conseguida sólo serviría para incrementar las existencias de producción sin salida o la acumulación de bienes de capital sin valor respecto a su capacidad de producción posterior.

Otras falsas alternativas: inflación y costes sociales

Desde luego, la alternativa analizada de reestructuración sectorial o reactivación indiscriminada no cierra el campo de posibilidades de la economía española. Quedan, al menos, otras dos disponibles y practicadas intensamente en los últimos años.

La primera de ellas es la de la inflación. Cuando una mayor eficiencia en la producción no es capaz de soportar los mayores niveles de coste, la solución en apariencia puede consistir en elevar los precios para recuperar el excedente. Sin embargo, en una economía en su conjunto esta aparente salida no acaba conduciendo sino al agravamiento de los problemas, porque mayores precios de los productos acarrean inevitablemente mayores exigencias de retribución por parte de los factores utilizados y -si la inflación interna supera a la de otros países- pérdidas progresivas del mercado exterior e interior ante la competencia extranjera.

La segunda de esas otras alternativas la constituye, sin duda, la tentación permanente de transformar en costes sociales lo que constituyen costes privados. En definitiva, en traspasar a la sociedad en su conjunto, o al Estado en concreto, parte de los costes privados de producción. Los ejemplos más claros de esta actitud los constituyen las continuas pretensiones de muchos sectores en orden, a disfrutar de un tratamiento fiscal discriminatorio o de circuitos de financiación fuera de los precios de mercado. En estas tentaciones también incurre el programa aprobado por la CEOE.

Política financiera: consolidación de privilegios

La lógica de la reactivación a ultranza en que se embarca el programa que vengo comentando exige de fuertes apoyos de todo orden a los sectores seleccionados, y entre esos apoyos no podía faltar tampoco el de los circuitos privilegiados de financiación.

Dejando aparte el hecho -no despreciable, desde luego- de que tales circuitos sólo parecen aplicarse hoy todavía en Grecia y España y que hace décadas que fueron desechados en los países de la CEE, si es que alguna vez llegaron a tenerlos, el programa comentado parece olvidar que toda financiación a precios inferiores a los de mercado la soporta alguien en concreto: los restantes usuarios del crédito -es decir, las empresas no privilegiadas, que han de soportar costes financieros más altos- o quienes depositan sus ahorros en las entidades financieras obligadas a mantener tales inversiones.

No por casualidad la reciente asamblea anual de cajas de ahorro puso en guardia a las empresas y a la sociedad española en general frente a las tremendas injusticias y fuertes insuficiencias que generaban tales circuitos privilegiados, presentados generalmente por sus beneficiarios como «algo que no paga-nadie». Pero, sobre todo, propuso públicamente a las autoridades económicas una solución razonable para garantizar plenamente la financiación empresarial indiscriminada a largo plazo, coincidiendo en esta propuesta con otras entidades financieras privadas, también afectadas por estos temas. Es de lamentar que el programa aprobado por la CEOE haya ignorado tan constructiva postura y se haya inclinado claramente por el obsoleto sisteriria de los coeficientes.

Política fiscal: ¿cuál será el déficit público?

El último punto de discrepancia con el programa aprobado por la CEOE es el relativo a algunas de las medidas que se propugnan de política fiscal. Entre ellas, sin duda, no se encuentran las relativas a la corrección de los perniciosos efectos de la inflación sobre las tarifas impositivas, medida que Coyuntura Económica ha pedido insistentemente en sus páginas.

Pero otras muchas de las propuestas en el mencionado programa es evidente que debilitarían peligrosamente la recaudación y agrandarían considerablemente el ya importante déficit del sector público, ante la enorme rigidez de los gastos actuales, aparte de lo sorprendente que resulta solicitar ayudas y subvenciones al tiempo que se pide la reducción de los tributos necesarios para financiar tales ayudas. Ante esta actitud, quienes redactamos Coyuntura Económica queremos subrayar que un mayor déficit público suele acabar resolviéndose en mayor inflación o en menores créditos para el sector privado. También aquí alguien acaba siempre pagando lo aparentemente gratuito.

La urgencia de la lucha contra el paro

Cuanto hasta aquí se ha comentado no ha pretendido más que exponer muy resumidamente -y sin ánimo, desde luego, de avivar una polémica- los criterios que han merecido para algunos representantes de la CEOE el duro juicio de pretender convertir en chatarra o exportar a quienes nos hemos atrevido a mantenerlos en aparente soledad. Soledad, desde luego, tan sólo aparente, porque los recientes informes de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional sobre nuestro país -que no pueden tacharse de «teóricos», sin duda- apoyan con sus recomendaciones nuestros planteamientos, señaladamente el de la urgencia de reestructurar la producción y el de finalizar la liberalización del sistema financiero, eliminando -y no aumentando, como pretende el programa objeto del este comentario- los circuitos privilegiados de financiación.

El programa que en su día aprobó la CEOE no parece bueno en su conjunto, porque no responde razonablemente a los problemas de fondo que hoy tiene la economía española. Y esto hay que decirlo aunque se enfaden y amenacen con hacernos chatarra o exportarnos algunos representantes de los empresarios.

En todo caso, descartadas tan desagradables alusiones personales, bueno sería que, como resultado de este peculiar intercambio de opiniones, quedase fuera de dudas que nuestra situación económica exige de la mayor atención de los políticos durante los próximos meses. El grave problema del paro y las vacilaciones de una economía que no acaba de encontrar el camino de sus innegables posibilidades potenciales de crecimiento así lo demandan.